El exgobernante sigue detenido en Miami

Martinelli ordenó espiar a ciudadanos estadounidenses, según un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional

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Ronny Rodríguez (Izq.) y William Pittí. Ronny Rodríguez (Izq.) y William Pittí.
Ronny Rodríguez (Izq.) y William Pittí.

El gobierno de Ricardo Martinelli interceptó las comunicaciones de personal de la embajada de Estados Unidos en Panamá, según consta en la declaración jurada de un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, que participó de este espionaje.

Ismael Pittí, alias Brad, cuyo paradero actual es desconocido, estaba a cargo de recopilar la información de al menos 150 personas, entre los que estaban –según él- la diplomática Ermita Pérez, de la embajada estadounidense, y el militar Richard “Downing”.

Una nota de Univisión Investiga publicada este sábado 24 de junio advierte que Pittí se refiere a Richard Downie, un condecorado excoronel retirado del Ejército estadounidense, que asesoró la campaña presidencial de Juan Carlos Navarro, hace tres años.

Pitti también menciona en su declaración al asesor político estadounidense Christian Ferry, estratega de la campaña  que llevó a Juan Carlos Varela a la Presidencia de la República en mayo de 2014.

Univisión Investiga contactó a Downie y a Ferry. Los dos dijeron desconocer que sus comunicaciones habían sido interceptadas por órdenes de Martinelli y que se enteraron por las declaraciones de Pittí.

Ricardo Martinelli está detenido en Miami desde el 12 de junio de 2017. Expandir Imagen
Ricardo Martinelli está detenido en Miami desde el 12 de junio de 2017. LA PRENSA/Archivo

El testimonio de Pitti está incluido en una moción que la defensa de Martinelli –detenido en Miami desde el 12 de junio pasado- presentó hace seis días en la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde el juez Edwin Torres está examinando la documentación para decidir sobre la viabilidad de la solicitud de extradición presentada por la Cancillería panameña.

La declaración jurada (en inglés, affidavit) de Pittí fue anexada sin firma ni fecha por el abogado Marcos Jiménez. Se desconoce cuál es su origen. Está escrita en inglés, sin traducción al español.

Marcos Jiménez, abogado de Martinelli en Miami. Expandir Imagen
Marcos Jiménez, abogado de Martinelli en Miami. AFP

Los abogados de Martinelli también anexaron una declaración jurada de Ronny Rodríguez Mendoza, apodado Guillermo, el jefe de la unidad de inteligencia que, dentro del Consejo de Seguridad Nacional, recibía instrucciones directas de Martinelli. La unidad tenía un tercer integrante, llamado William Pittí, alias Didier.

Según Rodríguez, los tres fueron presionados por el gobierno de Varela para incriminar a Martinelli en la interceptación no autorizada de las comunicaciones.

“Conversé con William Pittí y me confirmó que él había sido objeto de las mismas amenazas y torturas psicológicas. No pude localizar a Ismael Pittí, pero del propio Consejo de Seguridad Nacional me información de que a Ismael Pittí lo tenían retenido en las áreas revertidas”, indicó.

Rodríguez dice declarar “bajo la gravedad del juramento, hoy 15 de junio de 2016, desde algún lugar de las montañas de Veraguas, sin apremio y voluntariamente”.

Se desconoce cuál es el paradero de William Pittí y Ronny Rodríguez. Desde 2015, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó una alerta roja a Interpol, con fines de detención y extradición. Ambos serán enjuiciados el próximo 7 de agosto, junto a Alejandro Garuz -consuegro de Martinelli- y Gustavo Pérez, dos exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

Por estos mismos cargos –además de presunto peculado de apropiación y peculado de uso- es procesado Martinelli por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Como parte de este proceso, Martinelli fue declarado “en rebeldía” por la CSJ en diciembre de 2015, y solicitado en extradición a Estados Unidos.

Si es hallado culpable, enfrentaría una condena de hasta 21 años de prisión.

Lea la nota completa de Univisión Investiga aquí.

Mas información en la edición impresa del diario La Prensa del domingo 25 de junio de 2017...

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