declaración jurada de bienes

Camino a la transparencia

El presidente de la Asamblea, Adolfo Valde-rrama, y el alcalde José Blandón distribuyen a los medios su declaración de bienes patrimoniales.

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José Blandón aseguró: ‘fui el proponente de la Ley 59 de 1999. La intención de la misma es que la norma constitucional se cumpla’. LA PRENSA/Roberto Cisneros. José Blandón aseguró: ‘fui el proponente de la Ley 59 de 1999. La intención de la misma es que la norma constitucional se cumpla’. LA PRENSA/Roberto Cisneros.
José Blandón aseguró: ‘fui el proponente de la Ley 59 de 1999. La intención de la misma es que la norma constitucional se cumpla’. LA PRENSA/Roberto Cisneros.

El presidente de la República Juan Carlos Varela autorizó a cualquier ciudadano a solicitar copia de su declaración de bienes patrimoniales, documento que presentó ayer ante la Notaría Novena de Circuito de Panamá.

“Es la escritura pública 4212, fechada hoy 15 de julio [ayer]... así que el que quiere tener acceso a ella solamente la solicita, porque ese es el camino. Ya fue presentada, cumpliendo con la ley”, sostuvo.

Ante la pregunta de si la divulgaría a través de internet, respondió: “Yo llego hasta allí. Estoy diciendo que es un documento público (...) Así que por mi parte autorizo el acceso”, añadió.

Sobre si los miembros de su equipo de trabajo lo imitarían, dijo que todos los funcionarios debieron de haber presentado su declaración de bienes patrimoniales. “Ellos tienen que cumplir con la ley”, agregó el mandatario a la salida del Consejo de Gabinete que se realizó ayer en Burunga, Arraiján.

PATRIMONIO DE VALDERRAMA

Acto seguido entregó copia simple de su declaración jurada a los presentes e informó que a partir de mañana 17 de julio, la misma estará disponible en la página web de la Asamblea. “Por una semana básicamente, para que todo aquel panameño que quiera verla, pueda revisarla”, concretó.

Valderrama reveló en un documento de tres páginas, que en 2012 percibió ingresos por $84 mil 399; en 2013, por $84 mil 399, y que tiene una finca con un valor catastral de $366 mil 364.

También dijo que es dueño de tres vehículos, de una cuenta corriente en el Banco General, y que tiene cuentas por pagar en cuatro bancos.

Al ser cuestionado sobre si sentía temor de ser víctima de la delincuencia, como han indicado algunos ministros para justificar su negativa a hacer de conocimiento público su declaración de bienes, indicó que no ve “esta sociedad hasta esos extremos”. No obstante, reconoció que aunque respeta a los funcionarios que argumentan la tesis de la seguridad, él obedece la voluntad popular. “Eso es parte de la vida pública, si queremos servir al país esto es parte de ese esquema”, subrayó.

Al referirse a la Ley 59 de 1999, que regula el tema de las declaraciones y la corrupción administrativa, Valderrama manifestó que “la ley es importante, pero los actos son los que hablan” indicando que existía la posibilidad de que se diera un debate sobre un proyecto de ley de reforma, en el sentido de hacer obligatoria la publicidad de las declaraciones patrimoniales, aunque despierte controversias.

Poco antes de la acción de Valderrama, el diputado perredista Alfredo Fello Pérez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, compareció a la Notaría Décima de Circuito de Panamá a suscribir su declaración jurada de bienes patrimoniales. Al ser consultado sobre si daría publicidad al documento, indicó que “el que no la debe, no la teme”.

Aseguró ser un hombre transparente.

También manifestó que autoriza a las autoridades a que entreguen copia del documento a “cualquier periodista, a cualquier ciudadano que le interese saber sobre ella”.

FUNCIÓN NOTARIAL

Este medio preguntó al notario décimo de circuito, Ricardo Landero, si en su despacho se podía obtener copia de las declaraciones juradas de los funcionarios que así lo hicieron en los últimos 10 días.

La solicitud se hizo invocando la publicidad de los protocolos de las escrituras públicas, tal como lo ordena el Código Civil.

Landero indicó que remitiría a quien lo pidiera a la Contraloría, ya que el tema de las declaraciones patrimoniales de funcionarios de cierto rango, a su juicio, forman parte de un régimen especial. Lo explica así: “para efectos notariales, pese a que físicamente el protocolo de la declaración reposa en la notaría (...) quien custodia la información es la Contraloría”.

