Policía de Pinochet usó diplomacia para obtener información de opositores

En una nota fechada el 10 de enero de 1977, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile comunicó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que las autoridades argentinas, entonces también bajo una dictadura, desmentían la versión d

SANTIAGO, Chile. (EFE).- La policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990) utilizó los canales diplomáticos de la Cancillería chilena para recabar información sobre supuestos detenidos desaparecidos, sindicalistas en el exterior y la muerte de 119 opositores. 

Así se desprende de documentos hasta ahora inéditos a los que ha tenido acceso EFE, los cuales revelan la forma en que actuaba la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para obtener y manejar información a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus legaciones en otros países.

Algunos de estos documentos, que están depositados en el Museo de la Memoria de Santiago, se refieren a la llamada Operación Colombo, un montaje organizado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 militantes de izquierda de quienes se dijo que habían muerto en purgas internas.

Para ello, la dictadura contó con la complicidad de algunos medios chilenos que reprodujeron informaciones divulgadas por las revistas Lea, en Argentina, y Novo ODÍa, en Brasil, en la que, según se supo después, fue la única edición de ambas publicaciones.

En una nota fechada el 10 de enero de 1977, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile comunicó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que las autoridades argentinas, entonces también bajo una dictadura, desmentían la versión de Chile.

"Las autoridades argentinas han comunicado que Lea no es una publicación que circule en la República Argentina, que en el local de calle Brandsen 1845 no ha existido nunca la redacción de la citada revista, que en los registros de la Policía Federal no se han registrado ni se poseen antecedentes de esas 119 personas", señala.

"La Policía Federal argentina ha manifestado que es inconcebible que un suceso de tal magnitud hubiese ocurrido en la República sin que los organismos competentes tomaran conocimiento", agrega la misiva. La carta solicitaba una respuesta a esas afirmaciones para transmitirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En otro documento de la DINA fechado en marzo de 1977 y enviado a la Cancillería se pedía información sobre la Comisión Exterior de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que, según indicaba, había instalado recientemente un representante en Toronto (Canadá).

También de 1977 es otra misiva en la que el Consulado General de Chile en Pretoria (Sudáfrica) informaba de que el entonces canciller de esa legación, Carlos Palma, y la secretaria Eliana Astaburunga, habían sido apartados de sus puestos.

Todo ello porque supuestamente habían iniciado "una serie de reuniones clandestinas" destinadas a difundir los principios del movimiento humanista SILO. A través de ellos esperaban descubrir también si había más chilenos involucrados en ese grupo.

Además, en un oficio de 1977, el Ministerio comunicaba a la DINA que la Embajada de Chile en La Haya solicitaba información sobre presuntos detenidos desaparecidos, cuyos nombres, según ha comprobado EFE, no aparecen en los registros de víctimas de la dictadura.

Es posible, por tanto, que esas personas estuvieran efectivamente con vida. En otra carta del mismo año se informaba de que la Embajada de Chile en Madrid había hecho llegar al Ministerio un artículo de la revista española Triunfo, vinculada al Partido Comunista de España, sobre "la supuesta forma en que se llevan a cabo las desapariciones en Chile".

Se pedía información además sobre la veracidad de la "supuesta desaparición" del excampeón mundial de pesca submarina Raúl Choque -quien actualmente sigue vivo-, y que en esa época al parecer habría descubierto cadáveres en las costas del norte de Chile.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unas 3 mil 200 personas fallecieron, de las que un millar siguen desaparecidas, y otras 38 mil fueron torturadas o sufrieron prisión política o tortura, según los registros oficiales.

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