LAS SECUELAS DE LA LEY 72 QUE PERMITÍA LA VENTA DE LAS TIERRAS DE LA ZLC

´El ministro se paró y se fue´

Se desconoce cuál será el futuro del diálogo. Fábrega dijo que no se desarrollará más en el hotel Meliá.

CAMBIOS. Jorge R. Fábrega, ministro de Gobierno y coordinador del diálogo, dijo que las cosas concretas se discutirán en las oficinas de las entidades. LA PRENSA/Archivo CAMBIOS. Jorge R. Fábrega, ministro de Gobierno y coordinador del diálogo, dijo que las cosas concretas se discutirán en las oficinas de las entidades. LA PRENSA/Archivo
CAMBIOS. Jorge R. Fábrega, ministro de Gobierno y coordinador del diálogo, dijo que las cosas concretas se discutirán en las oficinas de las entidades. LA PRENSA/Archivo

El diálogo por Colón se suspendió ayer, por segunda ocasión, luego de que los empresarios colonenses Walid Sayed y Gassam Salama pidieran cortesía de sala para denunciar que son víctimas de persecución por parte del Gobierno, que usa como instrumento a la Dirección General de Ingresos (DGI), entre otras instituciones, para auditar a sus empresas.

Edgardo Voitier, dirigente del Frente Amplio por Colón (FAC), contó que el ministro de Gobierno y coordinador del diálogo, Jorge Ricardo Fábrega, no accedió a la petición de Sayed y Salama, y prefirió abandonar la mesa de conversaciones.

“El ministro se paró y se fue. Eso fue una falta de respeto. Si fuese que la mesa dijera que va a haber o no cortesía, entonces está bien. Pero la mesa no es solo el Gobierno; pareciera que nosotros fuéramos subordinados de ellos, y no es correcto”, manifestó Voitier.

“No parece haber tolerancia y actitud democrática del Gobierno para ver los asuntos de Colón”, indicó.

Agregó que espera que el diálogo se reinicie mañana miércoles y que el Gobierno no tome el acto de ayer como una excusa y dé por cerrada la mesa de conversaciones “porque entonces nos verá en las calles”, advirtió Votier.

Por su parte, Fábrega dijo a este diario que el FAC está dividido y sin coordinación.

“No adelantamos nada porque a lo interno del frente se tienen que poner de acuerdo para ver quiénes son sus representantes en estas negociaciones”, señaló.

Fábrega reconoció que el punto de fricción en la suspensión del diálogo fue cuando apareció, lo que el describió como un grupo de personas, que no tenían que ver con el diálogo.

“Yo les dije, bueno...que cuando ellos estén listos me avisan y regreso, pero no puedo seguir perdiendo el tiempo ahí”, afirmó.

OTRO RUMBO

A raíz del episodio de ayer, el diálogo, que hasta el momento no se sabe cuándo se retomará, tendrá otro ritmo. Al menos eso fue lo que explicó el ministro de Gobierno.

“Ya no vamos a seguir sesionando más ahí (hotel Meliá Panamá Canal); ya la etapa que había que agotar, se agotó; no vamos a seguir en ese escenario”, aseguró.

“Las cosas concretas que ellos quieran saber, tendremos que discutirlas en las oficinas públicas, y así analizar los temas. Si es del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que se reúnan en la entidad, como debe ser”, manifestó.

En tanto, el obispo de Colón y Gunayala y facilitador del diálogo, Audilio Aguilar, reconoció que el FAC “tiene cierta dificultad” para hacer la lista de los participantes en el diálogo.

“Prácticamente pasamos la mañana en ese trabajo y todavía en la tarde continuó, pero al final se logró consensuar la lista. Había algunas personas que no formaban parte del diálogo, y se suspendió porque se retiraron los miembros de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Usuarios y del Gobierno”, explicó Aguilar. El religioso precisó que se reunirá con los dos grupos para que el diálogo siga prosperando por el bien común de Colón.

El diálogo por Colón, que pretende establecer una hoja de ruta para promover el desarrollo de esa provincia del país, luego del conflicto que generó la Ley 72 que permitía la venta de los terrenos de la zona franca, empezó formalmente el pasado 7 de noviembre (ver tabla).

LOS COSTOS

Otro de los puntos que salió a relucir ayer fue el gasto que hace la Zona Libre de Colón (ZLC) en la logística. Una funcionaria de protocolo de la ZLC contó que, cada vez que se reúnen en el hotel Meliá, se gastan entre $3 mil y $5 mil en el uso del salón y las comidas, entre otros aspectos.

Se estima que hasta la fecha, la ZLC ha gastado unos $20 mil. Este hecho fue minimizado por Voitier.

