La justicia es lenta e inefectiva en materia de derechos humanos: Castillo

La directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en Panamá hay abusos porque la justicia es inoperante y lenta.
Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia
Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia

Representantes de distintas asociaciones de la sociedad civil organizada expusieron esta tarde, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sus denuncias sobre la administración de justicia y violaciones de los derechos humanos en Panamá. 

Por estas organizaciones estuvieron presentes Carlos Lee, Magally Castillo, Miguel Antonio Bernal y Mirte Posterna. La posición del gobierno de Panamá fue defendida por Vladimir Franco,  director general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, y otros funcionarios de la Cancillería. Además, estuvo presente la fiscal Argentina Barrera y el embajador panameño ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez. 

Entre los hechos que denunció la sociedad civil están: los enfrentamientos en Bocas del Toro en 2010, en los que resultaron reprimidos obreros e indígenas que se oponían a la ley conocida como “3 en 1”. 

Castillo destacó que por estos hechos no hay ningún policía detenido. 

Sin embargo, la fiscal Argentina Barrera, le reveló a los miembros de la CIDH que hay 36 procesos caminando por los hechos ocurridos en Bocas del Toro. 

ÓRGANO JUDICIAL

Carlos Lee, representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia, destacó en la CIDH que “en  diciembre de 2009 se seleccionaron dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia vinculados al Presidente de República, y uno de ellos debió renunciar un año después  en medio de un escándalo de corrupción  y manipulación del Ejecutivo en los asuntos judiciales”.

Lee expuso que el procurador general que remplazó a la procuradora destituida Ana Matilde Gómez, en 2010, Giuseppe Bonissi, tuvo que renunciar al cargo “en medio de denuncias por corrupción e infiltración del narcotráfico”.

Por esas declaraciones Barrera contestó que no hay infiltración del narcotráfico en el Ministerio Público panameño y pidió a los miembros de la sociedad civil que si tienen alguna prueba sobre ese caso, que las presenten.

Mientras que Andrés Mójica, representante del Órgano Judicial de Panamá, destacó que, “sin lugar a dudas en Panamá existe una carrera judicial”.

ESTUDIOS

Ante los miembros de la Comisión Interamericana Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia,  expresó que “los problemas de la administración de justicia en Panamá han merecido innumerables estudios  que han dado como resultado un sinnúmero de propuestas de reforma. Pero ha faltado la voluntad política para llevarlas adelante”.

Vladimir Franco,  director general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, resaltó que en el sistema de justicia panameño se han presentado avances.

Franco destacó entre esos avances la aplicación del Sistema Penal Acusatorio. “Para Panamá fortalecer la justicia es consolidar las instituciones llamadas a brindar el sagrado servicio de administrarla para que estos, como órganos independientes, reconozcan los derechos fundamentales y legales de la ciudadanía”.

Más información mañana en La Prensa

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