GUATEMALA

Corte Constitucional rechaza amparos contra acusación a Otto Pérez Molina

Se trata de dos recursos: El primero es una acción contra la Corte Suprema por haber dado trámite al proceso para levantar su inmunidad. El segundo fue una acción legal del gobernante en contra de la comisión especial del Congreso que analizó la petición de la fiscalía y la Cicig.

Oficina del Alto Comisionado, en alerta para prevenir manifestaciones violentas

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‘Me siento completamente tranquilo’, dijo Pérez Molina ante un centenar de periodistas el 1° de septiembre de 2015, al tiempo que afirmó que se mantendrá firme en la Presidencia. ‘Me siento completamente tranquilo’, dijo Pérez Molina ante un centenar de periodistas el 1° de septiembre de 2015, al tiempo que afirmó que se mantendrá firme en la Presidencia.
‘Me siento completamente tranquilo’, dijo Pérez Molina ante un centenar de periodistas el 1° de septiembre de 2015, al tiempo que afirmó que se mantendrá firme en la Presidencia.

La máxima instancia judicial de Guatemala dio luz verde hoy, miércoles 2 de septiembre de 2015, a una investigación penal contra el presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, al rechazar dos recursos de amparo de su defensa contra la acusación.

"El pleno [de cinco magistrados] de la Corte de Constitucionalidad (CC) se reunió hoy y decidió, por unanimidad, no otorgar amparo provisional al señor presidente Otto Pérez", indica un comunicado de la máxima instancia judicial del país.

Explica que los magistrados rechazaron dos recursos presentados por la defensa del gobernante, el primero es una acción contra la Corte Suprema de Justicia por haber dado trámite al proceso para levantar su inmunidad. El segundo recurso rechazado fue una acción legal del gobernante en contra la comisión especial del Congreso que recomendó el pasado sábado quitar la inmunidad a Pérez.

Con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que está por encima de la Corte Suprema de Justicia, se despeja el camino para investigar penalmente al gobernante, luego que la víspera el Congreso, en una votación histórica, levantó el fuero de su inmunidad.

El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema de corrupción denominado "La Línea", un esquema de defraudación aduanera y sobornos.

El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la Cicig en abril pasado, provocó manifestaciones masivas semanales, un hecho inédito en el país.

El escándalo precipitó la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti en mayo pasado, quien guarda prisión preventiva por su presunto papel en el caso, acusada de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho.

Aunque el presidente puede permanecer en el cargo, una eventual orden de prisión preventiva dictada por un juez podría provocar su cese inmediato. La noche de ayer un juez especializado prohibió al mandatario salir del país a solicitud de la Fiscalía ante el temor de que pueda intentar evadir la justicia.

De su lado, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la CICIG, dijo que al retirarle la inmunidad, el Congreso "cumplió con el papel que le correspondía". "Este es un proceso que apenas comienza, hay que entender que estamos en una etapa inicial y que actuamos con toda prudencia y responsabilidad", precisó Velásquez.

Para la Premio Nobel de la Paz y líder indígena, Rigoberta Menchú, la convulsión social que está viviendo el país es un despertar de la población, indignada frente a la corrupción estatal. "Es un gran despertar, es un despertar consciente pero también es un ejemplo cívico. A mí me impresiona la integración de las marchas, pacíficas y multisectoriales", afirmó la laureada 1992.

"Este país ha sido dividido por la violencia, por la tragedia, por el engaño", agregó, tras arremeter contra Pérez al considerarlo una persona "peligrosa" por su pasado de militar contrainsuergente que habría participado en el genocidio de indígenas durante los 36 años de guerra en el país (1960-1996).

La crisis política sin precedentes ocurre cuando faltan pocos días para que los guatemaltecos acudan a las urnas. El domingo escogerán al próximo presidente, que asumirá el 14 de enero.

Oficina del Alto Comisionado, en alerta para prevenir manifestaciones violentas

La oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) anunció hoy, miércoles 2 de septiembre de 2015, que se mantiene en vigilancia para "prevenir posibles manifestaciones violentas" durante las elecciones generales del próximo domingo.

Equipos de la Oacnudh "viajarán a distintos puntos del país con el fin de verificar que la población pueda gozar de sus derechos y libertades fundamentales, y que quienes deseen ejercer su derecho al voto, puedan hacerlo libremente", dijo en un comunicado el italiano Alberto Brunori, titular del ente en Guatemala.

El próximo 6 de septiembre unos 7.5 millones de guatemaltecos están convocados para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

Paralelo a la crisis, varias ONG han reportado agresiones de simpatizantes de algunos partidos políticos contra activistas que rechazan a los actuales candidatos, así como el asesinato de una decena de aspirantes a puestos de elección popular entre marzo y agosto.

"En el contexto de las elecciones tenemos el mandato específico de observar la situación de los derechos humanos, lo cual nos diferencia de misiones de observación que se centrarán en el desarrollo del proceso electoral", explicó Brunori.

 

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