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Arrestan a jueces en Guatemala acusados de corrupción

Se incurre en prevaricato cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

Tres jueces de Guatemala fueron detenidos por las autoridades del país acusados de lavado de dinero y prevaricato, entre otros delitos de corrupción, informó el Ministerio Público (MP-Fiscalía).

Los detenidos son los jueces Marta Sierra de Stalling, Eric de León y Jisela Yadel Reinoso, informó a los periodistas la portavoz del MP, Julia Barrera.

El pasado 9 de septiembre el Supremo retiró la inmunidad a Sierra de Stalling, quien supuestamente fue sobornada a cambio de liberar en abril pasado a miembros de la estructura de corrupción aduanera “La Línea”, que provocó la caída del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Sierra de Stalling, a cargo desde 1997 del juzgado octavo del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, está acusada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.

Se incurre en prevaricato cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

Sierra de Stalling está sindicada por las autoridades judiciales de “llegar a acuerdos ilegales” para liberar con fianza a seis sindicados de pertenecer a la red de defraudación aduanera “La Línea”.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala establecieron que dicho acuerdo fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los líderes de “La Línea”, y quien se encuentra prófugo de las autoridades.

El caso “La Línea” obligó a renunciar este septiembre a la Presidencia a Pérez Molina, en prisión preventiva, y en mayo pasado a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti, también detenida, acusados de liderar la red de corrupción aduanera.

El juez de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil del departamento de Quiché, está sindicado de cohecho pasivo por pretender cobrar unos 10 millones de quetzales (más de 1.2 millón de dólares) a cambio de una resolución favorable para una empresa.

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