Human Rights Watch señala a seis funcionarios por violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Durante las manifestaciones han muerto 67 personas, incluidos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, según informes del Ministerio Público.

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Las protestas callejeras han dejado al menos 67 muertos. Las protestas callejeras han dejado al menos 67 muertos.
Las protestas callejeras han dejado al menos 67 muertos. AP/Ariana Cubillos

Seis miembros de los altos mandos de Venezuela "deben responder" por las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados, durante las protestas antigubernamentales, señaló Human Rights Watch  este jueves 15 de junio de 2017.

Entre estos altos funcionarios implicados en "abusos generalizados" y en el juzgamiento de civiles en la justicia militar se encuentran: Néstor Reverol (ministro de Interior, Justicia y Paz); Padrino López (ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional);  Antonio Benavides Torres (a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana);  Carlos Alfredo Pérez Ampueda (director de la Policía Nacional Bolivariana); Gustavo González López (director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional); y Siria Venero de Guerrero (fiscal general militar).

La organización humanitaria indicó, en un comunicado, que estas autoridades "como mínimo, tienen la obligación jurídica de prevenir y sancionar violaciones de derechos fundamentales cometidas por sus agentes”. No obstante, denunció que estos funcionarios "han restado gravedad a los abusos o han negado lo sucedido, con frecuencia culpando a los manifestantes por los hechos de violencia".

Venezuela vive desde el mes de abril pasado una ola de protestas opositoras en demanda de, entre otras cosas, elecciones generales. Las manifestaciones han dejado 67 muertos, cerca de mil 200 heridos y cientos de detenidos.

En su pronunciamiento, Human Rights Watch señaló que ha examinado numerosas evidencias que sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluida la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, estarían implicados en un sinnúmero de abusos graves.

La evidencia incluye el testimonio de víctimas y sus familiares, de testigos y de abogados que defienden a detenidos; videos y fotografías inequívocos y confirmados, y algunos publicadas por medios de comunicación independientes; e información difundida por el Ministerio Público o proporcionada por organizaciones de derechos humanos.

"Quienes están a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en los gravísimos abusos que ocurren a diario en Venezuela no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

De igual forma, se denunció que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llegado al extremo de "elogiar públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad y en ningún momento ha manifestado preocupación por los abusos que siguen ocurriendo". A su vez, el ministro Reverol ha elogiado la actuación de la Policía Nacional Bolivariana.

Salvo la fiscal general Luisa Ortega Díaz –quien empezó a distanciarse del gobierno– en general los funcionarios de mayor rango no parecen haber adoptado ninguna medida para terminar con los abusos o asegurar que se haga justicia, indicó Human Rights Watch.  

La organización emitió este comunicado al día siguiente de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, anunciara en el Congreso que compila una lista de funcionarios venezolanos a los que considera responsables de agravar la crisis en ese país para imponerles sanciones.

Mientras tanto, para el próximo 19 de junio está previsto que la Organización de Estados Americanos analice la situación de Venezuela, en una segunda sesión de cancilleres en Cancún, México.

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