23 organizaciones de derechos humanos piden a Estados Unidos que imponga sanciones a Ricardo Martinelli

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Ricardo Martinelli está detenido en Miami desde el 12 de junio pasado. Ricardo Martinelli está detenido en Miami desde el 12 de junio pasado.
Ricardo Martinelli está detenido en Miami desde el 12 de junio pasado. AP

23 organizaciones de derechos humanos solicitaron a los secretarios de Estado y del Tesoro estadounidense que imponga sanciones al expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenido desde el 12 de junio en Miami, Florida, a la espera de ser extraditado a Panamá.

La carta fue dirigida este 13 de septiembre a Rex Tillerson y Steven Mnuchin, secretarios de Estado y del Tesoro, respectivamente, y en ella se solicita la aplicación del Global Magnitsky Act (o Ley Magnitsky), que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos, con sanciones como el retiro de visas y el congelamiento de activos que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

"En su mandato presidencial, Martinelli y sus más allegados malversaron más de $100 millones de fondos destinados a programas de ayuda social", señalan las 23 organizaciones firmantes. Adicional, recuerdan que el expresidente fue identificado como parte de un esquema de sobornos por un exejecutivo de la multinacional SAP, sancionado por ofrecer sobornos a funcionarios panameños a cambio de contratos con el Estado.

[Lea la carta a Rex Tillerson y Steven Mnuchin aquí].

Precisamente, Tillerson es quien debe tomar la decisión final sobre la extradición de Martinelli a Panamá, luego de que el juez federal Edwin Torres certificara que la solicitud de entrega que envió Panamá a Estados Unidos cumple con los requisitos de los tratados y convenios firmados por ambas naciones. Martinelli es requerido por la interceptación no autorizada de las comunicaciones por funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.

Además de Martinelli, se piden sanciones para los jueces de la Corte Penal de Arabia Saudita, así como para Felipe Flores Velásquez, exsecretario de Seguridad de Igualá, México; Mirgafar Seyidov, jefe de la policía de Azerbaiyán; Ali bin Fadhul Al Buainain, procurador de Baréin; Mohamed Ali Hussein y Mohamed Khalessi, jefe de la Policía de Ismailia y asistente en el Ministerio del Interior de Egipto, respectivamente; Fu Zhenghua, viceministro de Seguridad de China; Saimumin Sattorovich Yatimov, jefe del comité de seguridad nacional de Tayikistán; Artyem Yurevich, hijo del procurador general de Rusia, y Dmytro Firtash, de Ucrania, dueño del Grupo DF, que agrupa empresas de energía, medios de comunicación y banca.  

También incluyen en la lista de sancionables al comandante del Ejército de Uzbekistán, Rustam Rasulovick Inoyatov; el coronel Vun Van Lau, director del Departamento de Seguridad Pública en la provincia de Gia Lai, Vietnam; el director de un banco de la República de Gabón, Francis Selemani Mtwale; el jefe del comité judicial del Senado de Liberia, Varney Gbotonambi Sherman, y un caballero de Etiopía -no identificado en la carta- con casos de tortura y asalto sexual.

Entre los firmantes de la carta están Human Rights Watch (HRW), Transparencia Internacional, Freedom House y Reporteros sin Fronteras, entre otros. Ponen a disposición de Tillerson y Mnuchin documentos que sustentan las acusaciones de corrupción y violación de derechos humanos, de cada una de las personalidades listadas.

La Ley Magnitsky es una ley aprobada en Estados Unidos en 2012, que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos. Inicialmente, fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el homicidio del abogado Sergei Magnitsky, en noviembre de 2009. En diciembre de 2016, la ley fue enmendada por el Congreso estadounidense, con el propósito de ampliar esas sanciones a otros ciudadanos.

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