“No deben medirse los gastos de ninguna manera, porque así como el Gobierno gastó miles de dólares en publicidad para dar a conocer las bondades de la [derogada] Ley 72 con la venta de las tierras de Zona Libre, debe dar importancia al trabajo que se está realizando”, argumentó.

Sobre este tema, el ministro Fábrega dijo que le compete al gerente de la ZLC, Leopoldo Benedetti.

LAS DENUNCIAS

Por su parte, Wallid Sayed, uno de los protagonistas del incidente que ocasionó la suspensión de la sesión, contó a este diario que el pasado 14 de noviembre, la DGI, a cargo de Luis Cucalón, mediante una carta le notificó sobre una auditoría a su compañía.

El empresario Gazan Salaman dijo que también fue notificado de un proceso similar.

Afirmó que antes de que se generara la polémica, conversó con el ministro Fábrega; con el viceministro de Finanzas, Omar Castillo, y con el gerente de la ZLC, Leopoldo Benedetti quienes le dijeron que hablarían de su situación con Cucalón o con el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

“Me dijeron que regresara en la tarde y así lo hicimos para pedir cortesía de sala. Luego el ministro de Gobierno dijo que nosotros no aparecíamos en la lista y que teníamos que salir del lugar, lo que provocó el rechazo de las organizaciones allí presentes”, expresó. “Esto es una persecución y lo que buscan es afectar la producción de nuestras empresas que se encuentran en una temporada alta de trabajo”, agregó.

Recientemente el presidente de la República, Ricardo Martinelli, en una entrevista en TVN, responsabilizó a Sayed de estar detrás de los disturbios que se dieron en Colón, en rechazo a la ahora derogada Ley 72.

“Hay un señor palestino, abogado (esto lo sabemos por cuestiones de inteligencia) que está financiando. Un señor que tiene problemas muy serios con toda la comunidad empresarial en Colón”, dijo el mandatario.

EN EL MINISTERIO público

En tanto, el Ministerio Público (MP) informó ayer que, en los próximos días, peritos forenses revisarán varios videos de diferentes cámaras que grabaron a personas cuando vandalizaban instalaciones de esa entidad y locales comerciales durante los disturbios y saqueos ocurridos el pasado 26 de octubre en la capital, en medio de las protestas contra la Ley 72 de 2012.

Las fuentes detallaron que una de las cámaras, ubicada cerca al MP, filmó a una persona que parece ser un obrero de la construcción cuando lanzaba piedras a los vidrios de las fiscalías ubicadas cerca a la iglesia de Don Bosco.

Las fiscalías primera, segunda, cuarta, sexta, decimotercera y decimoquinta de circuito abrieron expedientes por los daños ocasionados en los disturbios a edificios de la Procuraduría de la Administración, Gobernación de Panamá, la sucursal del Banco Nacional de Panamá en avenida Perú, el Tribunal Electoral, el MP, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

(Con información de Elio Núñez y Eduardo Mendoza)

Suntracs rechaza exigencia del SIP

“Nosotros rechazamos el planteamiento del SIP (Sindicato de Industriales de Panamá) y nos vamos a oponer con mucha fuerza ante cualquier intento de detener el derecho a la huelga y manifestaciones de los trabajadores”. De esta manera reaccionó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, a la solicitud del SIP de que se le exija a este sindicato una fianza de responsabilidad civil que cubra los daños que se les inflija a terceros durante manifestaciones.

Según López, los saqueos que se registraron durante las manifestaciones contra la derogada Ley 72 que permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón “es un plan que el gobierno llevó a cabo para desprestigiar la acción de huelga de los trabajadores, porque no había policía en el área donde se dieron los saqueos.

Ellos tenían esto programado para abrir expedientes contra los trabajadores y dirigentes del Suntracs”, afirmó. López aseguró que el Suntracs ha realizado muchas manifestaciones y huelgas, y nunca ha habido saqueo y “el pueblo panameño es testigo de eso”. Manifestó que el Suntracs siempre ha cumplido con los procedimientos que establece la ley para realizar manifestaciones. “Nosotros vamos a defender las manifestaciones, porque es el arma que tenemos para defendernos de los gobiernos y los patronos que abusan de la población.

Este planteamiento busca coartar la libertad (de protesta) de los trabajadores para que el gobierno siga imponiendo medidas que afectan a toda la población y ellos [el SIP] son parte del gobierno, porque son los patronos”, puntualizó López. Agregó que el SIP lo que debe es exigir justicia para los trabajadores muertos. Aida Michelle de Maduro, presidenta del SIP, manifestó que “no es nada contra los sindicatos ni contra el Suntracs, es simplemente que cada quien tiene que ser responsable de sus actos”.

Isidro Rodríguez

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