Corte Suprema dice que acata nulidad de elección de fiscal en Colombia

El martes en la noche, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, anunció la nulidad de la elección de Morales porque, según dijo, fue nombrada en el cargo irregularmente por la CSJ.
Ahora el presidente Juan Manuel Santos deberá elaborar una nueva terna y enviarla a la Corte Suprema para que elija el reemplazo de Morales. Ahora el presidente Juan Manuel Santos deberá elaborar una nueva terna y enviarla a la Corte Suprema para que elija el reemplazo de Morales.
Ahora el presidente Juan Manuel Santos deberá elaborar una nueva terna y enviarla a la Corte Suprema para que elija el reemplazo de Morales.

BOGOTÁ, Colombia (AP).- El magistrado Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo el miércoles que el alto tribunal acata y respeta el fallo de la víspera del Consejo de Estado que anuló la elección de la fiscal general Viviane Morales.

"Como se trata de un fallo judicial... sólo nos queda acatarlo y respetarlo", sostuvo Zapata en entrevista con Caracol Radio.

El martes en la noche, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, anunció la nulidad de la elección de Morales porque, según dijo, fue nombrada en el cargo irregularmente por la Corte Suprema de Justicia el 2 de diciembre de 2010.

"Tenemos que aprender de los errores", reconoció Zapata, quien no descartó que Morales pueda acudir a una acción de tutela para tratar de revertir la decisión del Consejo de Estado.

En Colombia, sin embargo, la acción de tutela no opera contra fallos judiciales como los del Consejo de Estado y por eso las posibilidades de Morales de volver a su cargo son mínimas.

Zapata precisó que el fallo que afecta la elección de Morales es de inmediato cumplimiento.

Explicó que en ausencia del fiscal general el cargo lo asumirá temporalmente el vicefiscal, es decir, el jurista Wilson Martínez, quien precisamente fue nombrado allí hace poco más de un mes por la propia Morales.

Ahora el presidente Juan Manuel Santos deberá elaborar una nueva terna y enviarla a la Corte Suprema para que elija el reemplazo de Morales.

El cargo de Fiscal General es considerado el segundo más importante del país después del jefe de Estado, incluso por sobre el vicepresidente, debido a sus atribuciones para pedir la detención de altos funcionarios y, en general, de cualquier ciudadano en el país.

El caso de la Fiscal se produjo en momentos en que algunos magistrados de la Corte Suprema y los más reconocidos comentaristas del país la han puesto bajo escrutinio por su matrimonio, a fines de 2011, con el excongresista Carlos Alonso Lucio, una controversial figura que fue miembro del ya pacificado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), más tarde asesor de jefes paramilitares y también sostuvo contactos con extraditados jefes del narcotráfico.

Lucio incluso fue condenado hace más de 10 años por la propia Corte Suprema por su probada participación en el delito de falsa denuncia y Estados Unidos le canceló la visa en julio de 1996 "por sus nexos con el narcotráfico".

"La verdad es que la Corte no sabía que ella (Morales) mantuviese esa clase de relaciones con el señor Carlos Alonso Lucio. Seguramente si lo hubiese conocido, habría ameritado alguna otra reflexión", aseguró recientemente el magistrado Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal del máximo tribunal.

La demanda alegaba que la elección de la fiscal general en diciembre de 2010 de una terna de candidatos presentada por Santos, fue nula porque se dio con menos votos de la mayoría de los 23 magistrados de ese alto tribunal.

Cuando en diciembre de 2010 la Sala Plena de la corte se reunió para elegir al Fiscal General de la Nación, en la corporación sólo había 18 de los 23 magistrados que normalmente integran sus tres salas.

Entonces el magistrado Jaime Arrubla, a la sazón presidente de la corte, propuso a los demás jueces elegir al Fiscal con las dos terceras partes de los votos que en ese momento había en el tribunal, es decir, sobre un total de 18.

Al final, Morales fue elegida con 14 votos, cuando según la ley requería un mínimo de 16.

El penalista y analista jurídico Jesús Albeiro Yepes dijo en diálogo telefónico con la AP al referirse a la postura de la corte en la sesión de diciembre de 2010 que "ajustar la ley a una necesidad personal o política, que coyuntural o circunstancialmente se le presente al juez, es una manera patética de prevaricar" o de tomar una decisión no ajustada a derecho.

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