Pérez Molina se enfrentará a serios retos en Guatemala

Analistas consideran que para cumplir con sus promesas, Otto Pérez Molina deberá elevar la tasa de recaudación de impuestos, que con el 10.8% del PIB es la más baja de América Latina.
Otto Pérez Molina y su compañera de fórmula, Roxana Baldetti. Otto Pérez Molina y su compañera de fórmula, Roxana Baldetti.
Otto Pérez Molina y su compañera de fórmula, Roxana Baldetti.

GUATEMALA, Guatemala. (XINHUA).- El general retirado Otto Pérez Molina, ganador en los comicios presidenciales del domingo, liderará a partir del 14 de enero de 2012 un país con una desigual distribución de la riqueza, una tasa de homicidios de 40 por cada 100 mil habitantes, un alto desempleo, una infraestructura dañada por las lluvias y un elevado nivel de corrupción pública. 

Los retos de Pérez, vencedor de la segunda vuelta frente al empresario y abogado Manuel Baldizón, pasan por resolver el histórico problema de tenencia de la tierra, ya que el 2% de la población posee el 65% de la tierra cultivable. Ese factor agrava en parte la situación de la pobreza del 51% de los 14 millones de guatemaltecos, de los cuales el 15% vive con menos de un dólar al día. 

Además deberá luchar por reducir la tasa de desnutrición infantil crónica que padece la mitad de los niños, una de las más elevadas de América, pese a que el país es un gran productor de alimentos. 

Aunque la economía de Guatemala es una de las más grandes de Centroamérica, buena parte de sus ingresos depende de un reducido, pero poderoso sector agroindustrial que comercia los principales productos de exportación como el café, el azúcar y el banano. 

Analistas consideran que para cumplir con sus promesas, Pérez deberá elevar la tasa de recaudación de impuestos, que con el 10.8% del PIB es la más baja de América Latina. 

El principal obstáculo de esa reforma será el poderoso sector empresarial, el cual se ha opuesto de forma histórica a cualquier reforma tributaria, argumentando que la mayor parte del dinero va a parar al bolsillo de funcionarios corruptos, mientras que el contrabando de diferentes mercancías, procedente de México, no deja de fluir y daña sus negocios. 

Los escasos ingresos del gobierno obligan cada año a contraer un endeudamiento externo e interno para cubrir el déficit fiscal de alrededor del tres por ciento del PIB. Así, la deuda ya ronda el 25% del PIB anual o unos 10 mil millones de dólares. 

El 70% del presupuesto anual del gobierno está destinado a su funcionamiento, y otro porcentaje alto se destina al pago de la deuda pública, dejando un escaso margen para la inversión en infraestructura, salud y educación. 

Aún cuando el salario mínimo obligatorio es de apenas 218 dólares mensuales, Guatemala constituye el país con más aviones privados per cápita del continente americano, una clara evidencia de los contrastes de la desigualdad que vive la nación. Son esas diferencias sociales las que originaron en 1960 el conflicto armado interno que terminó en 1996 con la firma de la paz entre guerrilleros y el gobierno, dejando 200 mil muertos y desaparecidos. 

En cuanto a la seguridad, la frontera que Guatemala comparte con México hace del país centroamericano un lugar propicio para el trasiego de la droga que procedente de Sudamérica se consume en Estados Unidos. 

La policía detectó hace unos dos años el ingreso de un grupo de narcotraficantes mexicanos del cártel de "Los Zetas", quienes han perpetrado varias matanzas con el objetivo de acabar con la competencia de otros carteles en Guatemala. 

La masacre más violenta atribuida a "Los Zetas" ocurrió en abril pasado, cuando 27 jornaleros guatemaltecos fueron decapitados en una finca del departamento de Petén, 500 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala. 

La tasa de homicidios es de alrededor de 40 por cada 100 mil habitantes, y varios de los cabecillas dirigen estos grupos de delincuentes juveniles desde la cárcel, donde la corrupción les permite acceder a celulares, televisores y hasta internet. 

Los 25 mil agentes de policía existentes en el país son insuficientes para proteger a una población necesitada de seguridad. Las empresas de seguridad privada han proliferado al amparo de ese flagelo, y según estimaciones oficiales ya cuentan con 90 mil agentes, en su mayoría con un escaso nivel de preparación académico y técnico en el manejo de armas. 

Una de las principales exigencias populares es reducir las 18 muertes violentas que ocurren como promedio cada día, cuyo buen porcentaje está atribuido a un ejército de unos 60 mil pandilleros, que asaltan autobuses, violan a mujeres, extorsionan pequeños negocios y también tienen nexos con los narcotraficantes.

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