Garantizar la seguridad sin violentar los derechos, el desafío de América Latina y el Caribe

La región mantiene modelos policiales enfocados en proteger lo que consideran agresiones al Estado o la autoridad.

Según el comisionado de la CIDH, James Cavallaro, muchas veces las policías de la región ven la manifestación social casi como una acción de subversión, cuando tienen que encarar la protesta como una legítima manifestación del derecho a la libertad de expresión hasta que haya violaciones de las leyes.

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Fotografía de archivo en la que se aprecia a un grupo de manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro enfrentándose a miembros de la Policía Nacional Bolivariana el 3 de abril de 2014, a la entrada de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Fotografía de archivo en la que se aprecia a un grupo de manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro enfrentándose a miembros de la Policía Nacional Bolivariana  el 3 de abril de 2014, a la entrada de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.
Fotografía de archivo en la que se aprecia a un grupo de manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro enfrentándose a miembros de la Policía Nacional Bolivariana el 3 de abril de 2014, a la entrada de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Que América Latina es la región más violenta del mundo es un hecho, al punto de que el problema de la inseguridad desplazó al desempleo del primer lugar en la lista de preocupaciones de la población desde hace al menos seis años. Pero el problema es más complejo, porque también es una realidad que los gobiernos no han logrado ponerse a la altura del desafío y en su objetivo final de represión del delito han generado un modelo de trabajo que violenta los derechos de los ciudadanos.

A estas conclusiones se puede llegar al leer el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –las cuales siguen vigentes en 2015–, entidad que, a partir de una serie de casos elevados hasta esta instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos, analizó el tema en cada país, realizó grupos de trabajo y definió acciones.

Recientemente tuvo lugar en Panamá la “Consulta regional sobre función policial y derechos humanos en América Latina”, una reunión para analizar los avances de los procesos de reforma policial que se han llevado a cabo en la región, en áreas como selección y formación del personal; la labor preventiva; los procedimientos sobre el uso de la fuerza, el arresto, la detención y el control de multitudes; entre otros.

Rebeca Arias, directora del hub Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, destacó ese día que en esta región se producen anualmente unos 100 mil homicidios, además de muchos otros crímenes y delitos, y que el Informe regional de desarrollo humano: seguridad ciudadana con rostro humano, dejó en evidencia que a pesar de que en los últimos 10 años la región ha gozado de estabilidad política y consolidación democrática, ha avanzado en la reducción de la pobreza y la desigualdad y ha alcanzado una estabilidad financiera acompañada de un constante crecimiento económico, persisten los altos niveles de inseguridad y violencia.

“Una de las posibles variables que quizás no hemos analizado suficientemente para dar con la tecla que nos permita mejorar la seguridad ciudadana es probablemente la calidad de los servicios de seguridad y justicia de nuestros países”, apuntó.

James Cavallaro es uno de los integrantes de la CIDH que participó en la elaboración del informe y aunque reconoce que después de seis años hay logros en cuanto a que existe más disposición de muchos países de avanzar con la lógica de la seguridad ciudadana, con la policía comunitaria y con programas de prevención; la inseguridad, la percepción ciudadana de que su ciudad es la más peligrosa del mundo y la presión de las sociedades por frenar ese flagelo han afectado el avance de esas políticas. Eso también ha significado que persista la militarización de la seguridad, que continúe el uso de las fuerzas armadas en trabajos policiales en muchos lugares y que se acreciente la falta de capacidad para responder a la delincuencia organizada, lo que eleva la presión para tomar medidas extremas.

En medio de todas estas realidades, según Cavallaro, también es evidente que la falta de comprensión de la protesta social sigue dando paso al aumento de la represión. “Vemos muchos desafíos, que es normal, porque lo que estamos discutiendo acá no es un ajuste, toques, estamos hablando de la transformación de la lógica de la policía, de la lógica institucional de la policía y por lo tanto de la práctica en todos los niveles de la función policial”, explicó el comisionado. Y esa transformación, apuntó, no en un contexto cualquiera, estamos hablando de la transformación de la policía en la región más violenta del planeta.

Y es que, de acuerdo con el informe y sin perjuicio de las alteraciones constantes, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes -un indicador universalmente aceptado para medir el nivel de violencia en una determinada sociedad- alcanzó un promedio de 25.6, no obstante, si el análisis se enfoca solamente en los sectores de ingresos medios y bajos de la población, la tasa promedio de homicidios en las Américas se eleva a 27.5 (en el Caribe es de 30, en Sudamérica es de 26 y en América Central, de 22).

