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De Lima: ¿Rechazo o manifestaciones pagadas?

El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, expresó a 'Prensa.com' que se decide vender un 24% de las acciones que tiene el Estado en la empresa de Cable & Wireless para financiar los proyectos de inversión pública.

“¿Rechazo o manifestaciones pagadas por los partidos de oposición?”. Así contestó el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, al consultársele si estaría el gobierno dispuesto a discutir el proyecto de ley que propone la venta de una porción de las acciones que el Estado tiene en la telefónica Cable & Wireless (C&W) en sesiones ordinarias, en vista del rechazo que recibió durante su presentación en el pleno de la Asamblea Nacional este lunes, 18 de junio.

El ministro de De Lima fue recibido por una gradería llena que lo abucheó durante al menos cuatro minutos y que le dio la espalda mientras leía la presentación del proyecto de ley por el cual se aprueban modificaciones a la Ley No. 5 de 1995, que reestructuró el entonces Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel) y a través del cual se propone la venta de un 24% de las acciones que tiene el Estado en C&W, para financiar proyectos de inversión pública.

“Los que yo vi sentados en primera fila fue a dos ministros del Gobierno de [Ernesto] Pérez Balladares que aprobaron el proceso de privatización, entonces era bueno y ahora no”, aseguró De Lima, quien añadió que, lastimosamente, en esa encrucijada ha quedado la clase política, “donde hemos entrado en demagogia”. 

DEFIENDE VENTA DE ACCIONES

El Estado panameño posee un 49% de las acciones de C&W, empresa que asumió la prestación del servicio de telefonía desde 1997 -cuando se privatizó el Intel- hasta enero de 2003, cuando se abrió el mercado a la entrada de los competidores.

El ministro de Economía y Finanzas argumentó que los fondos que generaría la venta del 24% de las acciones del Estado en la telefónica permitirían, por ejemplo, la creación de la Autoridad del Agua, proyecto de ley que actualmente se encuentra en fase de consultas y en el cual se plantea un modelo de administración similar al que utiliza la Autoridad del Canal de Panamá, y que tendría sobre ella una junta directiva y una junta asesora.

De Lima manifestó que esos fondos serán utilizados con el fin de que la Autoridad del Agua sea exitosa, mientras que el otro 25% de las acciones del Estado en C&W irían al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), creado mediante la Ley 38 de 5 de junio de 2012 y que entró a regir el pasado 5 de junio, día que fue publicada en Gaceta Oficial.

La Ley 38, que además modifica la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para permitir el aumento del déficit, contempla la absorción por el FAP de los mil 200 millones de dólares en ahorros de la ciudadanía panameña contenidos en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. 

Más información en Prensa.com

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