SALA III DE LA CORTE SUPREMA ANULA RESOLUCIONES DE AMP

Incertidumbre ronda Coco Solo

Un reciente fallo ordena la entrega de tierras hoy en manos del grupo Evergreen a Coassa. Sin embargo, la cesión fue aprobada por la Asamblea.
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La vieja disputa por tierras para ampliar las actividades portuarias en Coco Solo, en Colón, tiene un nuevo y complicado capítulo.

La Sala III de la Corte Suprema de Justicia, con la ponencia del magistrado Víctor Benavides, acaba de anular una resolución de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que, entre otras cosas, otorgó en 2008 a Colon Cointainer Terminal S.A., del grupo Evergreen, la llamada Parcela “E” de un poco más de 12 hectáreas para la expansión de sus operaciones (2a en el mapa).

La beneficiaria del fallo, suscrito también por los magistrados Alejandro Moncada y Winston Spadafora, es la empresa Colon Oil and Services S.A. (Coassa) –un centro de acopio de combustible e hidrocarburos ubicado entre los puertos de Evergreen y Manzanillo Internacional Terminal, originalmente propiedad de Samuel Israel.

Desde enero pasado, Coassa pertenece a la transnacional alemana Oiltanking. “Tuve que vender, ya no aguantaba más... fue una lucha de muchos años defendiendo mis derechos”, relató Israel a este diario.

Coassa es heredera de la empresa Colón Port Terminal S.A. (propiedad del exalcalde de Colón Alcibiades González y de Dino Cipponeri), que obtuvo en 1997 la concesión de los muelles 3 y 4 de Coco Solo.

Fallo contra ley

Israel está contento porque, asegura, “se hizo justicia”. Relata que formalizó su petición de parte de la Parcela E en 2006 y la reiteró en 2007, pero la AMP nunca le contestó. En su lugar, la institución, entonces a cargo de Rubén Arosemena, emitió la Resolución No. 037-08 de 19 de junio de 2008 otorgándole la tierra a Evergreen.

Justamente, el haber formalizado primero su petición, es prácticamente el único argumento utilizado por los magistrados de la Sala III para darle la razón a Israel.

A pesar de ello, el destino de la citada Parcela “E” y otras tierras cedidas al grupo Evergreen por la resolución anulada está aún por definirse.

Y es que el contenido de la resolución de la AMP anulada por el fallo del pasado 21 de julio, se convirtió en la Ley 70 de 2008 y forma parte de la Addenda No. 2 del contrato ley suscrito entre el grupo Evergreen y el Estado panameño. Es decir, la cesión de tierras hechas al citado operador portuario es ya ley de la República y, en consecuencia, escapa de la jurisdicción de la Sala Contencioso Administrativo de la Corte.

Este argumento fue citado por el procurador de la Nación, Óscar Ceville, para oponerse a la petición de Coassa: “Aun en el evento de que el acto acusado fuese declarado ilegal por ese tribunal, la aprobación de la adenda al Contrato Ley 12 del 3 de enero de 1996, por parte de la Asamblea, seguirá surtiendo todos los efectos jurídicos...”.

En otras palabras, aunque el fallo anule la resolución de la AMP que cedía las tierras, queda vigente la addenda al contrato ley con el grupo Evergreen que recoge, precisamente, el contenido de la resolución de la AMP anulada por la Corte.

Tanto el procurador Ceville como varios juristas consultados por este diario, que pidieron expresamente que sus nombres no fueran mencionados, aludieron al concepto de “sustracción de materia” para descalificar la actuación de los magistrados Benavides, Moncada y Spadafora.

“Es una victoria vacía de contenido”; “no tiene el menor efecto”; “es una aberración jurídica”, fueron las frases utilizadas por los citados juristas al referirse al fallo de la Corte.

El caso Manzanillo

La sentencia de julio pasado de la Sala III se suma a otra emitida en diciembre de 2010 que, igualmente, anuló una resolución de la AMP que, en este caso, había cedido una finca de un poco más de una hectárea a Manzanillo.

La controversia en torno a esta finca se remonta, según relata Israel, a la cesión que hiciera a Manzanillo –en una negociación nada amistosa, según relató– del muelle 4, con el expresidente Martín Torrijos y su ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, como negociadores.

