ACCIÓN ANTE TRIBUNALES CIVILES

Demanda civil por daños y perjuicios contra Corprensa

La demanda fue interpuesta el 17 de agosto pasado en el Juzgado Duodécimo Civil y está en trámite.

Los hermanos David y Daniel Ochy Diez y la empresa Panaplátanos S.A. demandaron civilmente a Corporación La Prensa (Corprensa) y Editorial por la Democracia por $7 millones, alegando supuestos perjuicios morales y materiales ocasionados tras la publicación de dos noticias en este diario, el 5 de junio y el 30 de julio pasados, relacionadas con la titulación de tierras estatales en Barú, Chiriquí.

La demanda, promovida a través de la firma Castillo, Moreno & Asociados, se presentó el 17 de agosto pasado en el Juzgado Duodécimo Civil y está en trámite.

En la demanda, David y Daniel Ochy reclaman cada uno $2 millones de indemnización por supuesto daño moral; medio millón de dólares cada uno por perjuicios materiales, para un total de $5 millones. Panaplátanos exige, a su vez, otros $2 millones por supuestas pérdidas materiales.

La acción legal va contra notas periodísticas publicadas en La Prensa el 5 de junio y el 30 de julio pasados, tituladas “Negocio detrás de invasión de tierras” y “Gran negocio con las tierras del Barú”, respectivamente; así como la nota “El negocio detrás del conflicto”, continuación de la segunda nota publicada en la primera plana.

En la demanda se alega que en la primera de esas noticias se desprestigia a sus representados, pues se dijo que lo que se pretendía con la petición al Gobierno de titular las tierras de manera colectiva a los obreros de la extinta Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles era crear una estructura que cuajara un negocio al que David Ochy había puesto la mirada: comercializar la fruta a través de la sociedad Panaplátanos, de la que los hermanos Ochy son dignatarios.

La Prensa tuvo acceso –a través de varias fuentes, entre estas, el gerente de ASTBarú Panaplátanos, José Vanela, y de visitas de campo– a información sobre los planes de negocio de los hermanos Ochy, quienes podrían beneficiarse con la titulación colectiva de las tierras, ya que tenían la intención de formar una asociación con los extrabajadores que apoyaban la titulación grupal a fin de que fuera posible la inversión de la empresa Panaplátanos.

De igual forma, los demandantes cuestionan que se señalara en la segunda de las notas publicadas por La Prensa que David Ochy persuadió a 706 exsocios de Coosemupar R.L. para que le brindaran sus tierras y con ello concretar el negocio de la exportación de plátanos.

Este medio publicó declaraciones de fuentes de la zona bananera de Barú, como Luis Espinoza –quien se identificó como capataz de una de las fincas en las que se siembra plátano y que apoya la titulación colectiva de las tierras de Coosemupar– quien dijo que Ochy ofreció a los extrabajadores “que le dieran las tierras y él invertía el capital para ponerlas a producir”. De concretarse este acuerdo, el empresario podría verse beneficiado como inversionista de Panaplátanos y socio de ASTBarú.

En la nota también se explicó cómo el 2 de junio lugareños invadieron la finca El Níspero y rápidamente comenzaron los trabajos de adecuación de la tierra con maquinaria alquilada al diputado Osman Gómez, quien defiende la titulación colectiva. Para entonces, existía una orden de no ingresar a ninguna de las fincas comprendidas dentro de la titulación y repartición de las tierras de Coosemupar.

Más críticas

En la demanda también se cuestiona que en la nota de La Prensa se dijera que el proceso de titulación de tierras en Barú dejó al descubierto que la entrega de 2 mil 800 hectáreas, a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), beneficiaría directamente a David Ochy, hombre de negocios cuyas empresas se han convertido durante la administración de Ricardo Martinelli en unas de las mayores contratistas de obras públicas.

Según la investigación que publicó La Prensa en las referidas notas que son objeto de la demanda, sin el esquema de la titulación colectiva, el negocio de Panaplátanos no tendría mucho futuro, porque esta empresa le sería difícil negociar la tierra de forma individual.

Además, se confirmó con información de PanamáCompras que los hermanos Ochy, a través de la empresa Transcaribe Trading (TCT), están entre los mayores contratistas locales del Estado, al haberse adjudicado varias obras públicas de forma directa o por acto público.

Entre las licitaciones directas adjudicadas a TCT está la rehabilitación del muro de protección de La Mesa-Changuinola, en Bocas del Toro, por $5.6 millones.

TCT también fue contratada de forma directa en otra emergencia para estabilizar taludes de uno de los accesos del puente Centenario, por $5.2 millones.

Dicho contrato fue firmado el 26 de julio de 2011 por el entonces ministro de Obras Públicas Federico Suárez y Daniel Ochy.

El Ministerio de la Presidencia también recurrió a TCT para construir dos muelles en Darién y rehabilitar la carretera Interamericana en esa provincia, por $11 millones.

