Por caso de indultos

Magistrado fiscal pide audiencia para imputar cargos a Ricardo Martinelli

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Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli.
Ricardo Martinelli. Archivo

El magistrado Abel Zamorano –en funciones de fiscal- solicitó una audiencia de formulación de imputación, dentro del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por otorgar 355 indultos en el ocaso de su administración (2009-2014).

Así está consignado en una nota que envió Zamorano al magistrado José Ayú Prado, que actúa como juez de garantías.

“Debido a que es un hecho público y notorio que el investigado está fuera del país, le solicitamos respetuosamente efectuar todas las gestiones y diligencias necesarias a fin que efectivamente se ponga en conocimiento del mismo la fecha y hora de la audiencia”, señala Zamorano en su nota a Ayú Prado.

Los indultos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A pocos días de abandonar el poder, Martinelli promulgó 19  decretos en los que otorgó 355 indultos. El artículo 184 de la Constitución señala que el presidente de la República y el ministro respectivo solo pueden otorgar indultos por delitos políticos y no por causas comunes, razón por las que la CSJ  declaró posteriormente la inconstitucionalidad de estos. 

El 14 de agosto de 2014, los indultos fueron revocados por el gobierno de Juan Carlos Varela. Acto seguido, la Procuraduría General de la Nación remitió a la CSJ una denuncia para que se determinara la responsabilidad disciplinaria, penal  o patrimonial contra los funcionarios que expidieron 355 indultos.

Los procesos seguidos a Martinelli son competencia de la CSJ, dado que éste fue juramentado como parlamentario centroamericano el 1 de julio de 2014.

El expresidente salió de Panamá el 28 de enero de 2015. Sus abogados han dicho que se encuentra en Miami, Estados Unidos.

La Cancillería -a requerimiento de la CSJ- solicitó la extradición de Martinelli a Estados Unidos, pero para que responda por otro proceso judicial; específicamente, el de la interceptación de las comunicaciones ilegales desde el Consejo de Seguridad Nacional.

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