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artículo 470 del Código Procesal Penal

Procurador de la Administración: Fuero presidencial viola Carta Magna

El plazo de dos meses que dispone la ley para investigar a un Presidente de la República es objeto de debate en el máximo tribunal del país.

En la mira, artículo que otorga dos meses para investigar al Presidente de la República. La Corte Suprema de Justicia debate el tema.

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Temas:

La Corte Suprema de Justicia deberá definir si acoge la opinión expresada por el procurador de la Administración, Rigoberto González. La Corte Suprema de Justicia deberá definir si acoge la opinión expresada por el procurador de la Administración, Rigoberto González.
La Corte Suprema de Justicia deberá definir si acoge la opinión expresada por el procurador de la Administración, Rigoberto González. LA PRENSA/Archivo

Por considerar que afecta la posibilidad de que el fiscal pueda conducir adecuadamente su investigación, el procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare “inconstitucional” el artículo 470 del Código Procesal Penal, que establece un plazo de dos meses para investigar al Presidente de la República.

González dejó sentada su posición al ser consultado por la CSJ como parte de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el citado artículo.

En el documento que remitió a la CSJ, alegó que la disposición demandada viola los artículos 22, 32 y el numeral 4 del artículo 220 de la Constitución. A su vez, detalló que las investigaciones que adelanta el Ministerio Público a cualquier ciudadano se deben regir por los artículos 291 y 292 del Código Procesal Penal, según los cuales, a partir de la imputación, la fase de investigación del proceso debe concluir en un término de seis meses.

En noviembre de 2015, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, presentó un recurso de inexequibilidad ante la Corte Suprema de Justicia, en el que pidió que se declare inconstitucional cuatro artículos del proyecto de ley 214, del 29 de octubre de 2015 (superblindaje), que fijó un plazo de cuatro meses para investigar al Presidente, a los magistrados de la Corte y a los diputados. 

EL CONTROVERTIDO ARTÍCULO 470

Un nuevo capítulo se escribe ahora referente al debate relacionado con los plazos que contempla la ley para investigar a funcionarios de alta jerarquía en el país.

Esta vez, el procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar inconstitucional el artículo 470 del Código Procesal Penal que concede un término de dos meses para investigar al Presidente de la República, en caso de que sea objeto de una investigación penal.

En la vista 385 del pasado 11 de abril, González estima que la citada norma viola el artículo 32 de la Constitución, porque establece un procedimiento especial que vulnera el derecho a la defensa, cuando los artículos 291 y 292 de ese mismo cuerpo legal indican que en los procesos comunes u ordinarios el Ministerio Público, a partir de la formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo de seis meses.

Así mismo, González establece un paralelismo con la sentencia del 19 de noviembre de 2015, en la que la Corte declaró inconstitucional el plazo de dos meses que contemplaba el artículo 491-A de la Ley 55 del 21 de septiembre de 2012 [ley blindaje] para investigar a los diputados. Recuerda que en dicho fallo, el máximo tribunal argumentó que esa disposición restringía la posibilidad del investigado a defenderse y afectaba la posibilidad de que el fiscal pudiera conducir adecuadamente su investigación.

El procurador también detalla que el artículo 470 del Código Procesal Penal vulnera lo relativo a la presunción de inocencia, establecida en el artículo 22 de la carta magna, ya que una de sus características es la de asegurar las garantías establecidas para la defensa.

Hay más. El documento, al que tuvo acceso este diario, menciona también que la controvertida disposición le restringe al Presidente de la República su derecho “a la debida defensa”, y lo explica de la siguiente manera: afecta “su derecho a hacerse parte, a tener acceso al expediente, a conocer claramente los hechos que se le imputan, las disposiciones que los fundamentan”, y al igual que afecta “su derecho a ser escuchado, a presentar pruebas, a que estas se evacúen y a presentar alegatos”, entre otros.

LA GÉNESIS DEL CASO

La opinión del funcionario surge luego de que, en enero de 2016, el abogado Rogelio Cruz demandara por inconstitucional el artículo 470 del Código Procesal Penal, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del 19 de noviembre de 2015, declarara inconstitucional el artículo 491-A de dicho código [ley blindaje], que fijaba un plazo de dos meses para investigar a los diputados.

El pasado 28 de abril, la CSJ abrió un espacio de 10 días para que particulares emitieran opinión sobre el recurso interpuesto por Cruz, jurista que está a cargo de varios de los procesos que tiene el expresidente Ricardo Martinelli en el alto tribunal de justicia.

Precisamente, la disposición 491-A se declaró ilegal, luego de que el magistrado de la Corte Oydén Ortega Durán lo demandara. Ortega es el fiscal de la causa que sigue la Corte Suprema al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por la supuesta comisión del delito de peculado en la asignación de contratos, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional, para la compra de comida deshidratada por $44.9 millones.

En su recurso, Cruz alega que si la Corte declaró inconstitucional el 491-A debe hacer lo mismo con el 470, “ya que se trata de la misma materia”. Mientras que, en agosto de 2015, Alma Cortés, exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral durante el gobierno pasado, y otra de las que integran el equipo legal de Martinelli, también pidió que se declaren inconstitucionales los artículos 470 y 479 del Código Procesal Penal.

Cortés considera que estas disposiciones conceden una protección especial al Presidente de la República al momento de enfrentar una investigación de carácter penal.

EL PEDIDO DEL PRESIDENTE

El tema también está en el radar del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien en noviembre de 2015 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una objeción de inexequibilidad de cuatro artículos del proyecto de ley 214, del 29 de octubre de 2015, conocido como “ley superblindaje”. El mandatario solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declaren inconstitucionales las disposiciones 1, 5, 10 y 12 de la mencionada norma.

Las mismas conceden un plazo de cuatro meses para investigar los procesos penales contra el Presidente de la República, los magistrados de la CSJ y los diputados.

Además, exigen que las denuncias y querellas aporten elementos de convicción que vinculen al funcionario señalado.

En octubre de 2015, Varela vetó los artículos del proyecto de ley 214, pero, el día 29 de ese mismo mes, la Asamblea Nacional lo aprobó por insistencia y lo remitió a la Corte, que ahora debe establecer si los declara inconstitucionales o no.

Varela argumenta en este caso que los cuatro artículos establecen “un estado privilegiado” a los funcionarios de alta jerarquía dentro de los tres órganos del Estado, a la hora de ser investigados penalmente.

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