ENTREVISTA CON LA FISCAL GENERAL DE GUATEMALA

Thelma Aldana: 'Nunca imaginamos que se iba a llegar hasta los niveles donde se llegó'

La jefa del Ministerio Público afirma que ha revisado el caso con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez, y ambos tienen la certeza de que presentan un caso sólido.

La fiscal explicó que si el juez procesa al expresidente Otto Pérez Molina y ordena su detención preventiva, a partir de ese momento tienen tres meses para investigar y entrar a la etapa intermedia.

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Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, llegó al cargo hace un año. Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, llegó al cargo hace un año.
Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, llegó al cargo hace un año. AFP/Orlando Estrada

Thelma Aldana es la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala. Además, es la que ha encabezado –junto al jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción (Cicig)– la investigación de la red denominada “La Línea”, que defraudó al fisco a través de las aduanas, y en la que se señala al expresidente Otto Pérez Molina como uno de sus líderes.

El caso llevó a que le quitaran su inmunidad, tras lo cual renunció y se presentó ante la justicia para declarar. Está detenido provisionalmente y a la espera de que –el próximo martes, 8 de septiembre– el juez Miguel Ángel Gálvez, decida si lo procesa.

Aldana conversó con este medio, vía telefónica, sobre el algunos aspectos de la investigación y el expedito proceso que se ha desarrollado desde que el 21 de agosto solicitaron levantar la inmunidad a Pérez Molina, algo que la región ha calificado como una prueba de que el sistema de justicia puede funcionar aún en casos de tan alto perfil.

Otto Pérez Molina presentó su renuncia a la presidencia de Guatemala el miércoles 2 de septiembre de 2015. Vídeo Expandir Imagen
Otto Pérez Molina presentó su renuncia a la presidencia de Guatemala el miércoles 2 de septiembre de 2015. AFP

 

Esta es la investigación más importante de Guatemala en mucho tiempo, quizás en su historia. ¿Qué se conjugó para que fuera posible?

En este caso habría que señalar que la investigación inició sabiendo que en Guatemala era del conocimiento público que en las aduanas se daba defraudación en contra del Estado. Desde luego que cuando inició la investigación, en mayo de 2014, existía la sospecha de unos integrantes de una estructura criminal que años antes era la “red Moreno”, también de defraudación aduanera. Nunca imaginamos que se iba a llegar hasta los niveles a donde se llegó porque una investigación se inicia con indicios y se va fortaleciendo.

De tal manera que una escucha telefónica recibida en el MP en mayo de 2014 dio lugar a llegar a tener más de 90 mil sesiones de escuchas telefónicas que han servido para comprender cómo funcionaba una red de defraudación aduanera con mandos altos, medios y bajos, internos y externos. Los internos están vinculados con funcionarios y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); y los externos con las personas que ejercían el control sobre la SAT y las aduanas.

Después, la construcción del caso, fue producto del análisis de las escuchas telefónicas, pero también contrastadas con documentos, con vigilancias y un trabajo llevado a cabo coordinadamente entre el MP y la Cicig.

MP y una Comisión Internacional trabajando juntos. ¿Cómo operó ese engranaje, se dividieron competencias?

Muy sencillo. El comisionado Iván Velásquez y en mi calidad de fiscal general -tomé posesión hace un año- nos pusimos de acuerdo en trabajar coordinadamente. Realmente somos un solo equipo, no nos dividimos roles, sino [que] nuestros técnicos, nuestros fiscales hacen mesa de trabajo. Nosotros trabajamos igualmente con ellos, con el comisionado, y vamos tomando las decisiones conforme las pruebas o los indicios vayan avanzando en la investigación.

¿Qué fue lo más difícil del proceso investigativo de este último año?

El único mensaje que yo puedo dar, en Guatemala y al extranjero, es que nuestros países merecen una mejor oportunidad, que la corrupción afecta a los más pobres, y que a quienes estamos dirigiendo instituciones como el Ministerio Público debemos de enfrentar con propiedad y con valentía a las organizaciones criminales.

Thelma Aldana Fiscal General de Guatemala

Realmente todo fue difícil. Es un caso difícil de armar, difícil de entender, porque la organización criminal sabía que se les estaba investigando, sabían que el MP tiene la capacidad de las escuchas telefónicas y entonces empezaron a utilizar algunos calificativos, como el número uno, la dos, Gonza, JC. Los técnicos de la dirección de análisis criminal del MP y los técnicos analistas de la Cicig tuvieron un arduo trabajo para ir construyendo la teoría del caso.

¿Durante la investigación, antes de anunciar el desmantelamiento de “La Línea”, hubo filtración de información? ¿Fue un trabajo completo de investigación o también tuvieron informantes que ayudaran a armar el rompecabezas?

