EL DECRETO 16 DE JUNIO DE 2013

Libertades, en la mira en Ecuador

Cinco relatores de derechos humanos dijeron ayer que las personas que forman asociaciones tienen derecho a expresar opiniones, incluso políticas.

La oenegé Pachamama fue la primera víctima del Decreto Ejecutivo 16. Ayer venció el plazo para que Fundamedios ejerciera su defensa. 

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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habla con la prensa extranjera el martes 15 de septiembre de 2015, en el Palacio de Gobierno en Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habla con la prensa extranjera el martes 15 de septiembre de 2015, en el Palacio de Gobierno en Quito.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habla con la prensa extranjera el martes 15 de septiembre de 2015, en el Palacio de Gobierno en Quito. EFE/José Jácome

Fundamedios, la oenegé que defiende las libertades de expresión y prensa en Ecuador y que desde el pasado 8 de septiembre afronta un proceso administrativo de disolución, podría convertirse en la segunda víctima del Decreto Ejecutivo 16 del 4 de junio de 2013, emitido por el presidente Rafael Correa.

El Decreto 16 es el mismo que diversas agrupaciones han demandado por considerarlo inconstitucional, al obligar a las organizaciones a registrarse bajo un nuevo sistema, e introducir requisitos para que se mantengan operando, entre ellos, que no se desvíen de los fines para los cuales fueron creadas.

La primera víctima de la norma fue Pachamama, una oenegé que defendía la conservación del medio ambiente y la protección del Yasuní, un parque nacional de casi 10 mil kilómetros, situado en la selva amazónica.

Después de 16 años de operación, el 4 de diciembre de 2013 las autoridades del Ministerio del Interior clausuraron las instalaciones de la fundación, retiraron su permiso de funcionamiento y cerraron sus oficinas.

Su infracción: “Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida y dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos... inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en políticas públicas, que atente contra la seguridad interna o externa del Estado...”, las causales de disolución 2 y 7 del artículo 26 del Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de la Organizaciones Sociales y Ciudadanas, de acuerdo a lo que señala el Acuerdo 125 de diciembre de 2013, del Ministerio de Ambiente, que ordenó su disolución.

Las causales estaban relacionadas con unas protestas indígenas que se realizaron el 28 de noviembre de 2013, durante una licitación de 13 bloques de explotación de hidrocarburos en la zona amazónica, según el sitio globavoices.org, que documentó todo el suceso.

Medios locales como El Universo y La Hora reportaron que durante el piquete el embajador de Chile en Ecuador y un empresario de Bielorrusia fueron objeto de burlas y ataques verbales. Pero el presidente Correa aseguró durante su programa sabatino de esa semana que habían sido agredidos y cuestionó a la Policía por no haber actuado.

“La sentencia de muerte contra Pachamama se anunció el sábado 30 de noviembre, durante el enlace presidencial. Al tiempo, que se iban exhibiendo los rostros de los activistas implicados en la protesta, el presidente advirtió que seguramente se iba a protestar y citar la libertad de asociación en el momento en que se procediera a cerrar Pachamama por hacer política...”, se lee en el libro  El Derecho a Reunirnos en Paz, El Decreto 16 y las amenazas a la organización social en el Ecuador, editado por Fundamedios en junio de 2014.

“Más claro, ni el agua. Con la muerte legal de la Fundación Pachamama quedó registrada con total nitidez la arbitrariedad con la que se administra actualmente el Ecuador y la indefensión que tienen quienes hacen escuchar voces críticas contra políticas del Gobierno”, adujo en el libro el director ejecutivo, César Ricaurte.

Como el decreto establece un marco legal absolutamente abierto a la interpretación de las autoridades, alega Ricaurte, los funcionarios pueden actuar sin ningún proceso previo y las oenegés no tienen oportunidad de defenderse. “Se ordena el cierre y se cierra, aunque ello al final del día viole garantías establecidas en la misma Constitución para los ciudadanos que se agrupan, incluso para criticar los efectos de políticas gubernamentales, promover y tratar de incidir en políticas públicas, monitorear y denunciar, promover y proteger derechos humanos fundamentales”, remarcó.  

Ayer venció el plazo de 10 días que la Secretaría de Comunicación (Secom) le dio a Fundamedios para ejercer su derecho a la defensa. Tres días antes, esta presentó un documento de defensa en el que se declaró en resistencia ante el proceso de disolución, pidió la práctica de seis pruebas a la Secom y el archivo del proceso. Alegó que, “tras la deformación que ha sufrido el ordenamiento jurídico en este Régimen, todos los recursos administrativos con los que podría contar en contra de una decisión adversa serán conocidos por el mismo Secretario Nacional de Comunicación... sin tener opción real de tutela efectiva de sus derechos”.