Según Israel, a cambio de su cesión, se le dijo que le darían en concesión un área de un poco más de una hectárea cercana a su empresa (1a en el mapa).

También en este caso Israel formalizó su petición en 2006, pero recibió una desagradable noticia: el Departamento de Concesiones de la AMP consideró “no viable” su petición, por tratarse de la misma finca solicitada por Manzanillo, empresa que obtiene finalmente la concesión en 2007.

El entonces propietario de Coassa acudió a la Corte y, tres años después, con la ponencia del magistrado Alejandro Moncada, logró su objetivo: la anulación de las resoluciones de la AMP que otorgaron la concesión de la codiciada parcela a Manzanillo.

Moncada y sus colegas consideraron que Coassa tenía derecho a la concesión por haber formalizado primero su petición, rechazando los argumentos del equipo legal de Manzanillo, en el sentido de que la ampliación de su operación representaba “el mayor interés público”.

Tras el fallo de diciembre de 2010, la finca fue entregada a la AMP. “Hemos acatado el fallo de la Corte y entregado el área de la concesión”, explicó a este diario el gerente de Manzanillo, Carlos Urriola, con evidente resignación.

Incertidumbre

La hoy más vigente que nunca pelea por obtener tierras para ampliar las operaciones portuarias de Evergreen, tuvo un momento álgido en 2006, cuando su presidente, Lin Shyh Horng, le envió una carta a Rubén Arosemena, en la que se lamentaba de que la AMP no formalizara la cesión de las 12 hectáreas solicitadas. “...Nuestra empresa está en espera de que el Gobierno cumpla con su palabra empeñada y se formalice dicha entrega”, señaló Shyh Horng en una misiva del 3 de octubre de 2006 en relación a la parcela E.

La reacción de Israel a tal reclamo no fue menos contundente: “...en los planos originales no aparecen por ninguna parte los terrenos como parte de CCT [del grupo Evergreen]”.

La batalla en la AMP la ganó Evergreen en 2008 y, como consecuencia, entregó al gobierno de la época un adelanto de $11.3 millones en concepto de canon para “financiar obras sociales en la provincia de Colón” (ver facsímil).

Ahora, con el polémico fallo que le otorga la razón –y las tierras– a Coassa, son muchas las preguntas que deben ser contestadas. ¿Impulsará el Gobierno una reforma legal para adaptar el contrato ley con Evergreen a lo decidido por la Corte? ¿Qué pasará con los millones adelantados por el operador portuario y qué hará la empresa?

Por el momento, los representantes del grupo Evergreen guardan silencio. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por este diario, fue imposible obtener su reacción o la de su abogado, Aníbal Galindo.

Tampoco se obtuvo una explicación de la AMP sobre lo que sucederá con la codiciada Parcela “E” y la controversia que, ahora, tiene como protagonista a la empresa alemana Oiltanking.

Con todos lo interrogantes planteados por el fallo de la Corte y el silencio de los protagonistas, habrá que esperar el siguiente capítulo de esta larga y complicada historia.

Los menguantes manglares

El polémico fallo emitido por la Sala III de la Corte tiene, además, una consecuencia en el plano ambiental. Y es que, tras una intensa lucha encabezada por el sociólogo y director del laboratorio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Isla Galeta (Colón), Stanley Heckadon, la empresa del grupo Evergreen aceptó devolver unas tres hectáreas cedidas para su operación en 2005, para la creación de un área de amortiguamiento para la protección de los cada vez más reducidos y afectados manglares que una vez abundaron en las costas colonenses.

Ese acuerdo fue avalado por la AMP en 2008, en una de las resoluciones ahora anulada por el reciente fallo, cuyo ponente fue el magistrado Víctor Benavides.

Al saber lo sucedido Heckadon se mostró muy preocupado por el destino del laboratorio de Isla Galeta, los manglares que lo rodean y el futuro de Colón. “Últimamente hemos visto por el área a gente haciendo mediciones. Me dicen que hay otra concesión portuaria que afectará los manglares que bordean la laguna de Margarita, y eso sería una tragedia. No hemos podido confirmar nada... no nos dan información”, se lamentó.

Lina vega abad

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