La Comisión Indígena, encabezada por el Movimiento 10 de Abril (M-10), anunció que ante una mesa de diálogo impositiva y los atropellos policiales al pueblo ngäbe buglé, no le queda otra alternativa que buscar la solución en las calles para lograr la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Ricardo Miranda, dirigente del M-10, señaló que sus hermanos originarios vendrán a esa lucha desde las tres regiones de la comarca Ngäbe Buglé, toda vez que el Gobierno le ha dado más importancia a la empresa Genisa y al muro de Barro Blanco, tras 60 reuniones y cinco meses de diálogo.
Frentes de lucha
El dirigente reconoció que aunque el M-10 se erigió representante del pueblo ngäbe en este conflicto, otros grupos indígenas también expresan el mismo anhelo, y realizan acciones en otras instancias para que se les haga justicia en la defensa de sus recursos naturales.
Tal es el caso de la cacica general Silvia Carrera, de quien señaló viajó a la capital para reunirse con la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Conapip), para buscar apoyo a nivel internacional, frente a lo que denomina “actitud impositiva” e irrespeto del diálogo por parte del Gobierno del presidente Juan Carlos Varela,y el favor que deparan a la empresa Genisa.
Ella está actuando a título personal, no es la Comisión Indígena, pero sus esfuerzos también están encaminados a que el Gobierno cancele la hidroeléctrica, subrayó Miranda.
Petición a la CIDH
En la pugna que mantienen los grupos originarios figura también una solicitud de apoyo dirigida al papa Francisco y, lo más reciente, la solicitud de una medida cautelar en contra del Estado panameño elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, por el Movimiento 22 de Septiembre (M-22), cuyos miembros se identifican con la Congregación Mama Tatda. La petición de la medida cautelar fue tramitada vía internet, el pasado jueves.
Según su representante legal, Víctor Martínez, este recurso busca que la instancia hemisférica solicite la suspensión del proyecto, en base a los perjuicios y violaciones que a los derechos del pueblo originario ha cometido la firma Genisa.
Violaciones
Ayer, el abogado Martínez y la dirigencia del M-22 acudieron a la Cancillería de la República a entregar el poder que le otorga la cacica Pérez, para que le represente en este conflicto.
El jurista explicó que la petición ante la CIDH se basa en que Genisa incurrió en una serie de violaciones a la seguridad jurídica del pueblo ngäbe buglé, incluso, no realizó las consultas que ordena la Ley general de Ambiente, así como al Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, sin excluir las reformas que se le practicaron al contrato del proyecto hidroeléctrico.
Ejecutivo escucha
Al respecto, la Presidencia de la República, a través de su vocero oficial, dijo respetar los recursos que presenten los grupos originarios ante instancias internacionales, los cuales serán respondidos en su momento. El Gobierno Nacional mantiene su postura de llamar al diálogo, pues cree que la solución al conflicto debe ser negociada, lo cual ha demostrado a través de seis meses y más de 20 encuentros, giras y múltiples gestiones técnicas de especialistas, apuntó el vocero.