A pesar de ello, afirmó Fundamedios “el mayor objetivo de este documento es desnudar el afán del poder público de atropellar el derecho de los ciudadanos consagrado en la Constitución escrita por este mismo poder, solamente con el objetivo de silenciar las críticas a su actuación irresponsable”.

RELATORES REACCIONAN

El comunicado de los relatores fue emitido ayer en Ginebra, Suiza, y lo firman Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michael Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Expandir Imagen
El comunicado de los relatores fue emitido ayer en Ginebra, Suiza, y lo firman Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michael Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Tres relatores de la ONU y dos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron ayer a través de un comunicado.

“Miembros de asociaciones, particularmente aquellos dedicados a defender los derechos humanos, deberían gozar plenamente del derecho a la libertad de expresión y, en particular, la libertad de ser abiertamente críticos con políticas y prácticas gubernamentales”, resaltaron los expertos.

También dijeron que “las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia del Estado”. “El discurso no puede ser reprimido simplemente porque pueda ser interpretado como que ‘es político’”.

Señala la nota del organismo que el grupo de expertos denunció las normas nacionales invocadas en el proceso contra Fundamedios y aplicadas previamente en el cierre de otra importante organización no gubernamental a fines de 2013, y pidió su revisión a la luz de los estándares internacionales.

“El Decreto Ejecutivo No. 16 establece restricciones inaceptables a la libertad de expresión y asociación en el país, dándole poder a las autoridades estatales para cerrar organizaciones basadas en condiciones muy amplias y ambiguas”, dijeron. “Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”, subrayo el grupo, e indicó que “la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”.

En el pronunciamiento también se afirma que “los derechos humanos no cesan cuando una persona o asociación actúa en internet”, en relación a las pruebas presentadas por la Secom, un grupo de tuits en los que la organización promueve contenidos de periodistas independientes que son críticos del gobierno, y en los que promueve eventos ligados a  la libertad de expresión.

Y añaden: “Los derechos a la libertad de expresión y asociación existen tanto fuera de línea como en internet”. “Instamos a las autoridades ecuatorianas a detener el procedimiento de disolución de Fundamedios y, en general, a garantizar la realización de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país”.

CRITICAN A FUNDAMEDIOS

Un grupo de periodistas y estudiantes de periodismo que apoyan el gobierno de Rafael Correa piquetearon la reunión organizada por El Foro de Quito donde participaron Fundamedios, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el  15 de septiembre de 2015. Expandir Imagen
Un grupo de periodistas y estudiantes de periodismo que apoyan el gobierno de Rafael Correa piquetearon la reunión organizada por El Foro de Quito donde participaron Fundamedios, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el 15 de septiembre de 2015. Tomada de elciudadano.gob.ec

Una nota publicada ayer por el diario El Telégrafo reveló que en ocho años Fundamedios ha recibido un millón 344 mil 283 dólares. En la misma publicación se hizo un desglose de las organizaciones que la financian y se divulgó quiénes son sus directivos y socios.

Un día antes, en El Ciudadano, órgano de difusión del gobierno, el programa Ecuador No Para analizó el papel de la Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios en el país. Los participantes concluyeron que sus “intereses son mercantilistas y su actividad es política”, que “si no estuviera politizado y su función fuera la difusión amplia e imparcial de la comunicación... en sus blogs y en su página web, tendría cabida a diversas opiniones políticas del país”; “su información está mas bien sesgada y mutilada”.

De igual forma, El Ciudadano reportó que el Colegio de Periodistas de Guayas realizó una rueda de prensa para manifestar su apoyo a las acciones del gobierno contra Fundamedios, supuestamente porque se ha centrado en acciones de carácter político y no periodístico. 

Frente a estas publicaciones, Fundamedios denunció que el martes 15 de septiembre de 2015 varias cadenas ordenadas por la Secom interrumpieron la programación habitual de las radios ecuatorianas para descalificar el trabajo de Fundamedios, llegando incluso a difundir la dirección física de la organización. Asimismo, señaló que durante el segmento Desenmascarando, de la estatal Ecuador TV, se les acusó "sin argumentos de hecho o de derecho, de ser financiada por la CIA, de enviar información a Estados Unidos y de haber alcanzado un desprestigio interno que ha recogido sus frutos en el exterior”.

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