FALLO DE SALA DE LA CORTE OBLIGA A PAGAR A EXDIRECTOR DE LA PTJ

Deudas por reintegros enredan finanzas del MP

Los dos últimos procuradores han tenido que pagar más de 1 millón de dólares por salarios caídos, vacaciones y décimo tercer mes.
DOBLE TAREA. El Ministerio Público, que por ley debe perseguir delitos, ahora también tiene la tarea de perseguir dinero para cubrir deudas millonarias atrasadas. LA PRENSA/Archivo DOBLE TAREA. El Ministerio Público, que por ley debe perseguir delitos, ahora también tiene la tarea de perseguir dinero para cubrir deudas millonarias atrasadas. LA PRENSA/Archivo
DOBLE TAREA. El Ministerio Público, que por ley debe perseguir delitos, ahora también tiene la tarea de perseguir dinero para cubrir deudas millonarias atrasadas. LA PRENSA/Archivo

El reciente fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el pago de los salarios caídos al último de los directores de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ) Jaime Jácome, junto a las vacaciones acumuladas que se le adeudan a los exprocuradores Ana Matilde Gómez y Giuseppe Bonissi –todo por más de 280 mil dólares–, puede frenar las intenciones del Ministerio Público (MP) de hacerle frente a una nueva deuda, de más de un millón de dólares, con unos 800 exfuncionarios de la institución que datan de dos administraciones anteriores.

Con la ponencia del magistrado Víctor Benavides, y el aval de sus colegas Alberto Cigarruista y Winston Spadafora, la Sala Tercera declaró sustracción de materia a la petición de Jácome, para que fuera restituido como director de la PTJ, debido a que dicha institución, que estaba adscrita al MP, desapareció en junio de 2007.

Sin embargo, los magistrados consideraron que Jácome tiene derecho a recibir todos sus salarios, gastos de representación, décimo tercer mes y vacaciones acumuladas por siete años; es decir, desde 17 de diciembre de 2002 hasta el 17 de diciembre de 2009, cuando debía terminar su período oficial.

Para tomar esta última decisión, los magistrados señalaron que en la resolución del 19 de marzo de 2007, con la que la entonces procuradora Gómez declaró insubsistente el nombramiento de Jácome como director de la PTJ, no se mencionan las causas por las cuales se adoptó esa medida.

“En gran cantidad de fallos de esta sala se ha dicho que la discrecionalidad que tiene un ente nominador en el ejercicio de un cargo no puede ser absoluta, y más grave aún, si se utiliza para prescindir de los servicios de funcionarios, bajo el argumento de que son cargos de libre nombramiento y remoción, y sin presentar los argumentos que sustenten dicha decisión”, advirtieron los magistrados.

Basados en ese fallo,Jácome debe recibir unos 230 mil dólares, según cálculos extraoficiales.

Al respecto, el procurador, José Ayú Prado, dijo que está en comunicación con la Procuraduría de la Administración para los efectos formales de la decisión, y que se hacen los trámites para considerar la forma de cumplir con lo ordenado por la Sala Tercera.

Sin embargo, agregó que “Ello, de seguro, obligará a replantear casi totalmente la manera del pago de las vacaciones, décimo tercer mes, y sobresueldos que se les debe a casi 800 exfuncionarios del MP, que a enero de 2011 ascendía a 1.5 millón de dólares, incluyendo a la exprocuradora Ana Matilde Gómez y al exprocurador Giusseppe Bonissi”.

Añadió que “de enero de 2001 a la actualidad, se ha logrado pagar a numerosos exfuncionarios, buscando hacerlo de los más antiguos a los más recientes, y con prioridad a aquellos que tenían salarios inferiores, con dinero del presupuesto de 2010 - 2011, bajo la figura de ´ahorros”.

También destacó que se pidió un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de 300 mil dólares, que ya fue aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, proveniente de la recuperación de más de un millón de dólares del proceso civil seguido al excoronel Pedro Marcos Justines.

Estas deudas atrasadas, de igual modo, generan un retraso con respecto a la programación que se tenía en el Ministerio Público, de equiparar los salarios de funcionarios de la institución con respecto a los del Órgano Judicial, y luego hacer el pago del retroactivo correspondiente, destacó Ayú Prado.

REINTEGROS

Según otras fuentes del Ministerio Público consultadas, la situación planteada es similar a la ocurrida entre finales de 2008 y principios de 2009, cuando el renglón de gastos del MP quedó en rojo, al tener que desembolsar más de un millón de dólares para el pago de salarios caídos a 10 funcionarios, 8 de ellos fiscales, que la propia Sala Tercera de la Corte ordenó reintegrar por vicios legales en sus respectivas destituciones.

Nueve de esas 10 destituciones fueron ordenadas en la administración de Gómez (enero de 2005 - febrero de 2010), y la otra en los últimos meses de la gestión de José Antonio Sossa (enero de 1994 - diciembre de 2004).

Le correspondió a la propia Gómez hacer efectivo el pago de casi 950 mil dólares de esos salarios caídos.

A Bonissi, por su parte, durante el año que estuvo al frente del MP -entre febrero de 2010 y enero de 2011-, le tocó pagar casi 50 mil dólares de esas deudas acumuladas.

Los fallos, en su mayoría con ponencias del magistrado Benavides, y del hoy exmagistrado Adán Arnulfo Arjona, discreparon de las causales que invocó Gómez para ordenar las destituciones, tras los expedientes disciplinarios que abrió.

La mayoría de los fallos señalan que los fiscales destituidos no habían incurrido en ningún acto de negligencia, ilegalidades o abusos de autoridad, como se les acusaba.

La sala también consideró, en otros dos casos, que no se podía aplicar la causal de que los cargos eran de libre nombramiento y remoción, sin justificar los motivos por los cuales se destituía al funcionario. Esto también se aplicó en el caso Jácome.

En ese momento, Gómez dijo que acataría los fallos de la Corte, pero recalcó que su administración seguiría velando para que cada uno de sus funcionarios mantuviera un alto sentido de respeto a la ética.

Entre los funcionarios beneficiados con los dictámenes de la sala estaban fiscales superiores, de circuito, asistentes de fiscales y médicos forenses, a quienes, según cálculos aproximados, se debió pagar un millón 53 mil 350 dólares en salarios caídos, sin incluir vacaciones y décimo tercer mes (ver cuadro).

Solo las fiscales superiores Nedelka Díaz y Argentina Barrera, y el médico forense Humberto Mas, decidieron permanecer en el MP. Los otros ocho cobraron y renunciaron a sus puestos. 

Recursos, recortados en 2011

Para el año 2011, el Ministerio Público solicitó un presupuesto de 136 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas redujo esa cantidad a 51 millones de dólares; es decir, menos de la mitad requerida.

Al mismo tiempo, dicha cifra incluyóapenas 6 millones de dólares más que lo aprobado en el presupuesto para 2010.

A finales del año pasado, y como consecuencia de la falta de recursos, el Ministerio Público debió solicitar un crédito extraordinario de 32.4 millones de dólares para solventar sus necesidades. Mientras tanto, para el próximo año, el procurador de la Nación, José Ayú Prado, pidió un presupuesto de 85.7 millones de dólares, y ya se le recortaron 22 millones de dólares, por lo quedó en 64 millones de dólares, 13 millones de dólares más que este año, pese a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.

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