No hubo fuga de información a pesar de que fueron 90 mil escuchas, nadie sabía qué personas estaban involucradas [en la investigación] y hubo escuchas, hubo seguimiento. Se tenía conocimiento de una reunión que iban a tener y se documentaba la escucha y luego se documentó algunas de estas reuniones.  

Y es justamente lo que se está presentando ahora ante el juez, que es solo una investigación preliminar.

El señor Otto Pérez Molina ha dicho que son chismes, que son dimes y diretes, pero realmente son métodos especiales de investigación criminal. Los métodos que ahora debe utilizar el proceso penal, incluso no necesitamos testigos porque tenemos las voces de los protagonistas.

Al terminar el primer día de audiencia de declaración, Pérez Molina alegó que falta investigación. ¿Si el juez ordena procesarlo viene un proceso adicional de investigación o lo que hizo el MP y la Cicig es suficiente para terminar de armar el caso?

No. Precisamente estamos en una investigación preliminar que estamos sometiendo al juez, que es bastante amplia y que yo no dudo que vayamos a obtener la prisión provisional. Luego tendríamos tres meses para fortalecer esa investigación y sin lugar a dudas vamos a presentar más elementos probatorios.

Otto Pérez Molina conversa con la prensa tras culminar el segundo día de su audiencia de primera declaración. A diferencia de su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, él sí declaró, rechazó las acusaciones, la mayoría de las cuales calificó de malintencionadas. Expandir Imagen
Otto Pérez Molina conversa con la prensa tras culminar el segundo día de su audiencia de primera declaración. A diferencia de su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, él sí declaró, rechazó las acusaciones, la mayoría de las cuales calificó de malintencionadas. AFP/Johan Ordoñez

 

Usted ha dicho que se siente segura de que el trabajo de investigación permitirá procesar a Pérez Molina. ¿Son tan contundentes las evidencias que han acopiado?

Efectivamente, a mi juicio son contundentes. Hemos revisado el caso con el comisionado y ambos tenemos la certeza de que estamos presentando un caso sólido ante los tribunales del país.

¿Cuál habría sido el papel de Pérez Molina en “La Línea”?

Era la autoridad máxima de la estructura, era él y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y luego vienen líderes también operativos, como el exsecretario privado de la exvicepresidenta, Juan Carlos Monzón, que no solo era líder operativo sino que además tenía un poder de mando hacia abajo de la organización. Y en el mismo sentido, Salvador Estuardo González, alias Eco, quien actuaba como enlace pero también como líder y era como el delegado del número uno y de la número dos.

¿De esos 28 millones de quetzales (unos 3.6 millones de dólares) que podría ser lo que movió la red criminal hay alguna cantidad que se haya establecido que se le destinó al expresidente Pérez Molina?

Sí. Tenemos unas tablas de reparto de las utilidades ilícitas. Estas tablas de reparto de dinero las extrajimos del computador de Estuardo González en los allanamientos que se realizaron –hemos hecho más de 18- y en una de ellas que nos sirvió de sustento para plantear el antejuicio contra el expresidente estaba el reparto de 10 días de ganancias ilícitas, de aproximadamente 2.9 millones de quetzales [unos 374 mil dólares], al uno y la dos, equivalente al 50% de la ganancia de esos diez días; luego aparece el reparto a JC que es Juan Carlos Monzón, y aparece también EG, que es Estuardo González, y el reparto al resto de la estructura criminal.

El presidente criticó ayer a la Cicig y a usted, directamente, diciendo que lo que busca es ganar notoriedad. ¿Cómo respondería a esa afirmación?

Es absolutamente inconsistente. El comisionado y yo jamás hemos pedido a ningún medio de prensa que nos entreviste, nunca, lo que hemos hecho es informar y atender con educación a la prensa puesto que sabemos que la prensa en Guatemala es formadora de opinión y que en la medida en que le demos la información que la ley nos permite, la prensa la ha trasladado exactamente conforme nosotros hemos informado, de tal manera que la población guatemalteca conoce lo que debe de conocer, lo que la ley nos permite informar.

Recibió usted o algún miembro del Ministerio Público algún tipo de presión durante la investigación.

No, ninguna presión. Yo siempre he dicho que la única presión que tengo es la de Dios y la de la Constitución Política de la República.

¿Cuántas personas participaron en esta investigación, cuántos tomos tiene el proceso? ¿Podría la lesión ser mucho más alta de lo que se ha dicho hasta ahora?

Por parte del MP aproximadamente 100 personas, por parte de la Cicig no estoy autorizada para dar la información pero han sido equipos conjuntos. En relación al monto defraudado no podemos tener en este momento una cantidad. Está siendo objeto de análisis financiero por parte del MP y analistas de la Comisión y los 28 millones de quetzales aproximadamente corresponden a un año o menos de repartos. El proceso es sumamente amplio porque como le comentaba son 600 mil folios, más de 90 mil escuchas, computadoras, teléfonos celulares.

