a través de un arsenal de proyectos de leyes

Congreso brasileño intenta frenar caso Petrobras

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La operación Lava Jato ha revelado cómo la empresa estatal brasileña Petrobras sirvió para propiciar millonarios actos de corrupción. La operación Lava Jato ha revelado cómo la empresa estatal brasileña Petrobras sirvió para propiciar millonarios actos de corrupción.
La operación Lava Jato ha revelado cómo la empresa estatal brasileña Petrobras sirvió para propiciar millonarios actos de corrupción. AP/Archivo

Ocurrió en Italia con el caso "Manos Limpias" y podría ocurrir en Brasil con el escándalo de Petrobras: el Congreso contraataca con un arsenal de proyectos de leyes y busca proteger a sus miembros del avance de las investigaciones contra la corrupción.

Las tentativas se aceleraron ante la inminencia de una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht, en el centro del monumental fraude a la petrolera estatal, que implicaría a legisladores, gobernadores y políticos de primera línea por el desvío de miles de millones de dólares de los cofres públicos.

La batalla sorda entre la Justicia y los principales partidos está saliendo a campo abierto, con la multiplicación de iniciativas parlamentarias que podrían limitar la acción judicial.

"Cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá. Si la impunidad pierde fuerza, aquellos que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscan crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación", dijo recientemente a la AFP el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Roberto Veloso.

La Cámara de Diputados discute una serie de medidas contra la corrupción impulsadas por fiscales de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), como se conoce al caso Petrobras, que fueron respaldadas por dos millones de firmas.

Pero, paradójicamente, la iniciativa podría abrir la puerta a una autoamnistía de la "Caja 2", las donaciones de campaña no declaradas que suelen encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.

En caso de convertirse en ley, la nueva tipificación de la "Caja 2" en un "crimen más robusto" eximiría de culpa y cargo a quienes están ahora en la mira de la justicia, porque ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva, al menos según una lectura que gana fuerza en el Congreso.

"Si criminalizan a todos los que usaron la 'Caja 2', van a acabar con esta generación política", aseguró a la AFP un asesor de uno de los principales partidos de Brasil, que pidió no ser identificado.

El jefe de los fiscales de la República, Rodrigo Janot, advirtió sobre ese riesgo la semana pasada y pidió no olvidar las enseñanzas de la megainvestigación de corrupción en Italia, citando las 13 medidas que aprobó el Parlamento de ese país para erosionar la operación "Mani pulite".

El diputado Onyx Lorenzoni, a cargo del informe que debe ser sometido a voto en el Congreso brasileño, reconoció el nerviosismo ante la proximidad de la delación de Odebrecht.

Según los medios, el exjefe de la constructora, Marcelo Odebrecht, condenado en 2015 a casi 20 años de cárcel, y decenas de ejecutivos de la firma están a punto de cerrar un acuerdo a cambio de una reducción de esa pena.

"Sin duda alguna eso preocupa y tal vez explique las tentativas para limitar las investigaciones. Hay muchas personas que tienen problemas con la Lava Jato", señaló a la AFP el legislador del partido liberal DEM.

Detrás de bastidores, los diputados dicen que las tensiones son mayores en el Senado. Su titular, Renan Calheiros, una de las espadas del PMDB del presidente conservador Michel Temer, explotó el mes pasado cuando la policía detuvo a cuatro integrantes del cuerpo de seguridad del Senado por sospechas de que ayudaron a "limpiar" micrófonos instalados por la Justicia.

Calheiros enfrenta ocho causas en la corte suprema, la mayoría por Petrobras. Tras el incidente, sacó un proyecto de su autoría para castigar "abusos de autoridad" de agentes públicos y pidió cortar el pago de la jubilación a miembros del poder judicial que hayan cometido faltas contra la administración pública.

Según Janot, la propuesta abre la posibilidad de criminalizar a jueces por hacer su trabajo.

En el Senado también se instaló una comisión para detectar "supersalarios" en el sector público. La iniciativa es vista como otro mensaje para el poder judicial, donde se sospecha se concentran las violaciones más flagrantes al techo de ingresos permitido por categoría.

La senadora Katia Abreu, responsable de documentar el trabajo de ese cuerpo, se vio obligada a asegurar que no habrá "una caza de brujas". Pero el juez Veloso no tiene dudas: ese dispositivo "se montó contra Lava Jato".

En sintonía con la última avanzada legislativa, la Cámara de Diputados intentó votar la semana pasada un amplio perdón para delitos cometidos por ejecutivos si las empresas para las que trabajaban reconocían sus infracciones, aportaban información para dilucidar los hechos y resarcían económicamente al Estado.

"Si ese proyecto es aprobado en el silencio de la noche (...) permitirá amnistiar crímenes investigados por la Operación Lava Jato", dijeron los fiscales en un duro comunicado. La medida fue retirada de la agenda hasta nuevo aviso.

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