LAS TITULACIONES EN JUAN HOMBRÓN

El manglar que ningún funcionario vio

Importantes cargos de la ARAP son ocupados por personas que están o han estado vinculadas con la familia Papadimitriu.
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El pasado 9 de noviembre, el presidente, Ricardo Martinelli, apareció sorpresivamente en el programa “La Última Hora” de TVN, para anunciar –junto al nuevo administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Franklin Oduber– que las 54 hectáreas cedidas gratuitamente por la exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte, en la costa coclesana de Juan Hombrón, volvían a ser tierras nacionales.

Aunque el anuncio presidencial requiere aún de un pronunciamiento judicial, la decisión administrativa solo puede justificarse con el hallazgo de irregularidades en el procedimiento que avaló Villamonte.

Pero, mientras se divulga el fundamento de esta decisión, y la investigación que realiza el Ministerio Público determina si hay responsabilidades penales en lo sucedido, un tema sigue llamando la atención: ¿Cómo un área costera con un gran estero y abundante manglar pudo pasar a manos particulares, a pesar de la expresa prohibición que al respecto establece el artículo 10 de la Ley 80 de 2009 que regula el proceso de reconocimiento de derechos posesorios en islas y costas?

El hecho sorprende, especialmente porque todas las resoluciones de adjudicación avaladas por Villamonte (la abogada y exempleada de la empresa Deli Fish, propiedad de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu) son categóricas al negar la existencia de manglar.

La frase “el predio no constituye área de bosque de mangle y se encuentra dentro de la zona costera adjudicable” se repite, cual letanía, en 13 de las 14 resoluciones de adjudicación. Solo en una el texto varía, aunque únicamente en la forma: “...no menciona [el informe técnico] la afectación de algún ecosistema marino-costero...”.

Según se explica en las citadas resoluciones de adjudicación, el dato –la inexistencia de mangle– es parte de los informes de inspección ocular y geodésico expedidos por la Oficina Regional de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales de la provincia de Coclé.

Sin embargo, una visita al sitio y un sobrevuelo hecho por este diario dejaron en evidencia que la zona titulada por Villamonte forma parte de un gran estero con abundante mangle (ver fotografías).

Además, fuentes consultadas por este medio, que pidieron la protección del anonimato, aseguran que el área de la costa coclesana que fue titulada por Villamonte fue fotografiada por el equipo del Instituto Geográfico Nacional Tomás Guardia y clasificado como “inadjudicable”, justamente por tratarse de un manglar.

Las fuentes hablan de un documento fotográfico (llamado ortofoto) que, aseguran, reposaba en la institución.

Este diario intentó obtener copia del citado informe de la Anati, institución a la que ahora pertenece el Instituto Tomás Guardia, pero fue imposible. A pesar de que se trata de información pública, se negaron a darla alegando que no podían proporcionarla debido a las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

Fallida protección

Desde la aprobación en 1998 de la Ley General de Ambiente, los recursos marinos costeros (entre los que están los esteros y manglares) constituyen patrimonio nacional, cuyo aprovechamiento, manejo y conservación está, desde 2006, bajo la tutela de la Autoridad Nacional de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

En realidad, la protección legal de los manglares se remonta en Panamá al año 1918 al aprobarse la Ley 27 (reformada en 1925 y en 1928), identificándolos como ecosistemas fundamentales para la reproducción de especies marinas y la protección de las costas.

En 1989, Panamá se adhirió a la convención relativa a los humedales de importancia internacional, conocida como Convención Ramsar, comprometiéndose a la protección de estos importantes ecosistemas marinos.

Además de lo anterior, la protección de los manglares de la costa de Coclé tuvo en 2005 un refuerzo adicional, cuando el Consejo Municipal de Antón aprobó un acuerdo en el que se declaró el área como “reserva ecológica y forestal del distrito de Antón”.

Este acuerdo establece que se solicitaría la colaboración de otras instancias, como la Dirección de Reforma Agraria, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Gobernación de Coclé para proteger el área y su disposición para el “progreso humano y el desarrollo del medio ambiente”.

Por ello, el presidente del Consejo Municipal de Antón, Armando Reyes, explicó a este diario que, tras enterarse de las titulaciones de Juan Hombrón, pidieron la comparecencia de los responsables de las direcciones regionales de Catastro y de la Anam. Hasta ahora, la petición ha sido ignorada.

En consecuencia, Reyes solicitó a las autoridades nacionales que respeten los acuerdos municipales y que se protejan los ecosistemas marinos que, añadió, “dan sustento a una gran cantidad de pescadores del distrito”.

Además de ello, la costa coclesana ha sido catalogada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) como de “alta” y “muy alta” susceptibilidad a inundaciones, lo que hace vital la protección de los manglares existentes.

