Los dueños del grupo financiero Penta serán investigados por fraude tributario, sobornos y financiamiento ilegal a políticos tras una larga lista de acusaciones presentadas durante tres jornadas por la Fiscalía Nacional chilena.
Los acusados en el llamado caso Penta por ahora son 10: los fundadores del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ejecutivos de la empresa y ex funcionarios de impuestos internos que se coludieron para devolver más de los impuestos que les correspondían a los empresarios.
Los fiscales pidieron prisión preventiva para varios acusados, incluidos ambos ejecutivos.
En las próximas horas o este sábado el juez Juan Manuel Escobar determinará si concede las prisiones preventivas o arrestos domiciliarios solicitados.
El fiscal nacional Sabás Chahuán dijo este viernes que “no queremos solamente atrapar a los rateros, sino que también a aquellos que se sirven de una legión de testaferros”.
Empresas Penta tiene intereses en seguros, finanzas, aseguradoras de salud privada, educación, proyectos inmobiliarios y vendió una controladora privada de fondos de pensiones.
Las presuntas irregularidades impactaron fuertemente en la opinión pública porque el caso además tiene una arista política.
Délano y Lavín financiaron la campaña electoral de los aspirantes a diputados y senadores de los dos partidos de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, que fueron el sustento civil de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los fiscales explicaron que los empresarios entregaron el dinero a los políticos, varios de ellos electos en los comicios de 2013.
También se falsificaron contratos a futuro para falsear pérdidas y rebajar impuestos y se evadieron tributos de múltiples maneras.
El fiscal Carlos Gajardo dijo que Penta representa “una cultura de la evasión”.
Añadió que “en lo que se ha convertido el grupo Penta es en una máquina para defraudar al fisco”.
Tras conocerse las irregularidades del caso Penta los chilenos fueron sorprendidos por otro escándalo.
El hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, cuya esposa es dueña de 50% de la empresa Caval, consiguió un préstamo de 10 millones de dólares para comprar terrenos agrícolas y los vendió para proyectos inmobiliarios en 15 millones de dólares.
El negocio se concretó cuando Dávalos era funcionario de gobierno. Por el hecho Bachelet perdió cinco puntos de popularidad en tres semanas, según encuetas privadas.