Colombia pide a Interpol orden de captura para Ma. del Pilar Hurtado

Es la segunda vez que Colombia le hace el requerimiento a Interpol toda vez desde que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional a fines de mayo el asilo que se le concedió a Hurtado.

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María del Pilar Hurtado se asiló en Panamá con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y que no tenía garantías para un juicio justo María del Pilar Hurtado se asiló en Panamá con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y que no tenía garantías para un juicio justo
María del Pilar Hurtado se asiló en Panamá con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y que no tenía garantías para un juicio justo

BOGOTÁ, Colombia (AP).- La Fiscalía colombiana volvió a pedir el viernes la captura internacional de una exjefa de la policía secreta acusada en Bogotá de pertenecer a una red de espionaje, se informó oficialmente.

A través de su oficina de Asuntos Internacionales, el ente investigador le solicitó a Interpol que expida una circular roja para hacer efectivo el arresto de María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, la policía secreta, procesada por su presunta participación en una red de espionaje a magistrados, periodistas, activistas y opositores del gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Hurtado está asilada en Panamá desde noviembre de 2010.

Según la oficina de prensa de la Fiscalía, es la segunda vez que se le hace el requerimiento a Interpol toda vez desde que la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional a fines de mayo el asilo que se le concedió a Hurtado hace casi cuatro años.

Hurtado, que se asiló en Panamá con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y que no tenía garantías para un juicio justo, está procesada por la Corte Suprema colombiana por delitos relacionados con espionaje y concierto para delinquir, es decir, la asociación de dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.

En febrero de 2009 medios locales denunciaron que desde el Departamento Administrativo de Seguridad se interceptaban los teléfonos y se hacía seguimientos ilegales a magistrados, periodistas, activistas y políticos que, en su mayoría, eran contrarios al gobierno de Uribe.

Desde entonces la Fiscalía inició una compleja investigación que ha llevado a prisión a una treintena de exdetectives de ese Departamento, que por esos actos de corrupción fue cerrado en octubre de 2011 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

El Departamento dependía directamente de la presidencia. Un secretario general de Uribe, Bernardo Moreno, actualmente está siendo procesado por la Corte Suprema por los mencionados actos de espionaje.Uribe se ha manifestado ajeno a cualquier ilegalidad del Departamento y, por el contrario, ha dicho que si hubo actos ilícitos éstos fueron cometidos a título personal por funcionarios corruptos.

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