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Repudian en Chile a acusado del asesinato de Víctor Jara

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Decenas de manifestantes, la mayoría familiares de víctimas de la dictadura, llegaron al domicilio del exmilitar gritando '¡Alerta vecino, al lado de su casa vive un asesino!'. Decenas de manifestantes, la mayoría familiares de víctimas de la dictadura, llegaron al domicilio del exmilitar gritando '¡Alerta vecino, al lado de su casa vive un asesino!'.
Decenas de manifestantes, la mayoría familiares de víctimas de la dictadura, llegaron al domicilio del exmilitar gritando '¡Alerta vecino, al lado de su casa vive un asesino!'. AP/Esteban Félix

Decenas de personas con gritos y volantes repudiaron el sábado en su domicilio al exoficial del ejército chileno Edwin Dimter, quien enfrenta un juicio bajo el cargo de complicidad en el asesinato del cantautor Víctor Jara, acribillado con 44 balazos a los cinco días del golpe militar de Augusto Pinochet.

La acción de denuncia se concretó en el frontis de un elegante condominio de edificios del acomodado barrio de Las Condes, donde decenas de manifestantes, la mayoría familiares de víctimas de la dictadura, llegaron gritando "íAlerta vecino, al lado de su casa vive un asesino!".

Dimter y otros 10 encausados enfrentan cargos de ser autores, cómplices y encubridores del crimen de Jara, uno de los folcloristas más destacados y populares durante el gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de 1973.

Los acusados aguardan en libertad bajo fianza a que el juez del caso, Miguel Vásquez, dicte sentencia en una de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos más antiguas en Chile, la cual se remonta al 12 de septiembre de 1978. Debido a su antigüedad está bajo el sistema penal previo, donde es el mismo juez quien investiga, procesa y dicta sentencia.

Un duodécimo procesado, el exoficial del ejército Pedro Barrientos, nacionalizado estadounidense, fue encontrado culpable de tortura y asesinato extrajudicial de Jara por un tribunal de Orlando, Florida, a mediados de 2016, y se le sentenció a pagar una compensación por daños y perjuicios de 28 millones de dólares a la familia del artista. Además está pendiente su extradición a Chile.

La manifestación de repudio fue organizada por la Comisión Funa, que periódicamente y tras una meticulosa investigación ubica a violadores de los derechos humanos que permanecen impunes, o están procesados a la espera de condenas, o fueron liberados por los tribunales de justicia. En Chile se le llama funa a una protesta de denuncia.

"Para nosotros esta acción es histórica porque hemos funado a uno de los peores criminales que ha tenido nuestro pueblo", dijo a The Associated Press Juan Saravia, uno de los líderes de la Comisión.

La Comisión Funa empezó a actuar en Chile en 1999 a ejemplo de las protestas de denuncia que en Argentina, España, Paraguay y Uruguay denunciaban a los criminales.El numeroso grupo de manifestantes llegó al lugar a bordo de dos autobuses y caminó lentamente hasta el condominio, mientras algunos pegaban en muros, rejas y postes un volante con el rostro de Dimter por una cara y por la otra un breve resumen de su pasado.

Dimter ya había sido sujeto de una protesta de repudio en 2006, cuando en plena democracia laboraba en el Ministerio del Trabajo, ocasión en que los manifestantes lo encararon en su oficina. El sábado no se le vio.

Esta manifestación de protesta destaca "porque se espera que extraditen a Chile (a Barrientos) para que se dicten todas las sentencias. Es el pueblo el que hizo justicia, ahora se espera que el Estado haga justicia", añadió Saravia.

No son pocos los violadores de los derechos humanos que permanecen sin castigo en Chile, y varios se encuentran ya en una ancianidad avanzada sin que hayan rendido cuenta de sus crímenes, lo que incrementa la "impunidad biológica" que organizaciones como la Comisión Funa buscan revertir.Las familias de las víctimas también están envejeciendo sin saber el destino de más de un millar de desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1990, que según cifras oficiales dejó 3 mil 065 asesinados y más de 37 mil presos políticos y/o torturados.

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