Altos funcionarios están imposibilitados para demandar penalmente

Delitos de honor no proceden

Un fallo del Segundo Tribunal Superior ratifica que los delitos de calumnia e injuria fueron despenalizados en 2008.

Una sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia determinó que el Ministerio Público no debe dar inicio a procesos penales por delitos contra el honor, cuando los supuestos ofendidos sean funcionarios con mando y jurisdicción nacional incluidos en el artículo 304 de la Constitución.

Según el criterio del tribunal, en ese tipo de casos lo procedente es la terminación de los procesos, tomando en cuenta que el Código Penal vigente despenalizó la calumnia y la injuria a partir de 2008.

Esta opinión jurídica sienta un precedente, pues a pesar de que el Código Penal establece claramente que cuando los supuestos ofendidos sean los funcionarios señalados “no se impondrá la sanción penal”, el Ministerio Público igual admitía y daba curso a procesos de esta naturaleza.

El pronunciamiento de los magistrados forma parte de una sentencia fechada el 1 de junio pasado, que confirmó un fallo dictado por el Juzgado Quinto Penal, que, a su vez, archivó el proceso por delitos contra el honor seguido al periodista Santiago Fascetto, tras una acusación del exministro de Gobierno y Justicia Daniel Delgado Diamante por la publicación de reportajes sobre el homicidio del cabo Andrés García en 1970.

“Al eximir el Código Penal la posibilidad de sanción penal, quedó claro que los funcionarios enlistados en el artículo 304 de la Constitución no podrán iniciar procesos penales en presunta defensa de su honra, teniendo que acudir a la jurisdicción civil”, dice el fallo con ponencia de la magistrada Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara y con el aval de los magistrados Manuel Correa y Joaquín Ortega.

Reacciones

Consultado sobre el criterio expresado por los magistrados del Segundo Tribunal, el procurador de la Nación, José Ayú Prado, dijo no poder expresar ninguna opinión pues desconoce el contenido del fallo.

Por su parte, la exprocuradora Ana Matilde Gómez explicó que en su administración se daba inicio a los procesos por delitos contra el honor, para acreditar si, en efecto, el querellante tenía la condición de funcionario incluido en artículo 304 de la Constitución, luego de lo cual se remitía una vista fiscal pidiendo el archivo del proceso. Gómez dijo que hasta ese momento no había jurisprudencia sobre el tema, pero que ahora el Ministerio Público debe acatar lo dicho por el tribunal.

Por su parte, el abogado Juan Antonio Tejada opinó que el Código Penal es claro cuando establece que la despenalización de la calumnia y la injuria impide procesar penalmente a quienes son acusados por funcionarios de alto nivel.

En tanto, el presidente del Fórum de Periodistas, Guido Rodríguez, advirtió que ya son varios los fallos de juzgados que llevan el mismo sentido, porque en este caso se trata de una sentencia de un tribunal superior, “por lo que no se entiende la obstinación del Ministerio Público en seguir dándole curso a casos penales que devienen en procesos sin objeto”.

Grisel Bethancourt, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, añadió que el Ministerio Público no está cumpliendo con las normas vigentes e “incurre en desgaste del sistema al llevar a los tribunales procesos que de antemano se sabe que serán archivados”.

A su vez, el presidente del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, planteó que las autoridades judiciales no cumplen la ley e incurren en actuaciones irregulares y dudosas.

“Si tras esa y otras muchas experiencias, la Procuraduría sigue abriendo casos y enviándolos a la Corte, la lectu-ra que debemos hacer es que ese órgano del Estado no tiene al frente a los actores legí-timos para interpretar y actuar con la visión que corresponde”, apuntó, por su lado, la presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, Norma Núñez Montoto.

 Periodistas procesados

Cuatro procesos por delitos contra el honor contra periodistas se han iniciado en el Ministerio Público, tras la vigencia del nuevo Código Penal en 2008.

Ese año fue acusado Rubén Polanco por publicar el resultado de una auditoría en el Juzgado Sexto Penal, uno de cuyos empleados lo acusó. Fue sobreseído este año. En abril de 2010, el entonces secretario de Comunicación del Estado Alfredo Prieto acusó al comentarista Juan Carlos Tapia, que también fue sobreseído este año. En tanto, a Jahaira Valverde y a Enrique Brathwaite los demandó en octubre de 2010 un procesado por homicidio. La audiencia será el próximo 8 de noviembre.

En diciembre de 2010 Eduardo Lim Yueng, Siria Miranda y Kelineth Pérez, de TVN, fueron acusados por un policía de Tránsito. Los tres fueron llamados a juicio, pero este no se ha efectuado todavía.

Elio Núñez

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