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INVESTIGATION

Porcell still silent on accusations from Brazil

Brazil has sought information about a corruption probe.

El cuestionario ignorado

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Questions about the lack of cooperation of Panama in the investigation of the Lava Jato corruption scandal in Brazil continue.

Lawyer Carlos Barsallo said Tuesday that international cooperation is a fundamental element in the fight against international financial crimes and corruption.

"We should cooperate when it is requested and ask for cooperation when it is necessary," he said. "Existing laws or procedures that work against those principles must be revised."

Carlos Lee, of the Alianza Ciudadana Pro Justicia, said that Attorney General Kenia Porcell must make a formal statement clarifying the position of the Public Ministry (MP) about the claims submitted by Brazil.

"The argument has been that the request was too general. However, the reaction of Brazil reflects very poorly on the country due to the silence of the Public Ministry," he said. "There are cooperation agreements that oblige the country to be diligent in their response."

Porcell has still not rsponded to questions about this situation.

 Panamá ignoró casi todo el cuestionario de los fiscales brasileños. Solo atendió uno de forma parcial sobre cuentas bancarias de una sociedad vinculada a Constructora Norberto Odebrecht, el mayor contratista del Estado panameño. Expandir Imagen
Panamá ignoró casi todo el cuestionario de los fiscales brasileños. Solo atendió uno de forma parcial sobre cuentas bancarias de una sociedad vinculada a Constructora Norberto Odebrecht, el mayor contratista del Estado panameño.

President Juan Carlos Varela Tuesday, in a speech before the United Nations, said that Panama "is committed to be responsible citizens of the world."

He also said that Panama "will assume the obligations arising from international law and are willing to cooperate as strategic allies and regional partners in trade and security."

El cuestionario ignorado

El cuestionario enviado a la Procuraduría fue de cinco preguntas, que tienen como base la legislación local.

¿Cuál fue el criterio usado para determinar las fechas en las cuales el fiscal de Panamá determinó que se había cometido el delito?

Esta pregunta se hizo porque el fiscal panameño que respondió la solicitud de información que Brasil hizo sobre una cuenta bancaria envió movimientos bancarios correspondientes únicamente a tres meses, cuando sus colegas de Brasil habían pedido el historial de, al menos, cinco años. No hay fundamento jurídico para limitar a tres meses la información solicitada. Si se toma como hipótesis el periodo de prescripción de la acción penal por los probables
delitos que pudieran surgir de la evidencia, el artículo 116 del Código Procesal Penal establecía seis años como término de prescripción. Es decir, Panamá podía
compartir la información solicitada.

Si se determinó que en esas fechas se cometió un delito ¿han iniciado la investigación correspondiente? De no haberlo hecho, ¿por qué?

De acuerdo con la legislación local, las únicas razones posibles para que el Ministerio Público de Panamá niegue la información solicitada por los fiscales brasileños en una investigación por la comisión de un delito en Brasil, son las siguientes: la conducta perseguida no es considerada un delito en Panamá, según lo enuncia el artículo 1, numeral 4 de la Ley 5 de 2008; y la segunda es cuando el delito se considere como algún tipo de persecución política, cultural o religiosa, de acuerdo con lo que establece el artículo 2 de la Ley 5 de 2008. Y ninguno de estos dos supuestos se cumplen en la solicitud de Brasil.

¿Por qué consideran que se trata de un ‘fishing expedition’, si es la información sobre un sujeto que ya confesó haber cometido estos delitos y que además ya confesó el origen de los fondos? Además, la solicitud es específica en cuanto a números de cuentas y periodos.

Fishing expedition es un término anglosajón para referirse a aquella situación en la que se realiza una acción para buscar pruebas sin tener certeza de la existencia de estas. Pero los fiscales brasileños subrayaron en la justificación de la solicitud a Panamá que el beneficiario de la cuenta confesó el carácter ilegal de los fondos (coimas), por lo que la identificación de los destinatarios de los pagos sirve para confirmar hechos consumados que constituyen los distintos delitos. El requerimiento de cooperación es suficientemente específico y concreto, una cuenta bancaria cuyos desembolsos relevantes ocurrieron en un periodo de cinco años. Esta solicitud no tiene las características de un fishing expedition. Según el artículo 24 de la Ley 5 de 2008, Panamá debería compartir, de oficio, toda la información disponible que le pueda ser relevante a las autoridades brasileñas, incluso sin una solicitud de cooperación.

¿Por qué no respondieron con urgencia, tal como se solicitó por estar personas detenidas?

Esta pregunta se hizo porque, según el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 5 de 2008, la parte requerida –es decir, Panamá– debe aplicar el mayor esfuerzo posible en contestar con la mayor rapidez el requerimiento de información de la contraparte (Brasil). Se desprende de esta norma, que si Panamá conocía que había personas detenidas a la espera de las pruebas, su actuación debía ser sumarísima y no haber tardado casi seis meses en responder la solicitud.

¿Por qué solo involucraron a la UAF [Unidad de Análisis Financiero] y no se involucró a los bancos?

De acuerdo con el artículo 277 de la Ley 63 de 2008, el Ministerio Público puede contactar directamente a los bancos, el cual señaló lo siguiente: Colaboración con el Ministerio Público. Fuera de los supuestos que requieran la autorización del Juez, el Ministerio Público, atendiendo a la urgencia y fines del proceso, podrá requerir información a cualquier servidor público, quien está obligado a suministrarla y a colaborar con la investigación, según su competencia. También podrá solicitar información en poder de personas naturales o jurídicas. Además, es importante recordar que el Ministerio Público, en el caso de riego de Tonosí, obtuvo toda la información bancaria de la empresa involucrada, y todo aquel que pudo demostrar transacciones de buena fe no tuvo problema alguno ni con la justicia ni con su presunción de inocencia.

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