Además, TCT obtuvo obras mediante licitación, entre estas la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, valorada en $152 millones; y la ampliación de la carretera Puerto Armuelles-Paso Canoa, cuyo valor asciende a $114 millones.

Daño moral

En la demanda contra La Prensa se alega que la decisión de la Anati de adjudicarle a exsocios de la Cooperativa Coosemupar R.L. las tierras que le pertenecían a esa cooperativa, a través de la Asociación para la transformación Agraria del Barú (ASTBarú, S.T.), se utilizó para crear una atmósfera de turbiedad y duda sobre la figura y honorabilidad de sus clientes, sosteniendo que Panaplátanos y los hermanos Ochy habrían persuadido a 708 exsocios de Coosemupar R.L. para beneficiarse ilegal e inmoralmente del proceso de titulación de tierras a través de ASTBarú.

En las publicaciones de La Prensa no hay referencia sobre la honorabilidad de los hermanos Ochy ni se menciona el supuesto “beneficio ilegal” del que hablan los demandantes. Se publicó que el director de la Anati, Franklin Oduber, indicó que esperaban entregar los títulos de propiedad a los obreros de Coosemupar en “septiembre y octubre” de 2012, tres o cuatro meses después de la publicación del artículo.

Según la demanda, las dos publicaciones de La Prensa catalogan a los hermanos Ochy Diez como “traficantes de influencias, estafadores, aprovechadores e inmorales”. Estos calificativos tampoco fueron parte de las publicaciones de este diario.

Los abogados de los empresarios sostienen en la demanda que en todos los actos públicos en que estos han participado lo han hecho cumpliendo con transparencia las regulaciones de las contrataciones públicas, por lo que en las noticias periodísticas referidas se promueve un “ambiente turbio” que es “falso en su contenido” y persigue el objetivo de “desprestigiar la imagen” de sus clientes.

Otro de sus argumentos es que vincular a los hermanos Ochy con supuestos favoritismos irregulares con el actual gobierno para realizar “jugosos negocios” en la zona bananera de Barú les “causó un grave daño moral, al atribuirle una conducta indecorosa contraria a su trayectoria personal, familiar y profesional”.

PANAPLÁTANOS RECLAMA

Asimismo, la demanda sostiene que las publicaciones de La Prensa causaron perjuicios materiales a la sociedad Panaplátanos, al desprestigiarla y provocarle una pérdida de credibilidad en el ámbito empresarial, tras vincularla con “hechos falsos relativos a situaciones supuestamente turbias y sobre irregulares inexistentes”.

En las noticias de La Prensa no hay referencias a favoritismos. En cambio, se hizo un recuento de los contratos adjudicados a TCT y se contó parte del proceso de titulación de tierras en Barú, Chiriquí.

CORPRENSA

El presidente de Corporación La Prensa, Luis Navarro, dijo que las demandas de los hermanos Ochy Diez y Panaplátanos serán atendida en coordinación con nuestros abogados, la firma Galindo, Arias & López.

“Nuestro compromiso, en un período en que los contrapesos de nuestra democracia están debilitados, es mantener la más alta calidad periodística e independiente, siempre en defensa del derecho ciudadano a estar informado”, señaló.

“La Prensa ha sido objeto de crecientes ataques y demandas, especialmente en los últimos dos años. Este tipo de demandas cuantiosas generalmente busca silenciar a La Prensa y, como una reacción, generar autocensura”, acotó.

Investigación y querella

En respuesta a las notas de La Prensa, empleados de Transcaribe Trading S.A. (TCT) bloquearon las instalaciones de Corporación La Prensa S.A. (Corprensa) la noche del 2 y madrugada del 3 de agosto pasado.

Cuatro días después, el procurador de la Nación, José Ayú Prado, abrió de oficio una investigación para determinar si los empleados de TCT cometieron delitos contra la libertad y contra la administración pública.

El 17 de agosto, abogados de Corprensa presentaron ante el Ministerio Público (MP) una querella penal por los hechos. Como parte de ese proceso, el MP citó a declarar a directores, periodistas y fotógrafos de La Prensa, y a otros cinco testigos de los hechos del 2 y 3 de agosto. Un mes después de presentar la querella, los abogados de Corprensa consideran que el procurador tiene suficientes elementos para indagar a por lo menos cinco empleados de TCT, que han sido plenamente identificados y, en ese sentido, pidieron a Ayú Prado dar celeridad al caso.

En respuesta, el jefe del MP dijo ayer que su despacho hará todo lo que corresponda a su momento y a la velocidad que deba, porque la Procuraduría no solo tiene un expediente. “La sociedad puede estar tranquila de que la Procuraduría le va imprimir el debido impulso procesal cuando deba ser y como deba ser a este y los otros expedientes que instruye, porque ninguno es mejor que otro; todos son iguales”, dijo.

José Otero

Elio Núñez

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