EXFUNCIONARIOS JUDICIALES ADVIERTEN de ´CAMARÓN´ EN la INICIATIVA

Nuevas críticas a proyecto de ley de Moncada Luna

Según la norma, la Policía podrá allanar domicilios sin la necesidad de que haya flagrancia y sin orden de autoridad competente.

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Nuevas críticas se sumaron contra el proyecto de ley presentado esta semana ante la Asamblea por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, que, entre otros aspectos, da al pleno la facultad para investigar y sancionar a magistrados de tribunales superiores.

Además de los cuestionamientos que hicieron al documento cuatro de los colegas de Moncada Luna por posibles vicios en los procedimientos internos y por supuestamente violar la Constitución, ahora se agregó la preocupación sobre un “camarón” en su contenido.

La exmagistrada de la Corte Suprema Esmeralda de Troitiño, además de cuestionar la decisión de Moncada Luna de debatir este proyecto ante la Sala Cuarta y no ante el pleno de la corporación, denunció que en el documento se le otorga facultad a las autoridades de policía para hacer allanamientos sin la flagrancia requerida en el Código Judicial vigente y sin orden de autoridad competente (ver tabla).

A juicio de Esmeralda de Troitiño, la modificación es contraria a lo planteado por el Código Procesal Penal, que rige el Sistema Penal Acusatorio sobre la materia.

“Que se hagan allanamientos sin autorización de autoridad competente es muy peligroso”, advirtió.

Mientras, en lo referente a la metodología aplicada para la discusión del proyecto a lo interno de la Corte, de Troitiño apoyó la postura de los magistrados Harley Mitchell, Jerónimo Mejía, Víctor Benavides y Oydén Ortega, quienes consideraron que el trámite se debió hacer ante el pleno y no ante la Sala Cuarta de Negocios Generales, como hizo Moncada Luna.

Añadió que durante todo el período en que actuó como vicepresidenta de la Corte, durante la presidencia de Mitchell (2010-2011), la autorización para presentar proyectos de ley ante la Asamblea era otorgada por el pleno y no por la Sala.

El exdirector de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ) Jaime Abad también consideró que la facultad que se le concede a las autoridades policiales para ordenar y realizar allanamientos a su discreción “es peligrosa y ambigua”.

Abad sostuvo que en el proyecto no está claro si la potestad se les da a las autoridades civiles de policía o a los uniformados y, por ello, la PN podrá, cuando así lo considere y basada en su interpretación de la ley, hacer allanamientos sin orden de autoridad competente.

También indicó que no entiende por qué un tema como este tenía que estar incluido en una ley sobre los poderes del pleno. “Esto, además de un posible ´camarón´, es otra especie de ´ley chorizo”, dijo.

Carlos Barés, exdirector de la PN (1999-2004), alertó sobre la necesidad de que se profundice en el tema, porque “la ambigüedad puede ser peligrosa”. “La PN debe seguir como un auxiliar de las autoridades civiles”, dijo.

Mientras, el exprocurador Rogelio Cruz explicó que el término de “autoridad policial” solo es aplicable para el Presidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, corregidores, regidores y jueces nocturnos, pero dijo que permitir que esas autoridades también puedan autorizar allanamientos, viola el contenido del Código Procesal Penal , que únicamente le confiere esa facultad a los jueces, por tratarse de un acto de control judicial.

A su vez, la abogada Virna Ayala convocó para hoy a un debate en el Colegio Nacional de Abogados sobre el proyecto, que, advirtió, hace “retroceder décadas a la justicia panameña”.

“Este proyecto de ley desconoce todo lo discutido en la ley de carrera judicial”, opinó.

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