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caso de los indultos

Ayú Prado advierte a los abogados de Martinelli que si no acuden a la audiencia se designará un defensor de oficio

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El magistrado José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, preside la audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia. El magistrado José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, preside la audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, preside la audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia. Foto por: LA PRENSA/Isaac Ortega

La audiencia en la Corte Suprema de Justicia empezó a las 9:00 a.m. de este miércoles 14 de junio. La audiencia en la Corte Suprema de Justicia empezó a las 9:00 a.m. de este miércoles 14 de junio.

La audiencia en la Corte Suprema de Justicia empezó a las 9:00 a.m. de este miércoles 14 de junio.

La audiencia de imputación de cargos al expresidente Ricardo Martinelli, actualmente detenido en Miami, Estados Unidos, no se pudo celebrar este miércoles 14 de junio de 2017 como estaba programado desde hace más de un mes, porque la defensa del exmandatario no se presentó al acto.

El magistrado José Ayú Prado, que funge como juez de garantías del caso, reprogramó la audiencia para el próximo miércoles 21 de junio, y advirtió que si los abogados de Martinelli no se presentan designará un defensor de oficio.

La audiencia es parte del proceso que se sigue al exgobernante por haber emitido 355 indultos en junio de 2014, poco antes de culminar su mandato. A Martinelli se le investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

Previamente, se leyó un correo electrónico enviado el martes 13 de junio por Sidney Sittón, abogado de Martinelli, en el que explica que no podía concurrir a la audiencia porque debía viajar a Miami, donde su cliente está encarcelado desde hace dos días, a la espera de ser extraditado a Panamá, pero para que responda por otro caso judicial: el de la interceptación ilegal de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional durante su gobierno.

Sucede que Sittón tiene poder para actuar como abogado de Martinelli en este caso desde hace apenas dos días, según consta en una nota enviada por Mario Martinelli Berrocal a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El 10 de mayo, cuando se celebró una audiencia solicitada por el magistrado fiscal Abel Zamorano, el exmandatario estuvo representado por otro abogado; Sittón se presentó únicamente como "vocero".

Aquel día, Zamorano solicitó a Ayú Prado declarar a Martinelli "en rebeldía", dado que no se presentó pese a que fue debidamente notificado por la Oficina Judicial de la CSJ, a través de edictos, correos electrónicos y avisos pagados en los periódicos The Miami Herald y el Diario Las Américas. Ayú Prado ignoró el pedido y optó por declarar un "receso" hasta este miércoles 14 de junio, para dar oportunidad a Martinelli a comparecer  personalmente y escuchar así los cargos que se le imputan. "Los derechos humanos están por encima", alegó Ayú Prado en aquella oportunidad.

Martinelli fue detenido el pasado lunes 12 de junio por agentes del US Marshals Services, en Coral Gables, Miami. Actualmente, se encuentra en un centro de detención federal, a la espera de ser extraditado a Panamá. Sus abogados solicitan se le conceda una fianza de excarcelación, pedido que será examinado por el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, el próximo martes 20 de junio.

Precisamente, en la nota enviada a la CSJ, Sittón adjunta los pasajes de ida y vuelta, para que conste que está en Miami acompañando a su cliente.

El proceso que instruye Zamorano surgió luego de que la Procuraduría General de la Nación envió a la Corte una denuncia para que se determinara la responsabilidad contra quienes otorgaron 353 indultos en 19 decretos expedidos en el año 2014, a favor de personas procesadas por delitos comunes y algunas aún bajo investigación.

La Constitución Nacional de Panamá faculta al presidente de la República a otorgar indultos únicamente en casos políticos, no comunes. Martinelli es investigado por la CSJ por su condición de diputado del Parlacen. 

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