Interceptación de comunicaciones

Fiscalía de México pedirá ayuda al FBI para indagar espionaje a periodistas

Las víctimas recibieron mensajes que llegaban desde direcciones falsas, acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo.

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El fiscal Ricardo Sánchez (c) aseguró que la fiscalía agotará las líneas de investigación para asegurar que los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su profesión de manera libre. El fiscal Ricardo Sánchez (c) aseguró que la fiscalía agotará las líneas de investigación para asegurar que los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su profesión de manera libre.
El fiscal Ricardo Sánchez (c) aseguró que la fiscalía agotará las líneas de investigación para asegurar que los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su profesión de manera libre. Tomado de @PGR_mx

La fiscalía general de México anunció el lunes que pedirá ayuda al FBI para indagar el caso de presunto espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, que acusan al gobierno de intervenir sus comunicaciones.

"El caso de una presunta intervención ilegal de comunicaciones a personalidades públicas ha ocurrido recientemente en otros países y estamos actuando dada esa experiencia internacional", dijo en conferencia de prensa Ricardo Sánchez, titular de la fiscalía especializada en delitos contra la prensa.

Sánchez dijo que además del FBI, se buscará la asesoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el órgano de la ONU especializado en la materia; la Asociación Mundial de Operadores Móviles y la universidad mexicana Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La semana pasada, un grupo de activistas y periodistas denunció legalmente al gobierno mexicano, acusándolo de intervenir sus teléfonos móviles tras un reportaje sobre el tema del influyente diario The New York Times.

Entre quienes denunciaron el espionaje está la destacada periodista Carmen Aristegui, quien reveló en 2014 que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto había comprado una mansión de 7 millones de dólares a un importante contratista del gobierno.

Las víctimas del espionaje recibieron SMS que llegaban desde direcciones o dominios falsos acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo.

Tras los señalamientos, el propio Peña Nieto negó que su gobierno estuviera detrás del presunto espionaje y pidió que la ley se aplique contra quienes, a su juicio, levantaron los "falsos señalamientos" contra el gobierno, lo que las organizaciones civiles interpretaron como una amenaza.

El lunes, Sánchez dijo que se va a solicitar a las empresas de telefonía celular el registro de las llamadas de los celulares presuntamente infectados para determinar las "similitudes de los números que hubieran enviado el virus".

"Todas las personas que han señalado de manera formal o mediática estarán siendo notificados para que aporten su equipo físico a efectos de que se pueda realizar al mismo un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, y la ubicación de en su caso el virus o malware", dijo el funcionario.

Sánchez aseguró que la fiscalía "agotará las líneas de investigación para asegurar que los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su profesión de manera libre".

Además del espionaje, el año 2017 ha sido particularmente complicado para la prensa mexicana con el asesinato de seis periodistas. 

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