¿Qué sigue en el proceso a partir de ahora y cuánto estima usted que esto podría tomar?

Si el juez dicta prisión provisional al expresidente, tenemos tres meses para investigar y posteriormente la etapa intermedia, y esperamos llegar al debate y luego la sentencia. No le puedo dar un estimado de tiempo porque recuérdese que en este caso hay ya captura de 30 personas [otras están pendientes], 11 relacionados con los empresarios, la señora Baldetti, el señor Pérez Molina todos tienen abogado defensor y pueden hacer uso de los recursos y acciones legales que estimen conveniente.

¿Si el juez ordena procesarlo a Pérez Molina a qué tipo de instancia va el caso, a un juzgado o a un tribunal?

Queda con el mismo juez, que es el contralor de la investigación. Cuando funciona el proceso acusatorio, como el nuestro, el juez que dicta la prisión preventiva continúa como juez contralor, pero aquí hay un dato más, este es un juez que tiene competencia ampliada en procesos de mayor riesgo, es decir, en aquellos donde puede correr riesgo la seguridad de los sujetos procesales y de los jueces, así como de los fiscales y defensores públicos. De tal manera que el juez Gálvez, que es juez de mayor riesgo, continúa con el expediente, y si este se va a debate lo conoce el tribunal integrado por tres jueces, para dictar la sentencia, que es también un tribunal de mayor riesgo.

Entiendo que hay al menos dos procesos adicionales de corrupción durante el gobierno de Pérez Molina que están siendo investigados, uno ligado a la Seguridad Social y otro relativo a un tráfico de influencias. ¿Están estos casos ligados al exmandatario?

Así es [se adelantan  las investigaciones], pero hasta el momento estimamos que no está involucrado.

De izquierda a derecha, el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, la fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, hacen declaraciones el viernes 8 de mayo de 2015, en Ciudad de Guatemala. Expandir Imagen
De izquierda a derecha, el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, la fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, hacen declaraciones el viernes 8 de mayo de 2015, en Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba

En los últimos 15 días Guatemala vivió una solicitud de levantamiento de fuero, una investigación parlamentaria en tiempo récord (48 horas), el levantamiento de la inmunidad al Presidente en funciones en una rápida sesión del Congreso, su renuncia y entrega a la justicia para declarar; todo ello sin alterarse el orden constitucional. Esto es visto como que la justicia funciona. ¿Es así con todos los casos de alto perfil? ¿La justicia de Guatemala es tan expedita en su actuar ordinario?

Yo creo que este caso marca un antes y un después en la justicia guatemalteca porque hemos sufrido de corrupción durante muchos años y ha habido impunidad. Este caso, sin lugar a dudas, da un mensaje claro de que hay un cambio y que los próximos gobernantes tendrán que pensar mucho antes de cometer actos de corrupción, porque no solo las instituciones –particularmente el MP- estamos dispuestos a investigar a cualquier persona, porque nadie en este país puede estar por encima de la ley, sino porque hay una población que va a estar vigilante de la actuación de nuestros gobernantes, funcionarios y que va a ser la fiscalizadora más importante en la gestión de cualquier funcionario.

Guatemala y sus instituciones de justicia se ven hoy como un ejemplo para la región y usted ha sido la líder de esa investigación. ¿Cómo se siente?

Con mucho compromiso, con mucho deseo de seguir trabajando con honestidad, con transparencia, con objetividad, sin ánimo de perseguir a ningún político ni a persona determinada, sino con el ánimo absoluto de perseguir la delincuencia en el país.

¿Qué mensaje puede enviar a la región, plagada de casos de presidentes y funcionarios de gobierno envueltos en escándalos de corrupción, como Panamá?

El único mensaje que yo puedo dar, en Guatemala y al extranjero, es que nuestros países merecen una mejor oportunidad, que la corrupción afecta a los más pobres, y que a quienes estamos dirigiendo instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, debemos de enfrentar con propiedad y con valentía a las organizaciones criminales.

Entre los documentos que divulgaron de la investigación había uno que mencionaba a una empresa constituida en Panamá. ¿Hay algún vínculo con Panamá en esta investigación que indique se ha usado nuestro sistema financiero en esta red de defraudación?

No le puedo decir porque estamos en proceso de investigación de esa información.

¿El hecho de que estén investigando implica que van a hacer alguna solicitud de colaboración con las autoridades judiciales panameñas?

Siempre estamos trabajando coordinadamente en muchos casos con las autoridades panameñas y con el resto de Centroamérica, Estados Unidos, México, América del Sur, con asistencias que nos enviamos en cada uno de los países.

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