MASACRE DE TLATLAYA

Ejército mexicano ordenó a soldados matar a criminales, asegura grupo pro derechos humanos

'Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad', señala una orden militar fechada el 11 de junio de 2014 por el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez.

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El director del Centro de Derechos Humanos, Mario Patrón Sánchez (Der.), habla junto a Clara Gómez González, sobreviviente y testigo de una presunta ejecución extrajudicial de varios miembros de una banda, y madre de una niña de 15 años que se encontraba entre las víctimas. El director del Centro de Derechos Humanos, Mario Patrón Sánchez (Der.),  habla junto a Clara Gómez González, sobreviviente y testigo de una presunta ejecución extrajudicial de varios miembros de una banda, y madre de una niña de 15 años que se encontraba entre las víctimas.
El director del Centro de Derechos Humanos, Mario Patrón Sánchez (Der.), habla junto a Clara Gómez González, sobreviviente y testigo de una presunta ejecución extrajudicial de varios miembros de una banda, y madre de una niña de 15 años que se encontraba entre las víctimas. AFP/Ronaldo Schemidt

Un grupo de derechos humanos divulgó hoy, jueves 2 de julio de 2015, lo que describió como documentos militares que muestran que oficiales de alto rango del ejército dieron órdenes a soldados de matar a criminales, antes de que se produjera un caso de ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes que ya se habían rendido, en Tlatlaya, una municipalidad de México. 

Los documentos, obtenidos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), son la primera evidencia de que los soldados involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014 en una bodega del sur de México podrían haber seguido órdenes y no actuado por su cuenta. También indican que los oficiales de alto rango supieron de inmediato que algo estuvo mal, de acuerdo con un reporte del centro de derechos humanos que cita los documentos.

"Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad", señala una orden militar fechada el 11 de junio de 2014 por el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, segundo comandante del 102 batallón de infantería. "Por primera vez se documenta la existencia e órdenes expresas que fungen como verdaderos incentivos para la comisión de violaciones graves a los derechos humanos", señaló el centro.

Las fuerzas armadas utilizan la palabra "abatir" cuando en sus comunicados de prensa se refieren a que mataron a alguna persona, en particular presuntos delincuentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de información para conocer su opinión.

El 30 de junio de 2014 el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, una municipalidad del Estado de México, aunque a raíz de una investigación de The Associated Press comenzaron a evidenciarse contradicciones en la versión.

Hasta ahora han sido detenidos siete militares, tres de los cuales fueron acusados de homicidio, y apenas la víspera se acusó a siete policías estatales de tortura a tres mujeres que sobrevivieron.

Alejandro Hope, experto en seguridad y exmiembro de la agencia de inteligencia mexicana, explicó que la orden viola incluso el propio manual del uso de fuerza del ejército. "Solo puede usar la fuerza letal después de ciertos protocolos", comentó. "Si la instrucción era abatir, sí se viola el manual de uso de fuerza".

HABLA UNA VÍCTIMA

El Centro Prodh ofreció una rueda de prensa en donde por primera vez apareció públicamente una de las tres sobrevivientes y madre de una adolescente que estaba entre las 22 víctimas, Clara Gómez, quien dijo que decidió salir ante la prensa ante versiones erróneas de que ya ha sido indemnizada. "Ahora ya no tengo miedo para decir las cosas. Me siento fuerte, con la frente en alto", dijo Gómez, quien hace meses habló con The Associated Press, pero había pedido que no se le identificara por temor a represalias.

"Lo que yo quiero es que se haga justicia, justicia por lo que le hicieron a mi hija", señaló. "No tienen perdón de Dios", agregó. Dijo que es la primera y última vez que aparece ante los medios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que entre 12 y 15 de los 22 fallecidos en Tlatlaya habrían sido asesinados extrajudicialmente por los militares y que al menos dos de las sobrevivientes habían sufrido torturas y agresiones sexuales por funcionarios estatales. Las investigaciones del organismo también señalaron que el lugar de los hechos fue alterado para simular que las personas habían muerto en un enfrentamiento.

Un par de días después, periodistas de la AP visitaron la bodega y encontraron elementos que sugerían disparos a corta distancia y no un enfrentamiento. En el lugar había una serie de marcas de disparos a la altura del pecho. Luego, dos de las tres sobrevivientes declararon a la AP que varios de los presuntos delincuentes se habían rendido y que posteriormente fueron asesinados por soldados.

Una de ellas era Gómez. La mujer dijo que 21 personas se habían rendido después que los militares prometieron respetar su vida. Entre ellos estaba si hija de 15 años, Erika, quien yacía herida en el suelo tras un tiroteo inicial. Gómez dijo que las 21 personas salieron con las manos en la nuca y que la primera víctima había muerto en el tiroteo.

La Procuraduría General de la República, sin embargo, ha señalado que solo 8 de los 22 habrían sido asesinados después de rendirse.

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