Pérez Molina suspende decreto que limita competencia de CorteIDH en Guatemala

Según Otto Pérez Molina, el objetivo del decreto no es proteger a los exmilitares, sino evitar el pago de las millonarias compensaciones y resarcimientos económicos que en sus sentencias la CorteIDH ha ordenado al Estado guatemalteco a favo
El presidente explicó hoy que convocará a las organizaciones locales de derechos humanos para discutir el tema y buscar consensos al respecto. El presidente explicó hoy que convocará a las organizaciones locales de derechos humanos para discutir el tema y buscar consensos al respecto.
El presidente explicó hoy que convocará a las organizaciones locales de derechos humanos para discutir el tema y buscar consensos al respecto.

GUATEMALA, Guatemala. (EFE).- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, suspendió hoy el decreto por el que el Estado determinó que no reconocerá los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre casos ocurridos antes de marzo de 1987, en medio de críticas que señalan que esa medida fomenta la impunidad.

"Ya le di instrucciones al secretario de la Paz (Antonio Arenales) para que ese documento no sea entregado ante la corte y, mientras eso no sea depositado, la reserva no puede entrar en vigencia", dijo el mandatario a los periodistas.

Por medio de un decreto oficial publicado el miércoles en la gaceta del Gobierno y suscrito por Pérez Molina, el Estado de Guatemala, país que vivió una guerra interna entre 1960 y 1996, decidió no reconocer los fallos emitidos por la CorteIDH en casos ocurridos antes de marzo de 1987, apoyado en una "reserva" en vigor desde esa fecha.

El presidente explicó hoy que convocará a las organizaciones locales de derechos humanos para discutir el tema y buscar consensos al respecto, para luego tomar las decisiones definitivas respecto a la reserva que ha intentado poner al mandato de la CorteIDH.

"Vamos a buscar ese diálogo con los grupos de derechos humanos y de ahí sacaremos las conclusiones, y sacaremos las decisiones que correspondan", precisó el gobernante.

Según Pérez Molina, el objetivo del decreto no es proteger a los exmilitares que son procesados por las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la población civil durante la sangrienta guerra que padeció este país entre 1960 y 1996. Lo que se busca, explicó, es evitar el pago de las millonarias compensaciones y resarcimientos económicos que en sus sentencias la CorteIDH ha ordenado al Estado guatemalteco a favor de las víctimas.

La CorteIDH, dijo, ha emitido "sentencias millonarias" en contra del Estado, las cuales son pagadas "con los impuestos de los guatemaltecos". Lo que, según el presidente, debería corresponder en este tipo de casos, es que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos sean beneficiadas "bajo el principio de igualdad" por el estatal Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), de acuerdo con los criterios del Gobierno y no por las disposiciones de un tribunal internacional.

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