El caso fue remitido al Segundo Tribunal Superior

Se desconoce paradero de los directivos de Adelag

Ni la DIJ ni Migración han sido notificados del fallo que condena a 66 meses de cárcel a los hermanos Aquilino y Carlos de la Guardia. Sus abogados no precisan dónde se encuentran sus clientes.

Ni en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional ni en el Servicio Nacional de Migración han recibido hasta el momento instrucciones para hacer efectiva la detención “inmediata” de los hermanos Aquilino y Carlos de la Guardia Romero, como lo ordenó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo confirmaron ayer fuentes de la DIJ y de Migración, las que dijeron no haber sido notificadas del fallo de la Sala Penal con fecha del 10 de agosto de 2012, que condenó a los De la Guardia a 66 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica y estafa, dentro del proceso por la quiebra millonaria de Adelag, S.A. en el año 2001.

En Migración informaron que actualmente no hay ninguna solicitud de impedimento de salida del país de los De la Guardia.

En el Palacio de Justicia Gil Ponce se dio a conocer que la Secretaría de la Sala Penal remitió el fallo al Segundo Tribunal Superior de Justicia, para que este a su vez lo remita al Juzgado Décimo Tercero Penal y proceda con las notificaciones pertinentes y el cumplimiento de la sentencia. En el año 2009, este juzgado declaró penalmente responsables a los De la Guardia, por la quiebra de Adelag. (Ver recuadro).

Una vez se remita el fallo a la juez decimotercera penal, Luzmila Jaramillo, esta tendrá cinco días hábiles para notificar del mismo a las partes –ya sea por edicto o personalmente­ y posteriormente el Ministerio Público y la defensa de los condenados tendrán dos días hábiles para solicitar –de ser necesario– una aclaración de sentencia.

El documento fue enviado al Segundo Tribunal Superior el pasado 28 de agosto.

El fallo condenatorio fue avalado por los magistrados Harry Díaz (ponente) y Alejandro Moncada Luna (en lugar de Jerónimo Mejía, quien se declaró impedido de conocer el caso). El magistrado Aníbal Salas salvó su voto.

Salas era el ponente original del caso y redactó un proyecto de fallo en el que absolvió a los De la Guardia.

Pese a que no caben más apelaciones contra la decisión de la Sala Penal, la defensa de los directivos de Adelag maneja otros recursos para evitar que sus clientes vayan a la cárcel.

Carlos Carrillo, abogado de Carlos De la Guardia, señaló que no se ha resuelto una advertencia de inconstitucionalidad, presentada el 21 de agosto pasado. Por lo tanto, la Sala no podía fallar.

Sin embargo, la acción a la que alude Carrillo fue presentada 11 días después de que Díaz circulara su proyecto de fallo condenatorio a sus colegas Salas y Moncada Luna.

Otro de los abogados defensores señaló que sus clientes llevarán el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerar que hubo irregularidades en el proceso.

La defensa tampoco precisó el paradero de sus clientes, y si estos se encuentran dentro o fuera del país. De estar en el extranjero, el Código Judicial permite la extradición de panameños reclamados por alguna autoridad. El trámite se gestiona por conducto de la Cancillería, y debe incluir copia de la sentencia ejecutoriada y los datos personales que permitan la identificado de él o los reclamados.

ACUSACIONES

En su escrito de salvamento de voto, Salas sostiene que Díaz debió haberse apartado del caso, puesto que existe un incidente de recusación en su contra, aludiendo a una “enemistad manifiesta con el hijo de uno de los procesados”.

El incidente se presentó en el despacho de Salas el 3 de agosto de este año. Para entonces ya Díaz y Moncada Luna habían rechazado el proyecto absolutorio de Salas, por lo que este había perdido la ponencia del caso.

Salas admitió el incidente y el 10 de agosto informó de ello a Díaz, para que rindiera un informe al respecto, según lo estipula el artículo 769 del Código Judicial.

Ese mismo día fue puesto a circular el fallo condenatorio redactado por Díaz, lo que –a juicio de Salas– viola el artículo 240 del Código Judicial, según el cual “la competencia se suspende por la recusación, desde que el magistrado o juez reciba aviso oficial de haber sido presentada hasta que se le comunique”.

“ Esta norma fue ignorada completamente por el magistrado Harry Díaz”, recalcó Salas en su salvamento de voto.

El 30 de agosto –es decir, el pasado jueves– Díaz envió una réplica a Salas, en la que le acusa de acoger una recusación “falsa, extemporánea, inconducente y sin fundamento legal, y que solo se me dio a conocer cuando ya había firmado el fallo condenatorio en limpio”.

Agregó que en todo caso, la recusación la debía conocer Moncada Luna –por ser el siguiente, en orden alfabético–, “y que por una inusitada situación el secretario de la Sala Penal, con más de 40 años en el cargo, se la pasó directamente a usted, con más de 10 años de ser magistrado, error tan elemental que es muy difícil de catalogar como mera negligencia”.

Díaz también sostiene que el escrito de Salas, más que un razonado salvamento de voto, presenta una apasionada defensa técnica de los condenados. “Esto luego de no haber podido conseguir con su proyecto original, la liberación y exoneración total de los procesados”, remarcó.

Reacciones

La exmagistrada Esmeralda de Troitiño –que fue parte de la Sala Penal– opinó que hay que valorar el trámite dado a la solicitud de recusación: si esta acción se presentó a tiempo y si Díaz tuvo una real oportunidad de responder al mismo.

“Hay una responsabilidad de quien hizo el trámite que se debió tomar en cuenta, si el recurso se presentó en el momento indicado o no, y si se le dio traslado al magistrado recusado a tiempo”. sostuvo Troitiño.

En tanto, el también exmagistrado Edgardo Molino Mola cuestionó el hecho de que Salas no informara a tiempo de la existencia de la recusación.

“Este es un caso muy confuso. Hay un enredo por el movimiento de las solicitudes de impedimento y recusación”, acotó.

 Barsallo: ´Un fallo histórico´

El abogado Carlos Barsallo, miembro de la Comisión Nacional de Valores en 2001, cuando el ente regulador multó a Financiera El Roble y Enafin Internacional, del grupo Adelag, e informó a la Procuraduría para que determinara si se había cometido alguna violación a la ley penal, calificó de “histórico” el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que condenó a 66 meses de prisión a los hermanos Aquilino y Carlos de la Guardia por la quiebra de Adelag.

“Culmina una etapa importante con un fallo transcendental para la historia del derecho corporativo panameño. Los comisionados del entonces cuerpo colegiado, formado por tres personas, la entonces Comisión Nacional de Valores, cumplieron con su obligación legal. Ahora, 10 años después, el sistema penal ha cumplido con la suya”, indicó.

Tras recordar que 24 bancos, 80 tenedores de bonos y más de 100 acreedores comerciales se vieron afectados, Afirmó que el desgreño administrativo mostrado se dio porque se ignoraron las más elementales reglas de buen gobierno corporativo. Según Barsallo, se reconoce por primera vez en la jurisprudencia panameña el concepto de gobierno corporativo y su importancia para prevenir el fraude, pero todavía se pregunta si la lección ha sido aprendida. “Solo el tiempo lo dirá”, concluyó.

Roberto González J.

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