España llama al embajador de Paraguay para que informe sobre caso de Lugo

El jefe de la diplomacia española dijo que al Ejecutivo le preocupa "enormemente" la constitucionalidad democrática de Paraguay, como la de cualquier otro país del mundo.

MADRID, España (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció hoy que ha citado al embajador de Paraguay en España, óscar Cabello, para que le informe de la situación en su país tras la destitución del presidente Fernando Lugo y su sustitución por Federico Franco.

Margallo hizo el anuncio durante una intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y en respuesta a una pregunta del opositor Partido Socialista (PSOE), que reprochó al Ejecutivo su tibia reacción ante lo ocurrido en el paÍs suramericano.

El jefe de la diplomacia española dijo que al Ejecutivo le preocupa "enormemente" la constitucionalidad democrática de Paraguay, como la de cualquier otro país del mundo, y afirmó que ha convocado a la sede de su Ministerio al embajador paraguayo para conocer la situación y decidir si "avanzar más en el proceso de defensa de la Constitución de Paraguay".

La "número dos" del PSOE, Elena Valenciano, reprochó al Gobierno español lo que considera tibia reacción en defensa de un presidente elegido "limpiamente" en las urnas.

También sostuvo que Lugo fue sometido a "un juicio sumarísimo" que "carece de las mínimas garantías", y destacó, sobre su trayectoria, que fue el primer presidente progresista de Paraguay tras 61 años de poder ininterrumpido del Partido Colorado.

Tras insistir en que se trata de un hecho "de la máxima gravedad", Valenciano hizo hincapié en que los países latinoamericanos casi por unanimidad han reaccionado con términos muy duros a lo sucedido en Paraguay, mientras que el Gobierno español respondió con "tibieza".

García-Margallo detalló que el Ejecutivo ha tomado nota de la declaración del depuesto presidente Lugo diciendo que aceptaba el resultado del juicio político, si bien ha puesto en duda el cumplimiento de las garantías procesales que cualquier juicio debe tener.

La posición del Gobierno español es también la de aunar esfuerzos con la Unión Europea y escuchar a los organismos regionales como Mercosur, Unasur y la OEA.

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