AI expresa preocupación por restricciones a libertad de expresión en Panamá

Amnistía Internacional recuerda que en marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a Panamá a que mejorase la protección de las mujeres y las niñas y, en concreto, a que combatiera la trata de personas, la violencia en el ámbito f

LONDRES, Reino Unido (EFE).- Amnistía Internacional destaca en su informe anual que suscitaron "preocupación" las restricciones a la libertad de expresión en Panamá y considera insuficientes las salvaguardas de los derechos de los indÍgenas.

En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2011 publicado hoy en Londres, AI denuncia que dos periodistas que criticaron la polÍtica gubernamental fueron expulsados del país.

Los periodistas españoles "con residencia permanente en Panamá y miembros activos de una organización de derechos humanos" Francisco Gómez Nadal y Pilar Chato fueron detenidos y expulsados en febrero con la prohibición de volver a entrar en el país.

Según AI, los dos periodistas habían informado de las protestas contra las políticas mineras y a favor de los derechos laborales, y el gobierno los habÍa acusado de manipular a los indígenas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por los casos de intimidación a la prensa y "pidió a las autoridades que no ejercieran una presión polÍtica indebida sobre los medios de comunicación", según el informe.

Sobre los derechos de los pueblos indígenas, AI afirma que fue "motivo de preocupación" la ausencia de consultas y la inexistencia de garantÍas de un consentimiento de los pueblos indÍgenas respecto a los proyectos de desarrollo.

Durante el año hubo protestas contra una ley de minerÍa que facilitaba la realización de nuevos proyectos mineros en "las tierras tradicionales de los pueblos indígenas sin incluir salvaguardias suficientes para el medio ambiente ni garantizar una consulta adecuada con las comunidades locales".

El relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas pidió un dialogo entre el gobierno y los pueblos indígenas, así como un proceso auténtico de consulta sobre el proyecto de ley, según AI.

La ley se aprobó en febrero, pero fue revocada en marzo tras las protestas en la capital.

En su informe, AI también recuerda que el exgeneral Manuel Antonio Noriega, quien gobernó de facto Panamá entre 1983 y 1989, retornó al país tras cumplir 21 años de cárcel en Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Noriega fue derrocado por una invasión militar estadounidense en 1989 y cumple en Panamá penas de 60 años de cárcel por diversas condenas relacionadas con delitos como homicidio, violaciones a los derechos humanos e incluso daños al medio ambiente.

Finalmente, AI recuerda que en marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a Panamá a que mejorase la protección de las mujeres y las niñas y, en concreto, a que combatiera la trata de personas, la violencia en el ámbito familiar y la discriminación.

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