humedales de la bahía de panamá

Las defensas del manglar

La alcaldesa, Roxana Méndez, aseguró ayer que por el momento están suspendidas todas las intervenciones en el área de los manglares.

El magistrado presidente de la Corte Suprema, Alejandro Moncada, quien junto a su colega suplente, Efrén Tello, aprobó el 27 de abril de 2012 la suspensión provisional de la declaratoria de área protegida para el humedal de la bahía de Panamá, se aparta del caso.

El 7 de agosto pasado, Moncada solicitó a sus colegas ser separado del conocimiento de la acción de nulidad que al respecto analiza la Sala Tercera de la Corte, debido a que su prima hermana Celma Moncada se presentó como tercera interesada, en representación de la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.

La petición fue aceptada por sus colegas, los magistrados Víctor Benavides y Luis Ramón Fábrega y, desde el 14 de agosto, el magistrado de la Sala Civil Hernán de León lo sustituyó en la polémica controversia legal que tiene a las agrupaciones ambientalistas del país en pie de guerra.

La prima del magistrado Moncada no es la única que se ha sumado al proceso en defensa de los manglares de la bahía, considerados desde 2003 “Humedal de importancia internacional” por la Convención Ramsar.

También se unió la Fundación MarViva, la Sociedad Audobon de Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda y el secretario del Partido Revolucionario Democrático, Mitchell Doens.

Refuerzo

Pero los terceros interesados en la defensa de los manglares no están solos. El procurador de la Administración, Óscar Ceville, considera que la resolución emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) el 3 de febrero de 2009 para crear el área protegida es legal.

“La declaratoria de un espacio natural como área protegida constituye una decisión administrativa que obedece al fiel cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 118 y 120 de nuestra Constitución Política, los cuales establecen el deber que tiene el Estado de garantizar que la población viva en un ambiente sano...”.

Este y otros argumentos sustentan el concepto de la Procuraduría de Administración del pasado 3 de agosto, como parte del proceso de nulidad que busca la derogatoria definitiva de la resolución de la Anam que creó una zona protegida adicional .

El argumento del demandante es que la decisión de la Anam fue tomada sin permitir la participación ciudadana, tal y como ordena la Ley 6 de 2002.

Ceville, por el contrario, considera que las consultas públicas que establece la Ley 6 no aplican para la creación de áreas protegidas, sino en el caso de la construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas de servicios.

Ahora, tras la opinión emitida por el procurador de la Administración, y la salida del magistrado Moncada del conocimiento del caso, el proceso debe avanzar en el análisis de la petición de levantar la suspensión de la resolución de la Anam, solicitada por todos los terceros que han acudido al proceso.

En tanto, fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que la denuncia presentada el 10 de este mes por el Centro de Incidencia Ambiental y la Fundación MarViva, por presuntos delitos contra el ambiente relacionados con los humedales de la bahía de Panamá, incluyendo el sitio Ramsar, es tramitada en la División de Ambiente de la Dirección de Investigación Judicial.

De acuerdo con las fuentes, la denuncia pasó a dicha división la semana pasada y aún no ha sido remitida a la Fiscalía Quinta de Circuito, que investiga los delitos ambientales.

Para los denunciantes, la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios ponen en riesgo los humedales, que son parte de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras.

Amenazas y propuestas

Mientras la Sala Tercera de la Corte se pronuncia sobre la demanda de nulidad y la resolución de la Anam suspendida, los proyectos que se pretenden construir en el área navegan entre el viento de la institucionalidad a favor y el creciente rechazo social (ver nota relacionada).

Según datos recabados de diversas fuentes, 21 proyectos (8 con permisos previos al fallo de la Corte) se construyen o se pretenden construir en el área (ver mapa).

Para algunos, como el caso de La Marina –que cuenta con tres polígonos y uno de ellos asentado completamente en el humedal (7)–, la decisión de la Corte y la rebaja en la multa para quien corte o destruya mangle aprobada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap), parece haber sido un trámite esperado.

