SIETE AÑOS DE ATRASO TIENE LEY DE CARRERA JUDICIAL EN LA ASAMBLEA

Empleados judiciales, sin amparo

La Alianza Ciudadana pro Justicia acusó a los magistrados de la Corte como responsables de impedir la aprobación de la nueva norma.

Por lo menos la mitad de los cerca de 5 mil funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores, juzgados y otros despachos de ese órgano del Estado no están amparados por la carrera judicial ni gozan de sus prerrogativas, denunció la Alianza Ciudadana pro Justicia.

Magaly Castillo, directora ejecutiva de esa organización, explicó que la anterior irregularidad se traduce, de manera general, en una falta de estabilidad laboral para esos funcionarios, lo que a su vez los hace más vulnerables en lo que respecta a la indispensable independencia en sus funciones.

Más en detalle citó que, por ejemplo, los funcionarios que no están amparados en la carrera judicial no pueden ascender por sus méritos y ello “crea la oportunidad de amiguismo y tráfico de influencias a lo interno del poder judicial”.

El Órgano Judicial tiene cerca de 5 mil servidores, de los cuales unos mil son de libre nombramiento y remoción, y mil 300 sí están dentro de la carrera judicial desde hace varios años, “aunque en espera de una legislación que les asegure un sistema de selección justo”.

Castillo responsabilizó de esta situación a los magistrados de la Corte Suprema, quienes, denunció, siempre han encontrado alguna razón para impedir que la Asamblea Nacional discuta los dos proyectos de ley que han sido elaborados sobre la carrera judicial, uno de los cuales reposa en esa institución desde el año 2005.

Dijo que ese primer proyecto de ley fue presentado por el magistrado Harley Mitchell –en respuesta a los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia–, pero tras ser aprobado en primer debate y llegar al pleno para su segunda discusión, quedó en el olvido.

Seis años más tarde, en octubre de 2011, la Asociación de Servidores del Órgano Judicial, la Asociación de Magistradas y Juezas de Panamá, la Asociación de Defensores de Oficio y la propia Alianza Ciudadana pro Justicia presentaron un segundo proyecto de ley, con lo que el primero fue devuelto a la Comisión de Gobierno de la Asamblea, que ahora debe examinar ambas propuestas y fundirlas en una sola iniciativa.

Según Castillo, los jueces y funcionarios judiciales han puesto de su parte y logrado una propuesta de ley de carrera, pero los magistrados han impedido su discusión y aprobación.

En ese mismo sentido, criticó las iniciativas anunciadas por el nuevo presidente de la Corte Suprema, Alejandro Moncada Luna, el mismo día en que fue escogido (el 3 de enero pasado), y que pretenden la reforma del Código Judicial para dar al pleno de esa entidad la facultad de destituir a cualquier funcionario judicial que haya cometido o sea denunciado por corrupción.

Asimismo, con la intención de fijar períodos de 10 años para los magistrados de tribunales superiores y jueces, luego de los cuales podrán ser evaluados y, en caso de resultar favorecidos, podrán optar por 10 años más.

A juicio de Castillo, la lucha contra la corrupción de jueces y funcionarios judiciales no debe ser selectiva ni dar oportunidad a la arbitrariedad o a la manipulación que ponga en peligro la independencia judicial, y por ello se requiere de un sistema bien pensado y estructurado, como el que se contempla en el proyecto presentado a la Asamblea.

Detalló que el proyecto establece un sistema científico de auditorías judiciales y de evaluación del desempeño, a través del cual se podrá remover en cualquier momento a un juez o magistrado que tenga una mala evaluación; eso sí, siempre que se respete el procedimiento establecido en la ley.

Se consultó a las autoridades del Órgano Judicial sobre la situación de los funcionarios fuera de la carrera, pero no hubo respuesta.

´La justicia al servicio del funcionario judicial´

Luis Fernando Tapia, de la Asociación de Servidores Públicos, opinó que el proyecto de ley presentado ante la Asamblea ofrece una mayor garantía a los funcionarios judiciales, porque establece reglas claras para aspirar a los cargos; incluye un sistema de ascensos y traslados basado en méritos, y un nivel de remuneración según el desempeño.

Para Tapia, la nueva legislación implica igualdad de oportunidades para quienes aspiran a ocupar un cargo, y ofrece un sistema de integridad y transparencia de la gestión profesional del funcionario.

Además, incluye un sistema de auditoría para la evaluación de los despachos judiciales y la creación de un organismo que se encargaría del procesamiento de los jueces y magistrados de forma independiente, con lo que se elimina el método actual en el que el superior jerárquico es quien se encarga de investigar y sancionar cualquier tipo de falta.

Agregó que el proyecto hace justicia al servidor judicial.

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