Si comparamos el promedio de las Américas con el del resto de las regiones del mundo, la diferencia es evidente. En Europa la tasa es de 8.9, en el Pacífico occidental es de 3.4 y en Asia suroriental es de 5.8.

En el caso de Panamá, el más reciente reporte del Ministerio de Seguridad indica que en 2013 y 2014 la tasa de homicidios era de 17 por cada 100 mil habitantes, y que para 2015 se produjo una reducción de seis puntos que la llevó a 11/100 mil.

De acuerdo con el ministro Rodolfo Aguilera esa disminución se registró especialmente en las áreas donde se desarrolla el Programa Barrios Seguros, que busca reinsertar en la sociedad a jóvenes en riesgo social y conflicto con la ley.

‘Hay que pasar de  la lógica militar a la lógica ciudadana’

James Cavallaro, integrante de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos Expandir Imagen
James Cavallaro, integrante de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos Tomada de Flickr de la CIDH/Daniel Cima

En entrevista con este medio, James Cavallaro profundizó sobre algunos de los argumentos que desde la perspectiva de los derechos humanos aplican a las políticas de seguridad estatales y cuya utilización implicaría un cambio del modelo represivo ­basado en la lógica militar y de mirar al otro como el enemigo a abatir­ hacia el modelo preventivo, que se enfoca en garantizar al ciudadano sus derechos y en que este vea al policía como un miembro de la comunidad en el que puede confiar.

¿Cómo se define la seguridad ciudadana en el contexto de los derechos humanos?

El término que se usaba y que se usa es seguridad pública e históricamente seguridad pública no ha significado la seguridad de las personas sino del Estado, frente a la amenaza de la oposición, de grupos en huelga, de estudiantes, de grupos armados, de lo que sea, lo que llevó a nuestro continente a una policía de represión, violenta, a una policía militarizada. Entonces la seguridad ciudadana se refiere a lo que el ciudadano espera en términos de seguridad, qué es lo que puede esperar de sus autoridades, cuáles derechos tiene el ciudadano frente a los cuerpos policiales, a las instituciones del Poder Judicial, etc., pero me limito a la policía.

Cuando se pone al ciudadano en el centro y no al Estado o los que están ocupando el gobierno, cambia la forma de pensar sobre qué debe hacer la policía, cómo debe estructurarse, cómo debería relacionarse con la sociedad, cuánto del trabajo debería ser de prevención y cuánto de represión, porque la función de la policía no es reprimir, no es controlar, es garantizarle a los ciudadanos sus derechos.

Y en función de eso, ¿cómo se construye esa política de seguridad?

Pasa por lo menos por dos procesos. El de construcción, muy nuestro, en el que la Comisión ha participado, ya que la seguridad ciudadana busca analizar por una parte la base jurídica de los derechos humanos y como todo derecho crea necesariamente obligaciones por parte de las autoridades y de terceros.

¿Cuáles serían esas obligaciones?

El derecho a la vida, por ejemplo, implica que los estados –que han ratificado las convenciones- tienen que prevenir, investigar y sancionar y tienen que estructurar el aparato de tal forma que todos los derechos puedan ser disfrutados. Y a la policía le corresponde cumplir esas tareas. Esto implica proteger a manifestantes cuando se trate del derecho a la libertad de expresión, entre otros. La otra parte tiene que ver con la administración de la policía y le corresponde al Estado desarrollar esas políticas, tomar decisiones administrativas e implementarlas. Lo que nosotros podemos decir es si cumplen o que hay una violación.

En América Latina los índices de violencia son elevados. ¿Podríamos decir que la base de esos problemas son la pobreza y la exclusión?

