Reconocen labor de activistas en defensa de los derechos humanos

La organización Alianza Ciudadana Pro Justicia reconoció la labor que en este sentido han realizado 20 personalidades panameñas entre ellas a la cacica de la comarca Ngäbe, Buglé, Silvia Carrera, destacada por la defensa de los derechos de
La Organización de las Naciones Unidas ha decidido dedicar el día este año al derecho de todas las personas sin discriminación a hacer oír su voz en la vida pública.

En conmemoración este 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización Alianza Ciudadana Pro Justicia reconoció la labor que en este sentido han realizado 20 personalidades panameñas.

Entre las personas a las que se les reconoció su esfuerzo se encuentran la cacica de la comarca  Ngäbe, Buglé, Silvia Carrera, destacada por la defensa de los derechos de ese pueblo indígena; también el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Rafael Candanedo fue reconocido por su defensa de la libertad de expresión.

Maribel Jaén fue reconocida por su defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos; Patricia Pinzón por su defensa del Casco Antiguo como patrimonio de la humanidad; Pierre Blandón  por su defensa de los derechos de los jóvenes en riesgo social y de los  privados de libertad de Colón.

De igual forma fue reconocido Gabriel Pascual por su defensa de los derechos de las personas afectadas por el envenenamiento masivo en la Caja de Seguro Social y Fanny Wong por su defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La Organización de las Naciones Unidas ha decidido dedicar el día este año al derecho de todas las personas sin discriminación a hacer oír su voz en la vida pública y a ser incluidos en el proceso de adopción de decisiones políticas.

La fecha recuerda que el 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal que codificó los derechos que toda persona tiene, solo por el hecho de serlo, sin distinción de sexo, edad, grupo étnico, posición social u otras.

‘HAY ABUSOS POLICIAL Y MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD'

Un informe preparado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, sobre los Derechos Humanos, revela que el país ha avanzado muy poco en esa materia.

El documento, que en esta ocasión se enfoca sobre la situación de los defensores de derechos humanos, destaca que en los últimos años se ha “notado un incremento en la hostilidad” hacia esta figura, así como a las organizaciones.

Esa hostilidad viene “mediante un discurso público adverso por parte de las autoridades políticas a través de los medios de comunicación, incluyendo campañas de odios, descredito, descalificación y el uso de motivos discriminatorios”.

De acuerdo con los resultados del informe, los activistas de derechos humanos prefieren no utilizar el sistema judicial para la denuncia y resolución de conflictos. “Prefieren las acciones de movilización social en defensa de los derechos humanos”, señala.

El documento también resalta que, de acuerdo con los entrevistados para hacer el informe, la labor de la Defensoría del Pueblo es “deficiente”.

Sobre los actores “políticos”, indica que con el Gobierno la “relación es por lo general de confrontación en cuanto afecta los planes de la administración”.

Y en oposición, los derechos humanos son utilizados como “elementos” del discurso para lograr atención mediática y réditos electorales.

Entre las amenazas al derecho a defender los derechos humanos se menciona que “hay abuso policial y militarización de las seguridad”. Por ejemplo, contra el derecho de reunión y manifestación, “evidenciado en los episodios de Changuinola, San Félix, Colón, el control policial de la vida en Darién”.

También denuncia casos de acoso judicial, así como la expulsión “arbitraria” del país a un defensor y activista de una organización internacional –Paco Gómez Nadal-.

Destaca, entre otros aspectos, el deterioro de la libertad de expresión por la falta de acceso a la información pública y restricción de fuentes; la criminalización de la protesta mediante la Ley No. 14 de 2010 que impone sanciones penales; impunidad de la fuerza pública; la ausencia de consulta y participación y la falta de garantías judiciales. Además, no existen medidas de protección específicas para defensores de derechos humanos.

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