Al menos así lo demuestra la sucesión de acontecimientos. Primero vino la resolución de la Sala Tercera, que suspendió la protección del manglar el 27 de abril; luego, la Arap rebajó sustancialmente las multas el 23 de mayo. Dos días después, el 25 de mayo, La Marina obtuvo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) la aprobación necesaria denominada “esquema de ordenamiento territorial”.

El caso de los demás proyectos es variado. Algunos cuentan con todos los permisos (Panamá Bay o Costa del Sol), mientras que la mayoría los está tramitando.

Al respecto, la alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez, aseguró ayer que, por el momento, se mantiene la suspensión de cualquier intervención en el área.

Méndez citó el trabajo de la mesa creada para analizar la situación, en la que participan todos los sectores involucrados e especialistas. “Estuvimos revisando y la conclusión a la que se llegó es que... también se mantenga una zona de reserva que no sea intervenida en el futuro, para garantizar la preservación de manglares y humedales... y para eso la Alcaldía ya inició un trámite que requiere la Autoridad Nacional del Ambiente...”, dijo.

Por su parte, Juan Manuel Vásquez, jefe de Ingeniería Municipal, recalcó que se analiza “la colindancia del humedal bahía de Panamá... o zonas grises, donde hay áreas en donde pudieran haber habido algunas aprobaciones de proyecto porque están fuera del humedal, pero que por su cercanía lo pudieran impactar”.

Finalmente, la alcaldesa aludió a las “zonas verdes urbanas” bajo responsabilidad del Miviot. “Este tema está en discusión y evaluación a ver si realmente es conveniente el seguir desarrollando obras o es preferible, por lo contrario, mantener como una zona no desarrollable”, agregó Méndez.

(Con información de Urania Molina y Elio Núñez).

Manglar de la bahía une a la Concertación

Los grupos ambientalistas representados en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo lograron ayer de manera unánime la aprobación de un acuerdo de protección a los manglares de la bahía de Panamá, amenazados desde que el pasado 27 de abril la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió la vigencia de una resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Zuleika Pinzón, directora de la Fundación MarViva, explicó que 19 sectores se identificaron con esta preocupación, por lo que los diferentes comisionados de la Concertación coincidieron en que “se trata de un problema de Estado y de protección de derechos humanos”, teniendo en cuenta que las afectaciones a los manglares se traducen posteriormente en inundaciones a las comunidades, lo que pone en riesgo la vida de las personas.

Destacó que el acuerdo, que contiene 15 aspectos, incluye soluciones inmediatas, como la aprobación de una ley especial de manglares, y que se suspendan los proyectos cerca o dentro de las áreas protegidas. En consecuencia, añadió Pinzón, es necesaria la participación de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Alcaldía de Panamá y otras entidades vinculadas al tema como la Anam o el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial (Miviot).

Además, la activista solicitó a la Corte Suprema de Justicia que restituya la vigencia de las resoluciones de la Anam que crearon las áreas protegidas del humedal de la bahía de Panamá y de Donoso, en Colón, suspendidas provisionalmente con la presentación de demandas de nulidad.

Los ambientalistas también pidieron al Ejecutivo restablecer el valor de las tarifas para la tala de mangle y multas por la tala ilegal, rebajadas por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

Los grupos que participaron en el encuentro de ayer esperan que el Miviot suspenda la aprobación de los llamados esquemas de ordenamiento territorial otorgados a varios proyectos del área, en violación de los usos de suelo vigentes.

Con esta reunión, los sectores defensores del medio ambiente finalmente lograron, tras cuatro intentos previos, presentar el tema de los manglares ante la Concertación. Previamente hubo tres reuniones que no lograron el quórum, y dos convocatorias que fueron suspendidas.

El secretario ejecutivo de la Concertación, Jaime Jácome, expresó que los sectores se sintieron identificados con la situación de peligro, por lo que apeló al sentido de corresponsabilidad.

Didier Hernán Gil Gil

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