SESIONES EXTRAORDINARIAS EN LA ASAMBLEA

Proyecto que crea el fondo soberano desata polémica

La Comisión de Economía y Finanzas aprobó ayer sesión permanente para continuar con el debate del Fondo de Ahorro Panamá.

Con la ausencia de gremios empresariales, organizaciones sindicales, economistas y contadores, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional empezó ayer la discusión, en primer debate, del proyecto que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), conocido como fondo soberano.

Diputados oficialistas y de oposición que integran la comisión discutieron por casi cinco horas la propuesta presentada el lunes por el titular de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, que estuvo presente junto con su viceministro de Finanzas, Mahesh Khemlani, y un grupo de asesores.

En medio de los cuestionamientos de las bancadas de oposición, el presidente de la comisión, Ricardo Valencia, decretó un receso hasta hoy, a las 11:00 a.m., para continuar con el debate. Pero, media hora antes, los comisionados habían aprobado una sesión permanente para concluir con la aprobación de la iniciativa.

VENTA DE ACCIONES

Al inicio de la sesión, al mediodía, diputados de los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático criticaron al ministro De Lima por no incluir en el Fondo el dinero que generaría la potencial venta de acciones que mantiene el Gobierno en empresas como la telefónica Cable & Wireless.

José Luis Varela, diputado panameñista, sostuvo que no está establecido en el proyecto si los fondos por la venta de esas acciones formarían parte del patrimonio del FAP.

De inmediato, De Lima admitió que es cierto que no se ha establecido en el proyecto esa posibilidad.

“Los dividendos de estas empresas los recibe el gobierno central. El Fondo Fiduciario no es dueño de estas acciones”, dijo De Lima.

Como ejemplo, citó la licitación de la banda de celulares en la administración de Martín Torrijos, que obtuvieron Digicel y Claro. “Son antecedentes que tenemos, donde los dividendos fueron al gobierno central”, añadió.

Por su parte, el diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas cree que la exclusión de estos dividendos en el fondo genera suspicacias.

A su juicio, si no se incorpora el producto de la venta de las acciones al Fondo Soberano, el dinero irá directo al fondo común del Estado, por lo que el Gobierno podrá utilizarlo en su totalidad en un año fiscal.

“Estamos hablando de arriba de 800 millones o 900 millones de dólares”, aseguró.

En la sesión también intervino el diputado panameñista Miguel Salas, quien se quejó, al igual que su colega del Partido Revolucionario Democrático Rubén de León, de que no lo habían convocado de manera formal a la reunión. Incluso, denunció que tampoco se invitó a diversos sectores del país.

De hecho, el proyecto de ley establece la formación de una comisión supervisora que estaría integrada por el Consejo Ecuménico de Panamá, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, y el Colegio de Economistas de Panamá. Ninguno de estos gremios estaba presente ayer en la discusión del proyecto.

A TAMBOR BATIENTE

Presionado por los diputados de oposición para que explicara el porqué de la premura del Gobierno para aprobar el proyecto, el viceministro Mahesh Khemlani respondió que “no hay otro momento en que un gobierno vaya a aprobar esto”.

Dijo que con el país frente a un año de política electoral y contando con un futuro aumento de los ingresos del Canal de Panamá, posterior a su expansión, se hace urgente la aprobación.

La iniciativa reduce los ingresos que recibiría el Tesoro Nacional, producto de los réditos del Canal después de 2015, y los destina a ser ahorrados en el FAP.

Para algunos diputados de oposición, una preocupación importante es el nombramiento de los miembros (siete) de la junta directiva del fondo.

De la forma en que está estructurado en el proyecto, los nombramientos hechos por el gobierno de Ricardo Martinelli contarían con una mayoría en esta entidad durante un tiempo prolongado, dijeron.

También mostraron intranquilidad por los nuevos límites del déficit estatal.

La inquietud radica en que para este gobierno, la reducción de los límites es relativamente ligera, hasta el 2.7%, mientras que para las próximas administraciones, baja sustancialmente su capacidad de gasto, mediante un déficit de hasta un 1% en 2017, por lo cual se le da una discreción de gasto más amplia a la gestión de Ricardo Martinelli, que a su sucesor.

Ante esto, los representantes del MEF respondieron que esta caída súbita en el límite del déficit ocurre cuando se comienzan a contabilizar los aportes del Canal ampliado, por lo cual, porcentualmente, hay una mayor flexibilidad de inversión estatal, aunque caiga de forma importante el límite nominal del déficit estructural.

El MEF también prevé una reducción constante en la relación de la deuda al producto interno bruto (PIB). En términos absolutos, se estima que la deuda nacional aumentará de 13 mil 891 millones de dólares para 2012, a 15 mil 342 millones de dólares en el año 2013.

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