Ministro afirma que Perú no escatimará esfuerzos en su defensa ante Cidh

El 22 de abril de 1997, el Comando Chavín de Huántar, integrado por 140 militares, liberó a 70 rehenes, quienes permanecían cautivos desde aproximadamente cuatro meses en la residencia del embajador japonés en Lima por el Mrta.

LIMA, Perú. (EFE).- El Estado peruano no escatimará esfuerzos en su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que lo procesa por presuntas ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (Mrta) en 1997, afirmó hoy viernes, 13 de abril, el ministro de Justicia, Juan Jiménez. 

En declaraciones durante una ceremonia para los comandos militares que participaron en el rescate, Jiménez subrayó que el Gobierno está haciendo "todo el esfuerzo necesario y más, para poder garantizar una defensa adecuada del Estado y que no exista ninguna contingencia hacia ustedes". 

El titular de Justicia declaró que los abogados del Estado para este caso tienen la misión de que no haya "ninguna contingencia que pueda afectar el honor de ustedes (los comandos), porque más allá de todo, lo que defendemos es el honor de ustedes, brillantes oficiales y soldados de la Patria". 

El 22 de abril de 1997, el Comando Chavín de Huántar, integrado por 140 militares, liberó a 70 rehenes, quienes permanecían cautivos desde aproximadamente cuatro meses en la residencia del embajador japonés en Lima por el Mrta, en una operación donde todos los subversivos fallecieron. 

Además, un rehén y dos comandos murieron en el enfrentamiento que se produjo en el rescate. Familiares de los secuestradores denunciaron al Estado peruano por la presunta ejecución de tres de ellos cuando ya se habían rendido, denuncia que supuso un proceso judicial en el fuero militar que resultó excesivamente largo, el cual ha sido descalificado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y finalmente derivado a la Corte internacional. 

Aunque el Estado peruano ha asumido el caso como una defensa de los comandos, defensores de Derechos Humanos han reiterado que la acusación va dirigida contra un equipo del Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo del sentenciado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, que intervino después de la operación militar.

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