El Ministerio Público (MP-Fiscalía) presentó este martes la acusación formal contra la jueza del Octavo Penal, Marta Josefina Sierra de Stalling, por los delitos de cohecho pasivo y prevaricación al haber presuntamente aceptado sobornos para conmutar las penas de varios acusados en el caso "La Línea".
La magistrada está acusada de "llegar a acuerdos ilegales" para liberar con fianza a seis sindicados de pertenecer a la red de defraudación aduanera "La Línea", el escándalo de corrupción aduanera que derribó al Gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, en prisión desde el pasado 3 de septiembre.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Sierra de Stalling envió a prisión preventiva a 16 personas acusadas de pertenecer a "La Línea" en abril pasado, cuando las autoridades destaparon la trama corruptiva, pero le otorgó "arresto domiciliario sin vigilancia" a seis presuntos dirigentes de la estructura a cambio de dinero.
El acuerdo de este caso, conocido como "Bufete de la Impunidad", fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los líderes de la trama de "La Línea" y quien se encuentra prófugo de la Justicia.
A través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el MP presentó este martes "suficientes medios de prueba", en opinión del jefe de la FECI, Francisco Sandoval, para que el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal lleve el caso a juicio.
Entre las pruebas presentadas se encuentran las escuchas telefónicas en las que presuntamente se verifican las conversaciones que la jueza mantuvo con los abogados que le solicitaron beneficios para sus clientes.
Sierra de Stalling, a cargo del juzgado octavo del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente desde 1997, fue enviada a prisión el pasado mes de septiembre, aunque fue liberada provisionalmente con una fianza de 200.000 quetzales (26.289 dólares) por una sentencia de apelación.
Finalmente, esta decisión fue revocada y la magistrada regresó a prisión el pasado 4 de diciembre.
En el caso de corrupción de "La Línea" están involucrados el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.
Los dos están acusados de liderar la organización y se les imputan los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Según las investigaciones preliminares, la estructura pudo haber defraudado unos 28.55 millones de quetzales (unos 3.7 millones de dólares) y de lo sobornado, el 50% fue para Pérez Molina y Baldetti.