INVESTIGACIÓN

Odebrecht figura en el primer plano de la corrupción sistemática

De acuerdo con información obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), más de 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo habrían manejado de forma secreta miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasmas a través de jurisdicciones offshore. 

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Odebrecht. Odebrecht.
Odebrecht. Xinhua

Constructora Norberto Odebrecht es una empresa omnipresente, con multimillonarios proyectos en 13 países de América Latina, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Alemania, Austria, Ghana, Angola, Mozambique y Emiratos Árabes Unidos.

Era un éxito rotundo, podría decirse... hasta el año pasado.

Hace dos años, los fiscales brasileños empezaron a develar un megaescándalo por el pago de coimas a ejecutivos de la estatal Petróleo Brasileño (Petrobras), en el que varias de las más importantes empresas de construcción de ese país fueron involucradas, como Odebrecht.

Las autoridades del país sureño calculan que el dinero desviado del Estado a través de obras de Petrobras suma miles de millones de dólares.

El brillo de la mayor empresa constructora de Brasil se ha ido desvaneciendo, convirtiéndose –de la noche a la mañana– en protagonista de la mayor operación contra la corrupción emprendida por autoridad judicial alguna en su país: la Operación Lava Jato.

El mes pasado, la operación cumplió dos años, siendo uno de sus momentos más notorios –el 19 de junio de 2015– cuando fue arrestado uno de los hombres más poderosos de Brasil: el entonces presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que terminó juzgado y condenado a 19 años de cárcel, y al pago de $35 millones en marzo pasado, tras haber sido hallado culpable de cometer sistemáticamente el delito de corrupción activa y 50 veces el de lavado de dinero.

La Operación Lava Jato sigue estremeciendo el piso de empresarios y políticos. El último fue el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya copartidaria y presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pretendía protegerlo del alcance de la justicia al nombrarlo ministro en su gobierno.

La operación judicial salpicó a varias otras empresas importantes del sector de la construcción, como Camargo Correa, OAS o Andrade Gutierrez, las cuales “tenían formado un cártel, a través del cual tenían sistemáticamente frustradas las licitaciones de Petrobras para la contratación de grandes obras”, sostienen las autoridades.

El escándalo parece ser parte del paisaje cuando se trata de Odebrecht. Su arribo a Panamá no fue la excepción. El 15 de junio de 2007, el Ministerio de Obras Públicas licitó la primera fase de la cinta costera, con un precio de referencia de $137 millones. La obra fue adjudicada a Odebrecht por $189.1 millones –en consorcio con la empresa local Constructora Urbana, S.A.– por un precio que superó en $52 millones el de referencia y en $20 millones al de su competencia.

Desde entonces –y usando un modelo de licitación que le otorga un relativo bajo puntaje a la propuesta económica– Odebrecht se hace de cada obra importante en Panamá, con lo cual se ha adjudicado proyectos por un valor que supera el costo de ampliar el Canal.

Tal inédito éxito en Panamá empezó en la administración de Martín Torrijos (2004–2009); floreció en la de Ricardo Martinelli (2009–2014), y ha continuado en la gestión de Juan Carlos Varela, con todo y el escándalo internacional provocado por el arresto de su entonces presidente.

Hace dos meses, los fiscales revelaron la vigésima tercera fase de la Operación Lava Jato. En rueda de prensa –a finales de enero pasado– el procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima embistió contra una firma de abogados panameña: Ha quedado en “evidencia” –dijo– que Mossack Fonseca es una “gran lavadora de dinero”. Duras palabras, seguidas de otras: es investigada por esquemas de corrupción en Brasil.

Simultáneamente, varios de los empleados de la representación de Mossack Fonseca en Brasil eran arrestados o buscados para su detención. Una de las investigadas, y sobre quien hay una orden de búsqueda y aprehensión en Brasil, es la abogada María Mercedes Riaño, quien tiene una oficina de representación de la firma (franquicia) en Brasil. Riaño llegó a salir a tiempo de ese país y ahora estaría en Panamá.

Y es que, a lo largo del desarrollo de la Operación Lava Jato, los fiscales brasileños han tropezado una y otra vez con sociedades creadas por la firma panameña, utilizadas en actos delictivos vinculados a esquemas de lavado de activos en diversos países.

Por ejemplo, ejecutivos de Petrobras recibieron coimas de Odebrecht a través de sociedades offshore constituidas por Mossack Fonseca, se reveló en la fase 14 de la Operación Lava Jato, es decir, en la misma que puso a Marcelo Odebrecht en la cárcel.

Los fiscales identificaron sociedades de Mossack Fonseca, como la offshore Milzart Overseas Holdings Inc., la cual recibió fondos de otra sociedad panameña: Constructora Internacional del Sur, S.A., disuelta por la firma panameña Patton, Moreno Asvat, de la que era su agente residente.

En las cuentas bancarias de Constructora Internacional del Sur en Panamá ingresaron, al menos, $47 millones procedentes de sociedades pertenecientes a Odebrecht, que luego recalaban en cuentas de la banca suiza a beneficio de directivos de Petrobras.

Según las autoridades suizas, Milzart Overseas Holdings Inc. tuvo cuentas controladas por el exdirector de Petrobras Renato Duque. La sociedad primero la manejó la firma suiza Python & Peter; luego pasó a International Corporate Structuring, de Luxemburgo; y por último, por la panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee.

También acentuaron las alarmas las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca: Backspin Management, S.A., Daydream Properties Ltd., Tropez Real Estate, S.A. y Dole Tec Inc., todas controladas por el exgerente de Petrobras Pedro Barusco.

Los operadores de los esquemas de lavado –como Mario Goes y Roberto Trombeta– también recurrieron a sociedades de Mossack Fonseca para armar sus estructuras criminales.

El primero usó, al menos, una sociedad de Mossack Fonseca. El segundo usó ocho, una de ellas, Kingsfield Consulting Corp., “usada como canal para recibir valores de trabajos efectuados en Chile y España, envolviendo a subsidiarias de [Constructora] OAS en Perú y Ecuador”, dijo Trombeta, cuando decidió cooperar con la justicia brasileña.

Así pues, cuando el procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima acusó en enero pasado a Mossack Fonseca, lo hizo convencido de que las actividades de la firma en favor de los investigados eran, al menos, sospechosas.

Y con él coincide el juez del caso, Sergio Moro: Hay “evidencias de que Mossack Fonseca ha proporcionado los servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para, por lo menos, cuatro agentes involucrados en el esquema para lavar dinero”... “Existen evidencias de que Mossack Fonseca, incluyendo su representación en Brasil, ha estado ayudando a los agentes criminales, incluido el esquema criminal de Petrobras, para practicar el fraude y el lavado de dinero. Al ofrecer sociedades offshore para los criminales, la firma Mossack Fonseca & Co. estaría participando, a través de su ayuda, en la comisión de estos crímenes”.

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