Miembros de una misión internacional anunciaron este lunes una ofensiva mundial para presionar por justicia por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, tras denunciar que autoridades locales pretenden ocultar a los culpables.
"Vamos a alentar el trabajo internacional (...) para exigir justicia para Berta Cáceres y un fin a la impunidad para todas las violaciones a los derechos humanos" en Honduras, afirmó en rueda de prensa el asesor del partido español Podemos, Tom Kucharz, miembro de la delegación.
Añadió que la llamada "Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres", integrada por doce miembros de seis países de América y Europa, emprenderá un "trabajo intenso de incidencia política" en instituciones parlamentarias de Estados Unidos y Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros el 3 de marzo por desconocidos en la localidad de La Esperanza (oeste) que dejaron herido al mexicano Gustavo Castro, quien permanece en la embajada de México en Tegucigalpa porque las autoridades hondureñas le impiden la salida del país.
Pedro Arrojo, diputado por Podemos, denunció que "la vía prioritaria" que emprenden las autoridades hondureñas para investigar el asesinato "ha seguido dirigida hacia la dirigencia del Copinh y el entorno de confianza y cariño de Berta Cáceres", algo "absolutamente inconsistente, absurdo y perverso", estimó el integrante de la misión.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) relató en un informe "27 eventos, perfectamente detallados, a veces con nombres y apellidos concretísimos, de amenazas y agresiones sufridas por Berta y su entorno" desde el 2013, subrayó Arrojo.
Cáceres tenía medidas cautelares de la CIDH porque había denunciado amenazas de militares, policías y guardias de la compañía Desarrollos Eléctricos Sociedad Anónima (DESA) por oponerse a su proyecto de construir una represa en el río Gualcarque, en territorio indígena lenca.
Kucharz subrayó que la misión solicitará a la Comisión Europea que suspenda el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Honduras y promoverá "debates con fondos, agencias de desarrollo y banco privados que tienen financiamientos relacionados con el proyecto Agua Zarca", mientras no se esclarezca el crimen.