Sin embargo, ni los compromisos internacionales ni las normas nacionales o los acuerdos municipales, ni siquiera la penalización que al respecto establece la legislación penal ambiental o la advertencia del Sinaproc, evitó que Anabelle Villamonte titulara las 54 hectáreas que pasaron en seis meses a manos de 12 sociedades anónimas y a dos particulares.

La negación de la existencia de manglar en las resoluciones de adjudicación llama además la atención porque su existencia se menciona expresamente en algunos de los contratos de cesiones de los derechos posesorios, así como en una certificación emitida por la corregiduría de Antón, documentos que forman parte de las pruebas que, en su momento, debió haber analizado Villamonte para llevar a cabo las polémicas titulaciones.

SILENCIO OFICIAL

Este medio obtuvo copia de documentos firmados por Villamonte que indican que el proceso de cesión de tierras nacionales que realizaba la Dirección de Catastro (hoy Dirección de Titulación de la Anati) incluía la participación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), así como la autorización de la ARAP, con el objetivo de descartar que se tratase de una zona de manglar (ver facsímiles).

En otras palabras, en cumplimiento de la prohibición legal de adjudicar manglares –que establece el artículo 10 de la Ley 80– el proceso de titulación por parte de Catastro/Anati incluye, como paso previo, la intervención del Miviot y el señalamiento por parte de la ARAP de que la tierra solicitada no es área de manglar.

¿Pidió Villamonte en el caso de Juan Hombrón la intervención del Miviot y de la ARAP? Este diario intentó resolver esa interrogante preguntándoles a los responsables del Miviot, pero tampoco hubo respuesta.

Igual suerte hubo con la ARAP. Las preguntas que al respecto hizo y reiteró este diario a la institución responsable de la protección de los manglares, nunca fueron contestadas.

Finalmente, por tratarse de áreas protegidas por decisión del Municipio de Antón, se le solicitó a la Anam información sobre su vinculación en el proceso de titulación de Juan Hombrón. Nuevamente silencio oficial.

VÍNCULOS SIN FIN

“Yo nunca he ido a Juan Hombrón... No se ni dónde queda Juan Hombrón... Quiero decirle hasta en chino...”, fue la última reacción pública que tuvo el ministro Demetrio Papadimitriu sobre las tierras tituladas por Villamonte en la costa coclesana.

Sin embargo, investigaciones de este diario dejan en evidencia que, además de los vínculos ya revelados, otras personas que tienen o han tenido relaciones laborales con empresas de la familia Papadimitriu, dirigen instituciones clave en el proceso de titulación de tierras (ver diagrama).

Y es que en la ARAP, institución clave para el desarrollo de la industria pesquera y que, como se ha dicho, tiene bajo su competencia la protección de los ecosistemas marinos que incluyen los manglares, trabajan personas que están o estuvieron vinculadas a empresas de la familia Papadimitriu.

Una de esas es Sea Deli Panamá (dedicada a la extracción y procesamiento de pescado y mariscos) que tuvo como empleado a Giovanni Lauri, actual administrador de la ARAP.

Lauri fue, entre los años 1984 y 1995, gerente administrativo de Sea Deli, según información emitida por la Asamblea Nacional al ratificarlo en el cargo, en septiembre de 2010.

Además de Lauri, otra persona ligada a los negocios de la familia Papadimitriu fue nombrada por el presidente, Ricardo Martinelli, como miembro de la junta directiva de la ARAP, en representación de “los exportadores de la industria de la pesca y acuicultura agremiada”. Se trata de Elbert Rubio quien, según varias fuentes consultadas por este diario, es una pieza clave en los negocios relacionados con la pesca y afines, que lidera Diamantis Papadimitriu (padre del ministro de la Presidencia).

Por ejemplo, Elbert Rubio y su esposa, Elsie Hernández de Rubio, son suscriptores de la sociedad Camarones de Panamá, que preside Diamantis Papadimitriu.

Rubio también fue parte de otra sociedad ya disuelta de la familia Papadimitriu: Estrella del Pacífico, S.A.

En violación a la Ley 44 de 2007 que crea la ARAP y que incluye reglas sobre incompatibilidades en los nombramientos entre la directiva y los funcionarios, la esposa de Rubio, la ya citada Elsie Hernández de Rubio, ejerce el cargo de secretaria general de la ARAP, con un salario mensual de 2 mil 500 dólares, más mil 500 dólares de gastos de representación.

Además de las conexiones en ARAP, otro nombre relacionado con las empresas de los Papadimitriu surge en la telaraña de vinculaciones que van de la familia del ministro de la Presidencia a Juan Hombrón.

Se trata de Óscar Menacho, quien aparece en una lista del Directorio de Exportadores del Ministerio de Comercio e Industrias como representante de la empresa Sea Deli, de la que fue presidente y tesorero en 1997.