También tiene que ver con las desigualdades, la facilidad de compra de armas, la historia violenta de muchos países. Evidentemente, ni de cerca, la gran mayoría de los pueblos son violentos, es algo excepcional. La correlación va más entre desigualdad y criminalidad que entre pobreza y desigualdad, qué porcentaje de la riqueza tienen los más ricos y qué porcentaje tienen los otros y es ese choque el que es un factor más determinante. Además, si se nota, los tres países en esta subregión centroamericana, con índices más altos de delincuencia, son justamente los países más afectados con las guerras civiles de 1970 y 1980. Pero hay un elemento histórico que es importante analizar, que es una región que históricamente ha tenido índices altos de violencia política que ahora se han convertido en violencia de las pandillas, de la delincuencia organizada, de la delincuencia común. Lo digo porque si se ve hacia pobreza y exclusión, entonces por qué no tener los índices más altos en África que en América Latina. Y en el continente es fácil conseguir un arma. Entonces, muchas veces hay choques en las pandillas, hay riñas o peleas que podrían terminar con una patada u otra acción, pero si todos tienen arma la pelea puede terminar en homicidio.

Usted dijo que un desafío es tener estadísticas confiables. En Panamá la gente no cree en las cifras oficiales.

La gente no cree en las cifras oficiales porque muchas veces, y sin referirme a Panamá, las autoridades las lanzan con la frecuencia que deciden en función de las elecciones o cualquier otro tema, y no hay una base permanente, coherente y consistente de datos y de estadísticas que permitan hacer la comparación. Como académico le digo que con todo tipo de cifra la primera cosa que va a hacer cualquier estudioso serio es ver de dónde viene y cómo la monta, porque sin saber eso no se sabe si se puede confiar. Y lo ideal es que haya equipos técnicos que no dependan del gobierno de turno, que tengan garantías para hacer el trabajo de análisis estadístico. Sin eso, hay mucho interés y mucha presión para darle toques.

¿O sea que uno de los desafíos también entra por la profesionalización de la policía y la capacitación del personal?

Pero no es necesariamente la policía la que tendría que estar haciendo el levantamiento de las cifras de la criminalidad. Puede ser un cuerpo independiente dentro de la policía. Lo que se necesita es un equipo capaz, técnico; de la misma forma que defendemos en la CIDH y en otras instancias que quien hace el levantamiento de la escena del crimen tiene que ser independiente de la policía y muchas veces no lo es. Si quiere estadísticas confiables tiene que haber equipos confiables sin claros intereses políticos o corporativos. Cuando eso no existe el chance de tergiversación y manipulación de las estadísticas aumenta.

El tema de la militarización de la seguridad, el uso de los cuerpos militares haciendo trabajos policiales es uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento.

Lo que suele pasar es que frente a la incapacidad manifiesta muchas veces de la policía para lidiar con problemas graves de criminalidad se busca una solución inmediata: la policía no tiene condiciones, vamos a mandar al ejército a entrar en la función policial. Y suelen pasar dos cosas: primero no le dan la capacitación adecuada a las fuerzas armadas para que puedan asumir esa función -­que yo dirá que no debe asumir y si va a asumir por lo menos debería haber una recapacitacción-­ y por otra parte lo que suele comenzar por una semana, un mes, se convierte en una norma. Entran las fuerzas armadas y no salen.

Y allí los abordajes son totalmente diferentes, porque la capacitación de las fuerzas armadas es defender la seguridad nacional, defender el país contra la invasión, es de guerra, es de tirar para matar, es una lógica de mirar al otro como enemigo y esa lógica lleva al conflicto. Y tiene que verlo como ciudadano, yo estoy aquí para protegerte; y si ha cruzado la línea, está cometiendo un crimen, dentro del marco jurídico lo paro, lo detengo, usando el mínimo de fuerza, absolutamente el mínimo absoluto, para conseguir el fin de la detención.

La población habla de la criminalización de la protesta en países como Venezuela, Ecuador.

En unos países más y en otros países menos. Muchas veces la policía ve a la manifestación social, a la protesta social, como acción casi de subversión, cuando tiene que encararse como una legítima manifestación del derecho a la libertad de expresión hasta que haya violaciones de las leyes. Es decir, si hay una protesta social pacífica que está parando el tráfico de la calle no representa una amenaza a la seguridad. Si hay una manifestación y están tirando cócteles molotov y están quemando edificios y están golpeando gente, ahí hay delitos que tienen que ser reprimidos, pero a los que están cometiéndolos y no a los otros, que es otra cosa que suele suceder en las Américas, porque puede haber una manifestación de 30 mil personas y 10 que están cometiendo crímenes. Hay que individualizar y buscar formas de incapacitar a los que están haciendo cosas indebidas y dejar que siga la manifestación legítima.

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