Pese a que informó que ha recibido declaraciones de funcionarios entrantes y salientes, el notario manifestó que prefiere “guardar las reservas del caso”.

EL ALCALDE

Mientras que el alcalde capitalino José Isabel Blandón, uno de los gestores de la Ley 59 de 1999, que dicta disposiciones contra la corrupción administrativa, comunicó que también hizo lo propio en horas de la tarde.

En la escritura 19 mil 423 que envió a los medios, reveló que en 2012 obtuvo ingresos por $90 mil producto de su labor como diputado de la Asamblea Nacional. Mientras que por ejercer la abogacía en la firma forense Blandón & Young, ganó $42 mil. En 2013 declaró haber recibido $90 mil por su ejercicio como diputado, y otros $42 mil de Blandón & Young.

Igualmente reportó una finca en la provincia de Panamá, corregimiento de Betania, en la que actualmente habita, y dijo tener otra en dicho corregimiento, sobre la que pesa una hipoteca valorada en $230 mil. Tiene un carro Toyota Land Cruiser Prado, que adquirió en 2009, el cual mantiene una hipoteca, y cuentas por pagar en varios bancos.

“Fui el proponente de la Ley 59 de 1999. La intención de la misma es que la norma constitucional se cumpla y que fuera de acceso público”, manifestó el panameñista a través de su cuenta de Twitter.

“Habrá mil excusas para no hacerlas públicas. Prefiero sufrir las consecuencias de ser consecuente a contradecir mi postura de siempre”, agregó.

DE LA PASADA ADMINISTRACIÓN

A la Notaría Décima también acudieron a presentar su declaración de bienes patrimoniales, la exministra de Educación Lucy Molinar, y José Herrera Kivers, exviceministro de esa cartera.

A pesar de que diferentes sectores de la sociedad pedían que el expresidente Ricardo Martinelli también hiciera pública su declaración de bienes, de este no se supo nada.

La Contralora, el último fantasma de Martinelli

El paradero de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, es un misterio. Varios funcionarios de esta institución aseguran que está de vacaciones, otros dicen que no se ha movido de su despacho; tampoco asiste a los consejos de Gabinete, y el presidente de la República, Juan Carlos Varela, reconoce que ha escuchado rumores sobre una supuesta renuncia de la funcionaria.

El mandatario evita afirmar algo sobre el futuro de la Contralora, designada por el expresidente Ricardo Martinelli y cuya gestión finaliza el próximo 31 de diciembre, y se limita a decir que “ese es trabajo de la Asamblea Nacional”.

Lo que sí declaró Varela es la falta de confianza que le tiene a Torres de Bianchini ante sus refrendos. “No tienen sentido y atentan contra la transparencia. No me siento cómodo con ella”, dijo ayer durante el Consejo de Gabinete. Pese a que es el segundo día consecutivo que Varela habla de esta funcionaria, ella no aparece. Ni siquiera en el Gabinete, al que, de acuerdo con la Ley 32 de 1984, Torres de Bianchini tiene la obligación de asistir. Tampoco recibió a nadie ayer, cuando varias autoridades de este gobierno acudieron a la institución que ella dirige para presentar su declaración de bienes en el último día que les permite la ley. Desde temprano en la mañana, varios miembros del Gabinete aparecieron en la avenida Balboa. Álvaro Alemán, titular de la Presidencia, salió de la Contraloría a eso de las 10:00 a.m. Iba con paso apurado y sin escoltas. Dos minutos después de su salida apareció el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha. También acudió el presidente del Legislativo, Adolfo Valderrama, quien reveló que desconoce si la Contralora se mantiene en el cargo. “Me atendió el subcontralor”, dijo. Varios funcionarios de esta institución aseguraron a este diario que tenían entendido que la funcionaria estaba de vacaciones desde principios de julio y durante los próximos tres meses. Sin embargo, Juana de Alcázar, directora de Comunicación, dijo que Torres de Bianchini estaba en su oficina. La mayoría de las autoridades del gobierno, no obstante, prefirió enviar a uno de sus funcionarios a cumplirle el trámite de la declaración patrimonial.

En el transcurso de la tarde apareció personal del Ministerio de Salud, de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, de la Asamblea Nacional, de la Cancillería, y otras instituciones. La fecha también aplicó para los funcionarios salientes, de los que apareció el exviceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Darío Falcón.

LUIS BURÓN-BARAHONA

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