ECUADOR

Consejo de la Judicatura rechaza informe de HRW sobre dilación en procesos de opositores

El presidente del organismo, Gustavo Jalkh, aseguró que, técnicamente, el informe deja mucho que desear, ya que hace una confusión jurídica de muchos temas. Además, dijo que es falso que no estén aplicando el principio de favorabilidad con celeridad.

El reporte del 21 de julio señala, entre otras cosas, que la justicia ha postergado las audiencias en procesos en los cuales altos funcionarios, entre ellos el presidente Rafael Correa, hab ían manifestado su acuerdo con las condenas.

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Rafael Correa, presidente de Ecuador Rafael Correa, presidente de Ecuador
Rafael Correa, presidente de Ecuador EFE

El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Gustavo Jalkh, rechazó ayer, miércoles 22 de julio de 2015, un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) que afirma que los tribunales ecuatorianos demoran sin razón las apelaciones de opositores que esperan la revisión de sus condenas.

"El informe técnicamente es muy malo, deja mucho que desear. Hace una confusión jurídica de muchos temas", manifestó Jalkh, quien indicó que "es falso" que no se esté "aplicando el principio de favorabilidad con celeridad", según un comunicado publicado en el sitio web del Consejo de la Judicatura.

El funcionario también aseguró que en el país la dilación de la justicia se sanciona. “Si alguien tiene problemas de retraso en su causa, puede presentar una queja en el Consejo de la Judicatura y nosotros la atenderemos”, remarcó.

El reporte de la organización no gubernamental, fechado el 21 de julio, señala que "personas que han recibido penas de prisión por participar en protestas contra el Gobierno pueden apelar sus condenas sobre la base de una nueva legislación, pero en reiteradas oportunidades la justicia ha demorado la revisión de sus casos", y que "las condenas se dictaron sobre la base de definiciones de delitos excesivamente amplias que ya no resultan aplicables a estos casos, y la justicia ha postergado las audiencias en procesos en los cuales altos funcionarios hab ían manifestado su acuerdo con las condenas".

Miles de manifestantes protestaron en contra del presidente Rafael Correa, en una marcha encabezada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Expandir Imagen
Miles de manifestantes protestaron en contra del presidente Rafael Correa, en una marcha encabezada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. AP/Dolores Ochoa

El informe también hace alusión a casos investigados por la oenegé, entre ellos, el de 10 personas que fueron condenadas a un año de prisión por tentativa de terrorismo, tras haber participado en una reunión pacífica para organizar una protesta. " En otro caso, una estudiante universitaria fue condenada a cuatro años de prisión por sabotaje, luego de ingresar a la sede del canal de televisión pública reclamando que se le permitiera hablar al público, en un momento en el cual todos los demás canales eran obligados a transmitir la programación del canal estatal. Y una profesora recibió una pena por sabotaje de ocho años de prisión, por haber supuestamente incitado a los alumnos a participar en una manifestación contra el Gobierno, mientras se producía un motín policial", dice HRW.

A través de un comunicado, José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, expresó en su momento que no hay dudas de que si alguien comete un delito durante una protesta, debe ser investigado, pero es "inadmisible que no se concedan audiencias para revocar condenas por terrorismo o sabotaje impuestas a críticos del Gobierno y a manifestantes pacíficos, incluso cuando el derecho ecuatoriano ha sido reformado para evitar este tipo de abusos del sistema judicial”.

Según la información de HRW, en los últimos años, fiscales y jueces en Ecuador han utilizado los tipos penales de “terrorismo” y “sabotaje” del Código Penal en contra de manifestantes que se oponen al Gobierno. Sin embargo, reconoce que el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigor en agosto de 2014, limitó las definiciones imprecisas y excesivamente amplias de ambos delitos. Lo cuestionable ahora es que según el informe, "en vez de examinar oportunamente las condenas injustas a la luz de las nuevas disposiciones, los jueces no han siquiera fijado fechas de audiencia para las apelaciones en causas en las cuales el Presidente Rafael Correa y otros funcionarios gubernamentales han manifestado estar de acuerdo con las condenas".

Las declaraciones de Jalkh se produjeron durante una comparecencia de las autoridades del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y de los ministerios del Interior, de Justicia y el Coordinador de Seguridad, en la que revelaron las estadísticas del primer semestre de 2015 y en la que aseveraron que un incremento de jueces y fiscales ha permitido mejorar la productividad.

"Así, en 2014 se despachó un 130% de causas ingresadas, mientras que en 2008, se resolvió un 30%... este año se registra un 96% de audiencias que se cumplen en la primera convocatoria, es decir, apenas el 4% no se efectúa. La situación era distinta en 2012, cuando hasta el 50% de diligencias fallaba", precisó.

Jalkh cuestionó que el informe asegure que en Ecuador "el sistema judicial retrasa indebidamente las apelaciones de manifestantes y posterga las audiencias en procesos en los cuales altos funcionarios habrían expresado su acuerdo con las condenas". Sobre esto, siempre según la nota de prensa, sostuvo que esas afirmaciones carecen de sustento legal y generan confusión jurídica, ya que, “se dice que el principio de favorabilidad debería aplicarse de oficio, lo cual es una barbaridad. Tenemos una norma jurídica que establece que cuando hay sentencia, este principio se aplica solamente a solicitud de parte”.

Informó que desde la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal se han presentado 2 mil 792 solicitudes de audiencias de este tipo, de las cuales se realizaron 2 mil 775 y 17 están agendadas, sin que haya casos pendientes.

Según la agencia de noticias EFE, el funcionario también señaló que la caducidad de la prisión preventiva, en el primer semestre de 2015, fue del 0.03% (seis casos), mientras que en 2008 era de 17.89% (2 mil 61 casos). Agregó que un 64.8% de los procesos penales cuenta con sentencia y un 35% está en trámite. Hay 334 mil 925 causas registradas de enero a junio de 2015.

Según EFE, Jalkh también argumentó que la dilación de la justicia es sancionable, por lo que "si alguien tiene problemas de retraso en su causa, puede presentar una queja en el Consejo de la Judicatura", que la atenderá.

El Consejo de la Judicatura es un organismo del Gobierno de Ecuador que tiene "la misión de proporcionar un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro, oportuno, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica, afianzando la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia".

Este martes 21 de julio la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una resolución que califica como violentas las protestas que se están desarrollando en el país desde hace varias semanas. Aunque el debate logró moderar el tono del documento, la oposición cuestiona la medida. 

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