Creación de autoridades como ANIP, ‘atenta con la estabilidad institucional’: Corte

La declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip), recupera su vigencia el Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970, que reorganizó la Dirección General de Ingresos.

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El director de la Anip, Luis Cucalón, fue nombrado por el pasado Gobierno hasta 2019. El director de la Anip, Luis Cucalón, fue nombrado por el pasado Gobierno hasta 2019.
El director de la Anip, Luis Cucalón, fue nombrado por el pasado Gobierno hasta 2019.

Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip), recupera su vigencia el Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970, que reorganizó la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda  y Tesoro (hoy Ministerio de Economía y Finanzas).

Así está contenido en el fallo en el que el pleno de la Corte declaró inconstitucional la Ley 24 del 8 de abril de 2013, que creó la ANIP.

El pleno tomó su decisión el pasado 3 de julio, pero el fallo recién fue firmado el pasado 11 de agosto.  Hoy, La Prensa  tuvo acceso al mismo.

La decisión fue apoyada por la mayoría absoluta del pleno, aunque el magistrado Jerónimo Mejía emitió un voto razonado, que todavía no se conoce -por tanto los efectos del fallo no están en firme-.  El ponente fue Luis Ramón Fábrega.

El fallo declara también que todos los actos que celebró ANIP durante su vigencia, “no  se verán afectados con la presente sentencia”.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por Miguel Antonio Bernal Villalaz y Luis Rogelio García.

LA ANIP ‘USURPÓ’ FUNCIONES

A criterio de los magistrados, la creación de la ANIP, como entidad autónoma del Estado, violó la Constitución, ya que a la referida Autoridad “se le asignan funciones que son de la privativa competencia del Presidente de la República, del Ministro de Economía y Finanzas, y dificulta la labor del Consejo de Gabinete al otorgarle funciones a una entidad autónoma cuyo Director no forma parte de dicho  organismo ejecutivo”.

Según el artículo 184 de la Constitución, el Presidente de la República y su ministro de Economía tienen la atribución de vigilar la recaudación y administración de las rentas nacionales.

“En ese sentido, las ANIP usurpa las funciones atribuidas al Presidente de la República con la participación de su Ministro respectivo -según el fallo-. Esta sola situación además de violar la norma constitucional  citada, quebranta la estabilidad institucional que tutela el preámbulo de la Constitución”.

Igualmente, cuestionó que el administrador de ANIP sea designado por un periodo fijo de siete años; esto también atenta contra  el artículo 184 de la Constitución, que otorga al Presidente la facultad de nombrar a los jefes, gerentes y directores de entidades estatales.  “Mal puede aceptarse que una ley establezca que el director de una entidad autónoma como la ANIP… extienda su periodo más allá de la duración del propio gobierno que lo designó”, menciona el fallo.

Pero la creación de ANIP no solo afectó a la rama del Ejecutivo. Los magistrados mencionan que la Autoridad se arrogó  facultades que le corresponden al Órgano Judicial, ya que a la Dirección de Tributación Internacional –que es parte del nuevo ente-  se le concede la responsabilidad de interpretar los tratados o convenios tributarios suscritos por Panamá, así como elaborar las solicitudes de intercambio de información que se requieran de entidades extranjeras.

La ANIP fue propuesta y sancionada hace 16 meses, por el entonces presidente Ricardo Martinelli., quien designó como su director, por un periodo de siete años, a Luis Cucalón. En su mandato, Martinelli creó o reorganizó varias autoridades, como la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, la Autoridad de Servicios Públicos y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, entre otras. En todas nombró administradores por periodos  fijos de siete años.

“La creación de este tipo de entidades inconstitucionales atentan, como hemos dicho, con la estabilidad institucional, ya que se está impidiendo que el Presidente tome decisiones que vayan en armonía con los principios que garantizan la estabilidad institucional, pues se le han quitado facultades para dárselas a una entidad, máxime cuando el periodo de vigencia del nombramiento del director de esta autoridad rebaza al del propio Presidente, lo que podría entorpecer los planes que en materia de recaudación de rentas se adoptasen”, dice el fallo. (Con información de Rubén Polanco).

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