EL JUEZ ADOLFO MEJÍA SENTENCIÓ QUE ANABELLE VILLAMONTE NO VIOLÓ LA LEY

Entuertos en Juan Hombrón

Tras la apelación de la fiscal Ruth Morcillo, el caso de Juan Hombrón pasará al Segundo Tribunal Superior.

Manglar. La exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte adjudicó 54 hectáreas costeras de Coclé a 12 sociedades de la familia del ministro de Presidencia, Demetrio Papadimitriu. LA PRENSA/Archivo Manglar. La exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte adjudicó 54 hectáreas costeras de Coclé a 12 sociedades de la familia del ministro de Presidencia, Demetrio Papadimitriu. LA PRENSA/Archivo
Manglar. La exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte adjudicó 54 hectáreas costeras de Coclé a 12 sociedades de la familia del ministro de Presidencia, Demetrio Papadimitriu. LA PRENSA/Archivo

La Constitución Política de Panamá y el Código Judicial son claros: los jueces y magistrados no pueden participar en política, ejercer la abogacía o el comercio.

A pesar de ello, el juez tercero de circuito de lo penal, Adolfo Mejía Cáceres, ejerce en la actualidad como agente residente de, al menos, tres sociedades anónimas, según documentación que aparece en la base de datos del Registro Público (ver facsímil).

Entre los documentos que reposan en la página oficial del Registro Público no se encontró ninguno que diera fe de que el juez Mejía hubiese renunciado al cargo de agente residente.

Mejía es el mismo juez que el pasado 14 de junio absolvió de toda responsabilidad penal a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, en el proceso de titulación gratuita de 54 hectáreas con frente de mar en la comunidad coclesana de Juan Hombrón.

El artículo 46 del Código Judicial establece que los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público “son incompatibles”, entre otras cosas con el ejercicio de la abogacía. Lo mismo se estipula en el artículo 212 de la Constitución Política.

Este diario intentó obtener una reacción del juez al respecto, pero no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes enviados por correo electrónico a la Dirección de Comunicación del Órgano Judicial.

Al tratarse de una falta a la ética judicial, el caso del juez Mejía deberá ser ventilado por el Segundo Tribunal Superior, integrado por los magistrados Elvia Batista, Joaquín Ortega, Luis Mario Carrasco y Virna González.

Ese mismo tribunal deberá analizar la apelación presentada por la fiscal Ruth Morcillo, en el caso de Juan Hombrón.

ALTO PERFIL

El hoy juez tercero de circuito de lo penal logró su idoneidad en 1979, ejerció como fiscal en la década de 1980 y obtuvo una maestría en ciencias penales en 2003.

El juez Mejía ha estado y está al frente de importantes casos. Por ejemplo, fue quien absolvió este año a nueve investigados por tráfico de personas; el que condenó a seis años a Dalvis Sánchez, secretaria administrativa de la Presidencia durante el mandato de Mireya Moscoso, por el caso de los durodólares; el que concedió fianza de excarcelación, por $4.2 millones, a Ernesto Chong Coronado, por el caso David Murcia, así como el que manejó el proceso del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán por lavado de dinero.

En la actualidad tiene el expediente que sigue la Fiscalía Anticorrupción a la exdirectora de Migración María Cristina González por la supuesta venta de visas; así como el caso del exmagistrado Dulio Arrocha por falsificación de diploma.

EL FALLO

El principal argumento utilizado por el juez Mejía para sentenciar que las 54 hectáreas de Juan Hombrón podían ser adjudicadas y, por consiguiente, que Anabelle Villamonte no había cometido ilegalidad alguna, es que los supuestos derechos posesorios que sustentaron las titulaciones son previos a que el sitio fuera declarado área protegida.

Se basa el juez tercero en la excepción que establece la Ley 80 de 2009 (sobre titulación de islas y costas) para las áreas declaradas inadjudicables.

“No serán objeto de titulación la zona de manglares, los territorios indígenas y comarcales, las áreas protegidas y cualquier otro territorio sujeto a restricciones legales de apropiación privada.... En las áreas protegidas no se harán reconocimientos de derechos posesorios, salvo que estos se hubieran iniciado con anterioridad a la fecha de la declaratoria de dichas áreas. En este caso, para el aprovechamiento del predio, el titular se sujetará a la normativa ambiental o reglamento aplicable”, establece el artículo 10.

En su fallo, el juez Mejía determina que estos derechos posesorios son previos a las declaraciones de área protegida, que es de 2005.

Y como prueba, únicamente cita las declaraciones juradas de quienes alegaron tener esos derechos posesorios. “... se observa en el expediente, las declaraciones juradas de... quienes explican cómo realizaron el trámite para la cesión de sus derechos posesorios a las sociedades mencionadas en esta investigación... Se observa en estas declaraciones que los mismos ostentaban el derecho posesorio entre (sic) 9 y más de 20 años en el lugar”, afirma el juez Mejía en su fallo.

