Rechazo general a condiciones de las FARC para liberar al periodista

La respuesta sigue a la exigencia impuesta por esa guerrilla el lunes, cuando anunció que antes de la liberación debe darse un debate nacional e internacional sobre "la libertad de informar" en torno al conflicto colombiano.

BOGOTÁ, Colombia. (EFE).- El Gobierno de Colombia y organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Amnistía Internacional (AI), rechazaron este martes, 8 de mayo la condición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación del periodista francés Roméo Langlois, al que tiene en su poder desde el 28 de abril como "prisionero de guerra".

La respuesta sigue a la exigencia impuesta por esa guerrilla el lunes, cuando anunció que antes de la liberación debe darse un debate nacional e internacional sobre "la libertad de informar" en torno al conflicto colombiano, porque consideran que los reporteros que lo cubren del lado del Ejército están manipulados.

"Esta organización criminal no puede de ninguna manera venir a imponer condiciones de ningún tipo, el Gobierno no puede polemizar con criminales, no se puede aceptar discusión alguna sobre esta situación", afirmó a los periodistas en Bogotá el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Horas antes, desde Madrid, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, consideró esa exigencia "un atropello" y "una ofensa de la guerrilla de las FARC a la libertad de expresión, al derecho legítimo de los periodistas en cualquier parte del mundo a ejercer su profesión".

"Y mal haría el Estado colombiano con los periodistas o la comunidad internacional prestarse para este tipo de debates", puntualizó a EFE Garzón, quien subrayó que "con los violadores de los derechos humanos no hay debate".

Las reacciones al último comunicado de las FARC, que se contradice con el mensaje del domingo en el que anunciaron que Langlois iba a ser liberado "pronto", no se hicieron esperar y llegaron desde distintos rincones del mundo.

La SIP, con sede en Miami, dejó claro que ese condicionamiento "es absolutamente improcedente y colisiona con las prácticas internacionales".

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