CORRUPCIÓN

Tribunal dicta sobreseimiento definitivo a favor de ministra de Manuel Zelaya

Santos había sido acusada por el Ministerio Público por haber autorizado el pago de recursos millonarios para una consulta popular que promovía Zelaya en 2009, lo que le costó el cargo al expresidente, quien fue derrocado el 28 de junio de ese mismo año y expulsado del país.

Rebeca Patricia Santos, ministra de Finanzas del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Rebeca Patricia Santos, ministra de Finanzas del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Rebeca Patricia Santos, ministra de Finanzas del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. EFE/Archivo

Un juez de Tegucigalpa dictó anoche el sobreseimiento definitivo en el caso de la ministra de Finanzas durante el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), Rebeca Santos, quien se enfrentaba a un juicio por fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, informó una fuente judicial.

Santos había sido acusada por el Ministerio Público por haber autorizado el pago de recursos millonarios para una consulta popular que promovía Zelaya en 2009, lo que le costó el cargo al expresidente, quien fue derrocado el 28 de junio de ese mismo año y expulsado del país.

Otros recursos que supuestamente aprobó la exfuncionaria habrían sido para gastos de publicidad utilizados por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FIHS).

La fuente no facilitó detalles sobre el sobreseimiento definitivo dictado en el caso de Santos, quien ejerció como ministra de 2008 a 2009, y se presentó a audiencia inicial en junio pasado ante la justicia en Tegucigalpa.

Otro funcionario de Zelaya, Enrique Flores Lanza, quien fue ministro de la Presidencia, está prófugo de la justicia desde principios de junio, cuando tenía que haber comparecido ante un juez de Tegucigalpa.

Contra Flores Lanza, quien en junio viajó a Nicaragua, pende una orden de captura a nivel internacional.

El exfuncionario está acusado de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos asociados a la sustracción de 40 millones de lempiras (unos dos millones de dólares) de las arcas del Banco Central para la misma consulta popular que impulsaba Zelaya, pese a que la ley se lo impedía.

Flores Lanza alega que su juicio es una persecución política y que no incurrió en delito como funcionario público.

Zelaya, quien había asumido el poder el 27 de enero de 2006, fue derrocado cuando le faltaban siete meses para concluir su mandato.

El expresidente ahora es coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), surgido tras su derrocamiento, y jefe del grupo parlamentario de esa formación política en el Parlamento hondureño.

Su partido es la primera fuerza de oposición en el Parlamento. 

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