DECRETO EJECUTIVO 472

Presidente Juan Carlos Varela revoca indultos de Martinelli

El Ejecutivo remitió a la Procuraduría el decreto, para que determine la responsabilidad penal o patrimonial de los que expidieron los perdones.

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La ciudadanía rechazó los indultos otorgados por Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo. La ciudadanía rechazó los indultos otorgados por Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo.
La ciudadanía rechazó los indultos otorgados por Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo.

A Juan Carlos Varela le tomó 45 días como presidente de la República para derogar los indultos que otorgó Ricardo Martinelli en el ocaso de su gobierno y que fueron rechazados por la mayoría de los partidos políticos y dirigentes de la sociedad civil.

Ayer por la noche, el Ejecutivo publicó en la Gaceta Oficial No. 27600-A el Decreto Ejecutivo No. 472, con el que anuló los 19 decretos ejecutivos que firmó Martinelli junto con su entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, y así revocó los 355 indultos.

Según el Decreto 472, uno de los principales argumentos legales en los que se basó Varela para esta acción fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2008, según el cual “son delitos políticos aquellos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales”.

La CSJ volvió a fallar de igual forma este año, tras anular varios indultos que también otorgó Martinelli al comienzo de su gestión y que habían sido demandados por inconstitucionales.

Para anular los indultos de Martinelli, Varela también se amparó en el artículo 58 de la Ley 38 de 2000, que dice: “cuando se anule un acto administrativo y en su adopción se compruebe que ha mediado culpa grave o dolo del funcionario que lo emitió, la autoridad que decrete la nulidad deberá propiciar el inicio de la investigación o proceso para determinar la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial en que pueda haber incurrido dicho funcionario”.

Por semanas, esta ley fue invocada por distintos sectores de la sociedad civil para que se anularan los indultos. Mientras unos apoyaban la teoría de que un acto administrativo bastaba para revocar estos indultos, otro grupo aseguraba que es la CSJ la que debe declararlos inconstitucionales.

El procurador de la Administración, Óscar Ceville, fue uno de los que respondió a una consulta de la Presidencia y recomendó al Ejecutivo demandar los indultos ante la CSJ. El decreto de Varela calificó la opinión de Ceville de “valiosa, pero no vinculante”.

Para la exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño, Martinelli nunca debió dictar estos indultos en razón del fallo dictado por la Corte, ya que estaba advertido de que esa acción era inconstitucional.

Troitiño considera que es una potestad del Ejecutivo revocar los indultos promulgados a través de un decreto ejecutivo por medio de otro decreto del mismo rango.

De acuerdo con su opinión, ahora pueden ocurrir dos cosas: darle continuidad a la acción de inconstitucionalidad presentada ante la CSJ y sumar otro precedente en el tema de los indultos, o dar por hecho la sustracción de materia y archivar las demandas.

IMPUNIDAD

“El Estado panameño está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que esta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas y sus familiares”, dice el decreto firmado por Varela y Milton Henríquez, ministro de Gobierno, que también fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, “a fin de que determine la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial en que puedan haber incurrido los funcionarios que expidieron los indultos revocados”.

“Los decretos ejecutivos señalados han pretendido extinguir la pena de delitos comunes, así como la acción penal, y aplicarse a casos sin condena e incluso procedimientos administrativos y a las responsabilidades derivadas de los mismos, todo lo cual es indisponible al Órgano Ejecutivo en ejercicio de la prerrogativa constitucional de gracia”, añade el documento.

En la lista de los indultados por Martinelli están los policías llamados a juicio por las muertes en el centro de cumplimiento en Tocumen, varios de los miembros del Gabinete del Gobierno pasado, miembros del oficialista Cambio Democrático y diputados cuyos triunfos fueron impugnados. (Ver cuadro).

Se llamó a Martinelli a su celular, pero no contestó.

 Critican indultos en sesión de CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó ayer la situación de Panamá durante su sesión extraordinaria. Uno de los principales temas que salió a relucir en la discusión fue los indultos que otorgó el expresidente, Ricardo Martinelli. José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH, dijo “presuntos violadores de derechos humanos” resultaron beneficiados con esa medida que a su juicio significa impunidad.

Como representantes de la sociedad civil expusieron por Panamá, Magaly Castillo, dirigente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y Mirte Postema, activista de la Fundación para el Debido Proceso. Castillo centró su discurso en el poco avance del sistema judicial.

Por ejemplo, explicó que desde hace 10 años se espera la aprobación de la ley de carrera judicial en la Asamblea Nacional, con miras a fijar la independencia de la justicia y frenar la impunidad. En tanto, la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, solicitó a Panamá sustentar con cifras si se ha reducido la violencia contra la mujer, y si se han logrado avances en la integración de la población lésbica, gay, transexual y bisexual del país.

En representación del Gobierno panameño, Farah Urrutia, directora de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, acotó que “hay voluntad del Gobierno de atender el cumplimiento de los derechos humanos”. Además, se comprometió a enviar las estadísticas solicitadas por los comisionados en las diversas temáticas.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que aportaron a las exposiciones estuvo el Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos y VIH de Panamá, la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, la Asociación Nuevos Horizontes, el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Movimiento Salvemos el río La Villa.

Sobre las ponencias de Panamá, Maribel Jaén de la Comisión de Justicia y Paz, indicó que queda demostrado que en el país inquieta la violación a los derechos humanos y se trabaja una agenda en ese sentido con varios sectores de la sociedad. En la sesión algunos comisionados manifestaron que faltaron los pronunciamientos sobre pobreza, derechos sindicales, salud, educación y vivienda, lo que daba la impresión de que no ocurría nada con esos aspectos.

Didier Hernán Gil Gil

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