En 2010, Menacho pasó a ocupar un cargo en la directiva de Servicios Transnacionales, sociedad que obtuvo (en un rápido proceso de cinco meses) una generosa concesión de extracción de arena submarina en Capira (dos zonas de 500 hectáreas cada una por 10 años prorrogables), de la que hasta ahora no se conocen mayores detalles.

Antes de la llegada de Menacho a la directiva de Servicios Transnacionales, esta sociedad anónima fue presidida por Sue Helen Scott Lam, empleada de la firma de abogados Ellis & Ellis, con la que se cierra el círculo de vinculaciones entre las tierras de Juan Hombrón y la familia Papadimitriu.

Como se informó previamente, Scott Lam aparece en la directiva de la sociedad La Platea, S.A., cuyos suscriptores son Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas.

Y es justamente esta joven chorrerana quien presidió la sociedad anónima Silo Enterprises, que se convirtió en la primera de las 14 beneficiadas con la generosa cesión de tierras con frente de mar que hizo Anabelle Villamonte en Juan Hombrón, entre diciembre de 2010 y mayo de 2011.

(Con información de Edilsa González).

OTRO CONFLICTO EN JUAN HOMBRÓN

La comunidad de la costa coclesana que cobró notoriedad debido al polémico proceso de reconocimiento de derechos posesorios y consecuente titulación gratuita de 54 hectáreas, va de sobresalto en sobresalto.

Con la llegada de maquinarias y trabajadores, los lugareños y dueños de casas de playa se enteraron de que el Ministerio de Comercio y Industrias (Mici) había dado el primer paso en el proceso de aprobación de una concesión para la extracción de minerales no metálicos (arena continental) a la sociedad Inversiones Playa y Campo.

Efectivamente, la directora Nacional de Recursos Minerales del Mici, Zahadia Barrera, firmó el 31 de marzo una resolución en la que declara a la citada sociedad “elegible” para extraer arena en 50 hectáreas, algunas de las cuales no son propiedad de la sociedad solicitante de la concesión.

La resolución destaca que el documento sería enviado a la alcaldía del distrito para que se fijara por 15 días en un lugar visible de la corregiduría correspondiente.

Sin embargo, esto no sucedió. El alcalde de Antón, Jorge Cáceres, dijo desconocer el documento, así como las intenciones de extraer arena por parte de Inversiones Playa y Campo. “A mi despacho no ha llegado información sobre la concesión. Me enteré por las quejas de la comunidad, por lo que hago un llamado [a las autoridades] para que se cumplan los requisitos que exige la ley, sobre todo la realización de la consulta pública”, advirtió.

Luis Trejos, representante de El Chirú, tampoco sabía del asunto. Trejos explicó que solo tras su expresa petición se le entregó la Resolución 1-A 366-2010, emitida por la Anam, relacionada con la concesión. “Como autoridad, nos preocupa el hecho de que la comunidad desconociera la consulta pública, que supuestamente había hecho la empresa”, destacó.

El pasado 1 de noviembre, más de 100 moradores de Juan Hombrón se reunieron con el alcalde, el representante de El Chirú, personal de Inversiones Playa y Campo, funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y del Mici.

En el encuentro, los moradores expresaron su rechazo a la extracción de arena, sorprendiéndose cuando se enteraron de la existencia de un estudio de impacto ambiental presentado ante la Anam que alude a una consulta pública que, aseguran, nunca se hizo.

La resolución que hace elegible a Inversiones Playa y Campo cita documentos entregados al Mici, como planos e informe de descripción de zonas, evaluaciones de yacimientos y certificados de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, “donde consta el nombre de los dueños de las fincas que se verán afectadas por la solicitud”.

Al respecto, la presidenta de la junta comunal de Juan Hombrón, Damaris Guardia, explicó que, al revisar el expediente en el Mici, se sorprendió al encontrar un documento en el que se asegura que los dueños de las fincas afectadas dieron su consentimiento. “Eso es falso”, afirmó.

Y es que la empresa Inversiones Playa y Campo, representada por Walter Aguilar, solo cuenta con cinco de las cincuenta hectáreas solicitas para extraer 10 mil yardas cúbicas de arena al mes.

Mario Ballesteros, otro de los vecinos afectados, advirtió que presentarán su oposición al proyecto ante el Mici. “De salida nos vamos a oponer, porque si se aprueba esta concesión se dañan los alrededores, las calles y el valor de nuestras fincas”, alertó.

Este medio intentó entrevistar al titular del Mici, Ricardo Quijano, y a la funcionaria Barrera, por más de una semana, pero la jefa de relaciones públicas de la entidad, Tagnia Shocrón, no dio trámite a la solicitud.

Edilsa González Ereida Prieto-Barreiro

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