Sin embargo, los trámites de reconocimiento de los derechos posesorios se iniciaron a finales de 2010, con Anabelle Villamonte como abogada, y culminaron en mayo de 2011, cuando la exfuncionaria estaba al frente de la institución que reconocía y titulaba esos derechos posesorios (ver cuadro).

ANATI, EN ACCIÓN

Tras el largo silencio del director de la Anati, Franklin Oduber, que se ha negado a hablar de Juan Hombrón alegando que el caso estaba en los tribunales, las cosas cambiaron repentinamente.

El pasado 22 de junio la Anati publicó en todos los diarios del país un comunicado en el que relataba la situación desde que el Consejo Consultivo de Tierras solicitara una investigación, pasando por las resoluciones emitidas para anular las titulaciones y los recursos presentados contra ellas.

El 25 de junio y pasadas las 9:00 de la noche, la Anati envió otro comunicado en el que explicaba que se habían presentado un recurso de reconsideración y un incidente de nulidad contra las resoluciones que revocaron las titulaciones hechas por Anabelle Villamonte, y que aún faltaba el recurso de apelación.

El segundo comunicado agregaba que tras concluir todos los recursos administrativos, “procede que el Órgano Ejecutivo instruya al Procurador General de la Nación, mediante decreto ejecutivo, a promover las acciones civiles pertinentes para las cancelaciones de las inscripciones ante el Registro Público y consecuente recuperación de las 14 fincas a nombre de la Nación, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la república de Panamá”.

Es decir, la vía legal para que las 54 hectáreas de Juan Hombrón puedan ser devueltas a la Nación será larga y azarosa.

Finalmente ayer, la Anati invitó a una conferencia de prensa para la mañana de hoy en la playa de Juan Hombrón. No se informó el motivo de la conferencia ni las razones por las que la Anati decidió realizarla en la apartada comunidad ubicada en la costa coclesana.

Tampoco se sabe si la Anati tomó en cuenta, para escoger el lugar de la cita, las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil sobre las altas mareas que estos días se esperan en el Pacífico panameño.

Las pasiones alrededor de una playa coclesana

Después de que en la tarde del lunes pasado se distribuyeran en las calles de la ciudad volantes que acusaban al vicepresidente, Juan Carlos Varela, de tener intereses en las tierras de Juan Hombrón y en areneras, dos altos funcionarios del Gobierno declararon lo mismo en televisión.

Primero fue el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, en el programa Debate Abierto. Al día siguiente lo hizo el viceministro de Gobierno, Javier Tejeira, en el noticiero matutino de TVN.

“Ambos temas son vox populi en las calles desde hace mucho...”, fue la respuesta de Camacho cuando este diario le preguntó si esta coincidencia significaba que el Gobierno o el partido Cambio Democrático eran responsables de las volantes y de su distribución. Camacho negó este hecho.

Por su parte, el viceministro Tejeira citó el proceso judicial relacionado con la hacienda Santa Mónica (cercana a las polémicas tierras de Juan Hombrón). “Una de las personas más beneficiadas es Gilberto Arias, nombrado por Varela como embajador en Londres”, afirmó Tejeira, al tiempo que daba detalles de una diligencia judicial relacionada con la citada hacienda.

También esta semana ha habido movimiento relacionado con quienes alegan ser dueños de los derechos posesorios que sustentaron las titulaciones en Juan Hombrón. Raúl Mata, en calidad de intermediario, así como un grupo de lugareños, acudieron primero a la Procuraduría y luego estuvieron en el noticiero de Telemetro asegurando estar preocupados por el destino de la tierra que, dicen, les pertenecía. Según Mata, la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, ha pagado más de $4 millones a los pescadores y residentes.

Mata agregó que se pagó a $7 el metro, pero que el precio de venta fue de $10, ya que “hay $3 allí que era la comisión”.

Mata afirmó que llegó a tramitar la venta de los terrenos con Anabelle Villamonte y luego, cuando ella asumió el puesto de directora de Catastro, se despidió de ellos. Nos dijo que se tenía que retirar.

“En su lugar, Marcelino [Ramos] fue el que nos pagó” los derechos posesorios y José Fernández (que también logró titular un terreno gratuitamente) continuó con el proceso de traspaso de las tierras.

Sin embargo, el monto es muy inferior a lo que se cotiza en el mercado local: entre $150 y $250 el metro cuadrado. Es decir, las 54 hectáreas valdrían entre $81 millones y $135 millones.

Ereida Prieto-Barreiro

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